Dispersar el debate antiterrorista

Las encuestas dicen que ETA ha dejado de robar el sueño a una gran mayoría de españoles. No es frivolidad, sino sentido común. Nadie duda de la capacidad de la organización de hacer daño ni de su voluntad de hacerse valer en lo que sabe con un atentado cuando se ha cumplido un año desde el último mortal. Pero en la opinión pública, o al menos en la publicada, se ha asentado la convicción de que la banda está en un estado terminal que puede hacerla muy peligrosa, pero que camina hacia su final tanto si ha decidido gestionarlo de algún modo, como si no.

Hay terrores más tangibles en 4.600.000 hogares azotados por el paro y en unos cuantos millones más a los que se les hace eterno el mes a partir del día 15. ¿A qué atribuir, entonces, que se proyecte de nuevo un debate de Estado sobre la política penitenciaria del Gobierno de Zapatero? El peor escenario, por lo costoso políticamente y lo que tendría de bucle sobre experiencias ya conocidas, sería una campaña de presión arbitrada por el PP y con las asociaciones de víctimas en primera línea de reproche. Es un camino que nos haría recordar la que protagonizaron durante el último y fallido proceso de diálogo. Y, aunque va para cuatro años de aquello y parecía que la experiencia fue suficientemente negativa para todos como para asentar firmemente la convicción de que es más oportuno el consenso que el conflicto entre partidos, parece que hay quien está dispuesto a repetir ruido y errores en este tema.

Resulta bastante obvio que Pérez Rubalcaba sigue estando profundamente clavado en las carnes del PP y que su condición de ministro del Interior no ha suavizado el escozor de esta espina. El catalizador del nuevo roce es el traslado de Idoia López Riaño, una de las terroristas con currículo más sangriento, y a este ha seguido una pugna estéril sobre el grado de desmarque de ETA, y la profundidad del arrepentimiento de otros presos a los que se les ha trasladado de prisión. Se revela un riesgo no previsto de la política penitenciaria de dispersión y es el hecho de que cada movimiento se mida en clave de alejamiento o acercamiento; de castigo asumible añadido a la pena o de premio por el hecho de cumplir esta cerca del entorno social propio. A este respecto, y en aras de descontextualizar el caso, que es el modo de ver las cosas en perspectiva de principios y no de sentimientos, recomiendo un informe ya antiguo –1996– y completamente libre del tamiz de los delitos de terrorismo –se refiere a presos comunes andaluces y al impacto del alejamiento en su derecho a la reinserción– que firmó hace ya 14 años el Defensor del Pueblo andaluz.

La política de dispersión de los presos de ETA es práctica antigua en los sucesivos gobiernos. Se concibió para dificultar la monolítica estructura de los condenados por delitos de terrorismo y debilitar lo que la organización ha denominado como el «frente de makos». ETA asesinó a Yoyes en los inicios de la estrategia de reinserción para poner freno a esa vía de escape de sus activistas. Pero la política de dispersión no ha evitado puntuales campañas de huelga de hambre y desobediencia del colectivo ni es previsible que hoy haya sido un factor de la reacción crítica y el desmarque de las consignas de la banda de nombres históricos de ETA. Desde luego, no parece un factor tan determinante como la propia situación operativa de la organización, la inanición política derivada de la ilegalización de Batasuna y el desgaste interno que la gestión de la última tregua ha causado en los colectivos sociales y políticos de la izquierda radical aberzale, consciente, quizá por vez primera, de la necesidad de alternativas al diseño político de la dirección de la banda.

El ruido que se avecina no parece tampoco causado por una verdadera convicción de que la estrategia del Gobierno vaya a variar en relación a la lucha antiterrorista. No existe una expectativa de negociación ni nadie, más allá de Jaime Mayor Oreja desde su exilio europeo, sostiene semejante discurso. Pero sí que está en tiempo de ponerse en valor aquel activo que fue meses atrás su extemporánea denuncia de una nueva negociación en ciernes y que el PP no acabó de enterrar con más que un tímido y muy medido desmarque de Génova protagonizado más por los silencios. Entonces, fueron los populares vascos los más contundentes al descalificar el argumento de Mayor. Hoy ya no lo son tanto.

Superado el debate del estado de la nación y la espesura argumental de una pugna económica en la que el PP no ha apuntillado durante el último año por falta de discurso alternativo reconocible, la tentación de recurrir a un tema del que la opinión pública ya viene aprendida puede ser grande. Donde nunca hubo debate entre PP y PSOE sobre la política de dispersión puede haberlo ahora, convenientemente, sobre la de acercamiento. Y ya está de vuelta a la primera línea política la lucha antiterrorista. En verano, cuando pocos hablan de economía y siempre cabe el riesgo de que la organización autista haga acto de presencia. Hace falta mucha disciplina y lealtad del primer partido de la oposición para eludir esa tentación. Más de la que ha acreditado hasta la fecha.

Iñaki González, periodista.