La propuesta de la Comisión Europea para el Marco Financiero Plurianual Europeo que actualmente se está negociando con los Estados miembros de la UE prevé la nada desdeñable cifra de 376.000 millones de euros destinados a las políticas de cohesión económica, social y territorial para el periodo 2014-2020, articulándose a través de los denominados tradicionalmente Fondos Estructurales Europeos, y que incluyen al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE), Fondo de Cohesión (FC), Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP).
De esa cifra global se estima que el conjunto de las comunidades autónomas españolas, junto con el Gobierno central, puedan recibir por asignación directa en torno a unos 26.000 millones de euros para esos próximos siete años, es decir, un 7% del total.
Las regiones españolas, como el resto de regiones europeas, quedan ahora clasificadas en tres grandes categorías:
— Regiones “menos desarrolladas”, con un PIB per capita inferior al 75% de la media de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, categoría en la que únicamente se incluye a la Comunidad Autónoma de Extremadura.
— Regiones “en transición”, con un PIB per capita entre el 75% y el 90% de la media europea, y que comprende a las comunidades autónomas de Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha.
— Regiones “más desarrolladas”, con un PIB per capita superior a la media europea, en la que se incluye el resto de comunidades autónomas españolas.
En cualquier caso, la cifra de 26.000 millones de euros para el conjunto de España es una cantidad relevante, y una utilización eficiente e inteligente de esta financiación puede producir unos efectos muy importantes en cuanto a apalancamiento de inversiones privadas, y reactivación económica, que es lo que en definitiva buscan estos fondos europeos.
La novedad radical respecto al anterior periodo de programación de los fondos estructurales se encuentra en el enfoque que adopta el nuevo Fondo FEDER. A partir del año 2014, el FEDER exigirá que en las regiones clasificadas como “más desarrolladas” y las regiones “en transición”, en definitiva, en toda España salvo Extremadura, al menos un 60% de los recursos totales del FEDER a nivel nacional se asignen a potenciar la I+D y la innovación, y la competitividad de las pymes; y otro 20% del FEDER se dedique a proyectos de eficiencia energética y energías renovables. En Extremadura esa misma exigencia se rebajará a un 44% y a un 6%, respectivamente.
Durante décadas, el FEDER se ha caracterizado por concentrar el grueso de su financiación en proyectos de grandes infraestructuras públicas y de transporte, aunque en los últimos años ya se venía apreciando una progresiva evolución de este fondo europeo, con un menor apoyo al “ladrillo, carreteras o puentes” y un mayor respaldo a factores más “intangibles” de crecimiento económico, y en concreto a actividades de I+D e innovación. Sin embargo, nunca hasta ahora había fijado en su normativa reglamentaria unas exigencias y unos objetivos presupuestarios tan explícitos —y de obligado cumplimiento— para el apoyo, con carácter prioritario, a la innovación empresarial.
Va a haber, por tanto, un cambio radical en el enfoque de este fondo europeo, que también lleva implícito un cambio en la gestión de los recursos FEDER por parte de los Gobiernos regionales. De hecho, el nuevo reglamento exige a las autoridades regionales que adopten el concepto de “especialización inteligente” y diseñen nuevas estrategias regionales en materia de I+D+i que deberán poner en práctica con cargo a los nuevos fondos FEDER.
Dicho de forma muy resumida, la especialización regional inteligente en materia de I+D+i consiste en considerar los activos y principales áreas de ventaja competitiva tecnológica y empresarial que dispone una región, en un contexto de mercados completamente globalizados, dejando de mirarse solo al ombligo o al entorno nacional; y apostar por la innovación en aquellos sectores empresariales regionales, existentes y/o emergentes, en los que se pueda realmente competir y sustentar el crecimiento de la región a medio-largo plazo.
En definitiva, se trata de evitar que el FEDER apoye el “café para todos”, y que haya 17 comunidades autónomas pretendiendo ser todas ellas excelentes a escala mundial en las mismas áreas tecnológicas y empresariales, y duplicando esfuerzos a ciegas. Por desgracia, hasta la fecha, se puede mostrar a lo largo de la geografía española unos cuantos ejemplos de duplicidades regionales y apuestas supuestamente estratégicas en materia de I+D+i, hechas sin masa crítica ni especialización suficiente, que sonrojarían a más de uno.
Ante este reto de la especialización regional inteligente en I+D+i, la Administración central dispone de una visión de conjunto y puede desempeñar un papel muy importante de coordinación de esfuerzos entre comunidades autónomas, mediante instrumentos de programación conjunta y de cofinanciación.
Además, el nuevo reglamento de los fondos europeos prevé que las regiones puedan financiar con cargo al FEDER actuaciones realizadas fuera de su ámbito geográfico, siempre que esa financiación fuera de la región no supere el 10% del fondo, lo que abre una nueva posibilidad para que no solo el Estado, sino también las regiones, financien proyectos de I+D+i en colaboración con agentes de otras comunidades autónomas, y accedan así a conocimientos disponibles fuera de la región.
Los porcentajes mínimos que el nuevo FEDER obligará asignar al apoyo prioritario de actividades de I+D+i, traducidos a euros, equivaldrán para el conjunto de España a unos 9.000 millones de euros en los próximos siete años, es decir, unos 1.300 millones al año. Esta cifra es notablemente superior al retorno que finalmente pueda obtener España en todo el 7º Programa Marco Comunitario de I+D, y a diferencia del Programa Marco, no hay que competir con los otros 26 Estados miembros para conseguirla, sino que esos futuros fondos FEDER ya están adjudicados a España.
No creo que sea para nada manido o grandilocuente decir que estamos ante un reto sin precedentes en los últimos 25 años, que es cuando empezó a llegar dinero FEDER a España. Querámoslo o no, el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo dependen en muy buena medida de nuestra capacidad y nuestro acierto, el de nuestros agentes empresariales y tecnológicos, y el de nuestros Gobiernos regionales y estatal, en el apoyo a la I+D, y en especial a la innovación empresarial, para generar riqueza.
Europa ya lo ha comprendido y plantea este nuevo FEDER. Aquí, a escala estatal y autonómico, no podemos permitirnos más errores, nos jugamos mucho, demasiado; tomémonoslo en serio.
José María Zabala es director general de Zabala Innovation Consulting (www.zabala.es).