Los Presupuestos del Estado son una medida de lo que realmente importa en un país y, a la hora de aprobarlos, cada uno arrima el ascua a su sardina. Pues bien, en los últimos presupuestos queda bastante claro que importa poco lo que sucede en el exterior. En general, los países europeos declaramos que vivimos en un mundo interdependiente en el que todo lo que pasa fuera nos afecta. Sin embargo, preferimos dar la espalda a realidades como la guerra civil en Siria o la pobreza extrema y el cambio climático en África que tienen un impacto evidente sobre Europa.
Muchos piden un aumento de la ayuda oficial al desarrollo hasta el 0,7% del PIB, el objetivo de Naciones Unidas solo alcanzado por los países nórdicos. Otros reclaman subir el presupuesto de defensa que, en el caso de España, se sitúa en torno al 0,9%, el más bajo de los países de la OTAN. Se escucha menos en los medios, pero los recursos destinados a la acción exterior y la diplomacia son también escasos. En realidad, deberían reforzarse todos estos. Frente a las voces que presentan como incompatibles la subida de los presupuestos de desarrollo y de defensa hay que subrayar que, en la realidad internacional, la seguridad, el respeto de los derechos humanos y el progreso van de la mano. La seguridad es una precondición del desarrollo. Allí donde deben crearse las condiciones para un avance de las sociedades locales, en situaciones post-conflicto, de reconstrucción de países, la seguridad es tan necesaria como la asistencia civil. De hecho, en muchos escenarios, las ONG trabajan en coordinación con los militares que participan en operaciones de paz.
Recientemente, se ha presentado en Alemania una idea interesante sobre los presupuestos exteriores. Dos importantes think tanks, la Conferencia de Seguridad de Múnich y el Instituto Alemán del Desarrollo, se han unido para proponer una fórmula integradora: el establecimiento de un objetivo del 3% del PIB para dedicar a cuestiones de seguridad y defensa, desarrollo y diplomacia. Es obvio que esta es una respuesta alemana a la petición de la Administración de Estados Unidos y de la OTAN de incrementar los presupuestos de defensa al 2%. No obstante, tiene una aplicación más amplia, porque supone reconocer que los diversos aspectos de la acción exterior del Estado deben operar unidos para proyectar estabilidad. Desde luego, la fórmula podría ser adecuada para España, que en su acción exterior busca además una sinergia con la Unión Europea.
Si miramos de cerca las contribuciones de nuestro país a la estabilidad y al desarrollo son muy relevantes, a pesar de los exiguos presupuestos oficiales. En su informe de 2016, la Plataforma del Voluntariado destaca que un 38% de los españoles declaran apoyar a diversas ONG de ayuda al desarrollo o con otros fines, civiles o religiosas, y un número creciente de jóvenes dedica su tiempo libre a cooperar en otros países. Nuestros diplomáticos realizan una labor encomiable en los distintos continentes a pesar de contar con medios limitados. Los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil están entre los mejor valorados del mundo, y su participación en operaciones de paz es muy apreciada, por la cualidad que tienen de actuar en entornos multiculturales y complejos. Las capacidades de inteligencia de España están entre las mejores en la lucha contra el terrorismo y el conocimiento de ciertas regiones. Los centros de estudio y pensamiento sobre relaciones internacionales (think tanks) tienen cada vez un mayor peso y alcance.
Ahora hace falta reforzar los recursos que dedicamos a la acción exterior, sobre todo si se confirma el rumbo de salida de crisis, y la mayor autonomía que Merkel y Macron reclaman para la UE. Parece que España no termina de convencerse de que es una potencia media con puntos de vista equilibrados que puede hacer una contribución notable a la estabilidad y a la resolución de retos globales. Existe una demanda exterior y es una responsabilidad como Estado avanzado. Lo coherente sería realizar una asignación de medios más acorde con la magnitud de los problemas internacionales, y estar a la altura de nuestras responsabilidades.
Martín Ortega Carcelén es profesor de Derecho Internacional en la Universidad Complutense e investigador senior asociado en el Real Instituto Elcano.