Discurso político y xenofobia

Por Miguel Pajares, miembro del Ceres (centro de estudios de CC. OO.) y autor del libro La integración ciudadana. Una perspectiva para la inmigración (LA VANGUARDIA, 06/06/06):

El fuerte ritmo inmigratorio en España está considerado como una de las principales claves del alto crecimiento económico en el mismo periodo. La inmigración ha traído riqueza, no sólo por haber satisfecho demandas imposibles de satisfacer, sino también por el incremento del consumo. Pero según la última encuesta del CIS, la inmigración es percibida por los españoles como el segundo problema del país. La contradicción es enorme, aunque si observamos los mensajes que se transmiten a la población, veremos que no cabe extrañarse mucho de que las cosas sean así.

Partamos de lo más concreto. Hace tiempo que venimos viendo, y en las últimas semanas con más intensidad, la llegada diaria de cayucos a las islas Canarias; sus apiñados ocupantes son inmigrantes que entran ilegalmente haciendo trayectos muy peligrosos. La respuesta política que se da a este hecho tiene varios componentes, pero uno se transmite con más fuerza a la opinión: desde el Gobierno canario se reclama el blindaje militar de las islas, y desde el Gobierno central se responde con un plan de utilización de satélites y barcos de guerra para afrontar el problema; se pide, además, ayuda a la UE, y ésta responde con la movilización de más medios. La idea está clara: la inmigración, al menos la que nos llega de esa manera, es una amenaza para nuestra sociedad; una amenaza tan seria que requiere la movilización del ejército para afrontarla.

¿Lo es? ¿Dónde está la amenaza? Si observamos el asunto de la inmigración en términos más amplios, lo que resulta es que el grueso de la que nos ha llegado en los últimos diez años ha sido irregular, porque las vías legales de entrada son bastante inaccesibles; pero es esa inmigración irregular la que ha resuelto los problemas de mano de obra señalados atrás. Y si nos referimos a la inmigración subsahariana que llega en los cayucos, sólo es una pequeña parte de la inmigración irregular que recibimos (no más del 5%), y, una vez aquí, su destino es el mismo que el de los demás inmigrantes: ocupar esos trabajos en los que tan necesarios resultan, en la construcción, la agricultura, las empresas de servicios, etcétera. El problema, por tanto, no está en cuántos subsaharianos llegan en los cayucos, está en cómo llegan, y es básicamente un problema para ellos, que son quienes se juegan la vida para venir. Es un problema que se ha de abordar mejorando la cooperación con los países de origen, abriendo canales legales de inmigración más accesibles y mejorando nuestros sistemas de acogida.

Pero no querría desviarme del tema del discurso político y sus efectos. La acción de gobierno realizada en relación con esa llegada de subsaharianos, aun razonable, acaba presentando el asunto como una cuestión de seguridad nacional. Y el problema es que esto no es nuevo, porque es así como suele presentarse el tema cada vez que hay un debate fuerte. La pregunta es, ¿por qué un gobierno como el actual, socialista, no es capaz de transmitir un mensaje positivo sobre la inmigración, y el discurso sigue centrado en la lucha contra la inmigración ilegal, que nos la presenta como una amenaza para nuestra sociedad? ¿Por qué no se ha construido ya un cuerpo discursivo nuevo sobre este fenómeno?

Me atreveré a ofrecer una respuesta: por miedo. Miedo a que un discurso distinto del que se viene haciendo pueda desatar una campaña de la oposición conservadora que acabe resultando letal para el gobierno socialista. Y, ciertamente, ese miedo no carece de justificación: días atrás pudimos ver, una vez más, como un portavoz del Partido Popular establecía una relación directa entre inmigración y delincuencia mostrando su disposición a acentuar el discurso xenófobo para obtener réditos electorales. El presidente de ese partido lo volvió a hacer en el debate del estado de la nación. Pero lo grave es que esto viene de lejos y está ya fuertemente arraigado: desde hace un cuarto de siglo la inmigración viene tratándose en toda

Europa como algo de lo que hay que defenderse; se ha ido consolidando una situación según la cual hablar contra la inmigración da más votos que hacer lo contrario; y el discurso xenófobo está cada vez más presente, dando excelentes resultados electorales a quienes más se sumergen en él.

Así, no es extraño que cualquier partido de gobierno lo piense mucho antes de situarse a la contra de esa corriente dominante. El problema es que esto acaba siendo un callejón sin salida: el Gobierno habla de buques de guerra porque sabe que hablar de cualquier otra cosa le haría perder votos, pero así escora aún más la opinión pública hacia las posiciones xenófobas y se cierran aún más las posibilidades de comenzar a dar a la inmigración un tratamiento más racional. Salir de este círculo vicioso exige valentía, algo que de momento el Gobierno no está mostrando en este tema; pero exige también que desde la sociedad civil surjan exigencias más fuertes por un cambio de discurso. Días atrás fue la Iglesia anglicana la que dijo al Ejecutivo británico que “el Gobierno debería liderar a la opinión pública, en lugar de ir detrás de ella, en cuestiones como la inmigración, los refugiados y el asilo político”. Ésa es la idea: liderar un gran cambio en las concepciones que la sociedad actual maneja sobre el tema de la inmigración.