Discriminación por edad

En las últimas décadas se han llevado a cabo en el mundo civilizado unos logros muy importantes en la lucha contra la discriminación por raza, por religión, por sexo y por tendencia sexual, que hasta hace poco eran un serio problema en la mayoría de los países del mundo occidental.

Pero todavía existe un tipo de discriminación claro. En muchos países, y sobre todo en España, que es lo que más nos preocupa, se sigue llevando a cabo una discriminación brutal contra personas por su edad.

En la Administración española obligan a jubilarse a los 70 años. De esta manera catedráticos, médicos, ingenieros y muchos intelectuales de gran valía tienen que dejar su puesto de trabajo. Es obvio que esto es culpa de todos los gobiernos que hemos tenido, porque además, desde las distintas instituciones del Estado, también se fuerza a que en las compañías del sector privado se jubile a los viejos con recomendaciones y actuaciones en esa línea. Sin ir más lejos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 1998, en lo que se llamó el «Código de Olivencia» (Comisión Especial para el estudio de un Código Ético de los Consejos de Administración de las sociedades), hace la siguiente recomendación: «Que se establezca una edad límite para el desempeño del cargo de consejero, que podría ser de sesenta y cinco a setenta años para los consejeros ejecutivos y el presidente, y algo más flexible para el resto de los miembros». Esto, afortunadamente, fue suprimido en 2003 por el llamado «Código Aldana» de la CNMV aunque curiosamente en el Informe Anual de Gobierno Corporativo de Sociedades cotizadas se debe indicar: Edad límite del presidente, del consejero delegado y de los consejeros.

En Estados Unidos, por el contrario, hay un punto de vista generalizado de que la eficacia de los consejeros y directores no se correlaciona con la edad. De hecho, el «2016 U.S. Summary Proxy Voting Guidelines», publicado por el ISS (Institutional Shareholder Services) recomienda votar contra propuestas que limiten los mandatos y nombramientos de directores por sus edades. Y es que Estados Unidos abolió la jubilación obligatoria en 1986. Y, la ley prohíbe pedir fecha de nacimiento en los formularios de solicitud de empleo, así como adjuntar foto en los currículos, para evitar discriminación por apariencia física. En Canadá, el tratamiento que se da a estos temas es parecido al de Estados Unidos.

Es en las universidades españolas y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC), donde existe una alta riqueza intelectual, donde más daño está haciendo esta absurda discriminación por edad. A los 70 años tienen que jubilarse, y a alrededor de un 10% les dejan seguir como «eméritos» sin cobrar, de esta manera se les veta por completo su derecho a ejercer un trabajo remunerado. Puedo nombrar varios catedráticos y profesores del CSIC, de prestigio internacional, que han pasado a ser maltratados por la absurda discriminación por edad, ya que como buenos intelectuales disfrutaban del ejercicio de su profesión. Por ejemplo: Jesús Ávila, Miguel Ángel Alario, Margarita Salas, Mariano Esteban, Guillermo Giménez-Gallego, Esteban Domingo, Luis Enjuanes, Antonio Fernández Rañada, Juan Ortín, Juan Modolell, etcétera.

Vamos a analizar ahora por qué además de ser injusto y falto de equidad y no guardar la relación con la proactividad que mantienen los políticos con otras discriminaciones, es un error grave para nuestro país.

Una persona con 65 o más años (si tiene la cabeza bien, algo que analizaremos más adelante) debe tener la libertad (y no la obligatoriedad) de poder jubilarse.

Es evidente, que con la edad se van perdiendo ciertas facultades, pero muchas se pueden corregir con aparatos o cirugía, como la visión o la audición. Las que dependen de la musculatura esquelética, realmente afectan al trabajo físico extremo o al deporte. Pero, posiblemente la razón por la cual la sociedad lleva a cabo la discriminación por edad es la posibilidad de pérdida de las facultades mentales, que es algo que ocurre en ciertas personas en la medida que van envejeciendo.

Pero eso solo ocurre si esas personas sufren algún tipo de demencia como la enfermedad de Alzheimer, demencia senil, parálisis supranuclear progresiva, síndrome de Pick, demencia frontotemporal, degeneración corticobasal, algún tipo de parkinsonismo… en fin, algo que un buen neurólogo es capaz de diagnosticar. Y por lo tanto conviene distinguir entre discriminación por edad y discriminación por incapacidad para el ejercicio de la profesión, por la misma razón que no se debería vetar a Stephen Hawking para realizar trabajos intelectuales. Por eso opino que si una persona de más de 65 años no está diagnosticada de una enfermedad que le invalide para el ejercicio de su profesión, es una injusticia y una pérdida para la sociedad su retiro, porque la experiencia, que es algo que se adquiere con los años, no la poseen los jóvenes y sólo la pueden aportar las personas de edad. La experiencia además es de las pocas cosas que no se contagia.

Y es una injusticia para una persona que se fuerce su retiro porque entonces sí que se puede deteriorar mentalmente mucho más rápido por aquello de «órgano que no se utiliza, se atrofia». Sabemos que si se tapa un ojo por mucho tiempo se acaba perdiendo la visión en ese ojo, y sabemos que si no hacemos ejercicio físico perdemos musculatura. Por esa misma razón, la vida activa de un intelectual en su trabajo resolviendo los problemas de cada día (porque «vita es militia», que decían los romanos) mantiene el cerebro en forma. Si deja de ejercitarse el cerebro, éste se irá deteriorando más rápido que si se ejercita. Por tanto, es mucho mejor para la sociedad y para el individuo dejarle a él la libertad de jubilarse y no obligarle a jubilarse, que es una clara discriminación por edad en pleno siglo XXI.

Por último, la jubilación forzosa es una violación del artículo 14 de la Constitución, que debería garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, y del artículo 35, que dice que todos los españoles tienen derecho al trabajo y a una remuneración por ello.

José María Fernández Sousa-Faro, presidente de Pharmamar-Zeltia.

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