En los últimos años han surgido algunas propuestas de acabar con el dinero físico, esto es, los euros en forma de billetes emitidos por el BCE. La intención es loable, pues se suele proponer para reducir el fraude fiscal. Pero la desaparición del dinero físico plantea algunos problemas.
El problema más preocupante es que, si dejara de existir el dinero físico y no se tomaran otras medidas, los ciudadanos no tendrían más remedio, para realizar sus pagos, que utilizar los llamados “depósitos” en bancos comerciales. El efecto sería regresivo, ya que las personas con rentas más bajas estarían obligadas a tener cuentas en entidades privadas que les cobran todo tipo de comisiones que no se cargan a quienes tienen rentas más altas.
Pero hoy existe una alternativa tecnológicamente viable que consiste en permitir a todos los ciudadanos tener y usar euros digitales, esto es, dinero digital emitido por el Banco Central Europeo (BCE), que es el que ahora emite el dinero físico. Y no es una idea utópica, la mayoría de los bancos centrales del mundo desarrollado están ya estudiando la posibilidad de permitir a todos los ciudadanos tener y usar el dinero digital.
Una característica del sistema actual, que suele pasar inadvertida, es que los llamados “depósitos” en los bancos comerciales no son en realidad dinero. Son “promesas de pagar dinero”. Son activos financieros con riesgo. Y esto genera muchos problemas. Al no ser realmente “depósitos”, ya que ese dinero no está depositado sino que está invertido, cabe la posibilidad de que los bancos comerciales no puedan devolverlo. Este problema se ha intentado paliar a lo largo de los años aumentando las protecciones del Estado a los bancos con el fin de conseguir que la gente no tenga miedo de utilizar, como si fueran dinero, los depósitos bancarios.
En realidad, los depósitos bancarios son un sucedáneo de dinero, son unos activos frágiles que solo se aceptan como medios de pago gracias a las protecciones del Estado a los bancos: ayudas a la liquidez, seguros de depósitos, legislaciones especiales de resolución, inyecciones de dinero de los contribuyentes, exenciones del derecho de la competencia, etcétera. Pero esas protecciones, junto a una regulación prudencial gigantesca, han llevado a que, al restringir la competencia, los servicios de pagos realizados por los bancos sean más caros y más lentos que si estuvieran liberalizados y pudieran ofrecerse por todo tipo de entidades.
Si ahora los españoles ya no pudieran usar los billetes, no tendrían más alternativa que utilizar depósitos en bancos privados y por tanto ya no podrían tener euros, sino tan solo unas “promesas de que te pagaré euros”. Pero la alternativa existe, ya existen euros digitales emitidos por el BCE y son tan seguros como los euros físicos, los billetes. El problema es que ahora son solo los bancos los que tienen acceso a este dinero digital público y seguro, por lo que la reforma consistiría en dejar que todos los ciudadanos y todas las empresas europeas pudieran acceder a estos euros digitales. Además, las nuevas tecnologías permiten diseñar la utilización de estos euros digitales con las características que se consideren más adecuadas. Ciudadanos y empresas podrían acceder directamente a los depósitos en el BCE, pero también podrían usar tokens emitidos por el banco central sin requerir ninguna intervención de este para realizar las transacciones.
Algunos países como, por ejemplo, Suecia están diseñando este dinero digital para que la Administración tributaria tenga toda la información necesaria para reducir el fraude fiscal. Pero también se podría diseñar el dinero digital seguro para que, al menos en limitadas cantidades, pudiera ser un dinero anónimo, como ahora lo es el dinero físico.
Aunque, como es fácil suponer, hay intereses intentando que los bancos comerciales no pierdan el monopolio de acceder al dinero digital emitido por los bancos centrales, esta reforma es ya imparable. Las únicas dudas que quedan son cuándo, cómo y con qué limitaciones se dejará de prohibir a los ciudadanos y empresas el acceso al dinero digital seguro. Curiosamente, China podría ser uno de los primeros países en materializar esta reforma, pues ya ha empezado a experimentarla en cuatro ciudades.
Es evidente que esta liberalización del sistema de pagos digitales se va a autorizar al principio de forma muy limitada, pues un acceso en cantidades importantes a un dinero digital público reduciría mucho los beneficios de los bancos privados y aumentaría los riesgos de crisis bancarias. Más adelante, es posible que la opinión pública exija que se produzca una liberalización total del sistema de pagos, lo que permitiría acabar con las crisis bancarias y hacer más efectiva la política monetaria.
De momento, los países desarrollados empezarán aprobando unas reformas limitadas que podríamos denominar “un poco de dinero digital para todos”. Pero, sabiendo que los ciudadanos ahora tenemos prohibido tener un dinero digital seguro, ese “poco” es “mucho”.
Miguel Á. Fernández Ordóñez fue gobernador del Banco de España y acaba de publicar el libro Adiós a los bancos. Una visión distinta del dinero y la banca.