Si es grave que los pueblos que desconocen su Historia estén condenados a repetirla, aún resulta peor que haya gobernantes que, pese a conocerla, no aprendan de ella y se empeñen en reiterarla. Hoy asistimos a una historia que no es nueva, la historia de un Gobierno socialista que está sometiendo al clima político a un insoportable grado de tensión y que, lejos de asumir su responsabilidad, se lo endosa al partido que ejerce la oposición. Nada nuevo bajo el sol: a cualquier persona con edad y memoria suficiente todo esto tiene que sonarle como algo ya vivido hace tan solo 12 años.
Animo a cualquiera a que dedique unos minutos a consultar en internet los titulares de prensa publicados por estas mismas fechas de 1995. Aquélla era la etapa final del Gobierno socialista de Felipe González, salpicado por abundantes casos de corrupción y dedicado desesperadamente a ocultar y poner todo tipo de trabas a las investigaciones de los crímenes de Estado (secuestros y asesinatos) cometidos años atrás bajo las siglas de los GAL. Por aquel entonces, lo mismo que sucede ahora, las tensiones se veían multiplicadas por la inminencia de unas elecciones municipales y autonómicas que pintaban muy mal para el PSOE, elecciones que, por otra parte, se enfocaban también como una primera vuelta de las generales que se celebraron a los pocos meses. Lo mismo que ahora.
Pues bien, estoy seguro de que muchos se quedarán sorprendidos al comprobar la similitud o, incluso, la identidad al pie de la letra entre las declaraciones que los dirigentes socialistas hacían entonces y las que hacen ahora, bien sean los mismos, como el señor Rubalcaba, entonces portavoz del Gobierno, bien sean otros distintos, como Rodríguez Zapatero, que en 1995 era un sencillo diputado de a pie, aunque, por supuesto, ejercía su disciplinado voto para obstruir todas las iniciativas parlamentarias mediante las que el Grupo Popular u otros grupos parlamentarios (eso sí que ha cambiado) buscaban el esclarecimiento de las verdades celosamente ocultadas por el Gobierno.
Entonces, exactamente igual que ahora, los dirigentes socialistas acusaban al PP de estar crispando la vida política. Entonces, como ahora, practicaban la estrategia del miedo advirtiendo de las consecuencias apocalípticas que se producirían si los populares se hacían con el poder (alguno, incluso, llegó a hablar de «plagas»). Entonces, como ahora, tronaban con los cuentos del «espíritu guerracivilista», de la «derecha antidemocrática» o, incluso (¿les suena?) con que el PP estaba más preocupado por derrotar al Gobierno que a ETA.
Hoy, en un sorprendente ejercicio de paralelismo histórico, el Partido Socialista en el poder ha vuelto a encastillarse frente a la verdad de los hechos tras una muralla de engaños y mentiras, y a pretender convencer por todos los medios a la opinión pública de que las tensiones existentes no se deben a la enorme gravedad de los actos de los que el Gobierno es exclusivo responsable, sino al empeño del partido de la oposición por denunciarlos y que se debata sobre ellos. La diferencia no radica en la estrategia de defensa destructiva puesta en ejecución por Zapatero, sino en la dimensión y la trascendencia de lo que ahora el Ejecutivo quiere ocultar al conocimiento y debate social y que afecta a las dos líneas prioritarias de su gestión. En ambos casos, sus consecuencias pueden ser especialmente graves -ya lo están siendo, de hecho- porque afectan a los cimientos mismos del pacto constitucional y a la dignidad democrática de nuestro Estado de Derecho.
Ha sucedido así, en primer lugar, con la ruptura del pacto autonómico provocada por Zapatero mediante su empeño personal en sacar adelante un Estatuto de Cataluña que rompe por el eje el equilibrio entre unidad y diversidad, entre solidaridad y autogobierno, que da razón de ser a nuestro modelo territorial. El bochornoso espectáculo protagonizado en estos últimos días por ERC, socio preferente de los socialistas, al dar por finiquitado el modelo autonómico e iniciar una subasta política para la convocatoria de un referéndum de autodeterminación si el Tribunal Constitucional osa mover una coma del Estatut, es prueba inequívoca de hasta qué punto Zapatero ha jugado a aprendiz de brujo con el futuro de España, tal como el Partido Popular ha venido denunciando desde el primer momento.
No es sólo que el presidente del Gobierno haya hecho saltar por los aires el pacto autonómico. Del mismo modo, ha decidido quebrar el consenso que siempre había presidido otras políticas de Estado, marginando al Partido Popular de los cambios legislativos en materias de tanta importancia como justicia, legislación electoral, financiación de partidos o Tribunal Constitucional.
El otro gran asunto del actual Gobierno está siendo, evidentemente, el giro radical en la política antiterrorista. Aquí también Zapatero puede grabar otra muesca en su contabilidad de pactos rotos, el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo. Como hace 12 años, la política contra el terrorismo vuelve a ser motivo de controversia con un Gobierno socialista, por motivos que, aunque distintos, coinciden en romper unas reglas del juego fundamentales: que los gobiernos democráticos deben perseguir la derrota total del terrorismo y hacerlo sin traspasar las líneas rojas que acotan el Estado de Derecho. Si en el pasado el Ejecutivo de González traspasó esas líneas, hoy otro Gobierno del mismo signo político se está acercando peligrosamente a ellas, y no precisamente con ánimo de vencer a ETA, sino de hacer méritos para capitular mediante cesiones tan injustificables como la excarcelación de De Juana o el indulto preventivo a Arnaldo Otegi.
La historia se repite, pero ahora los remedios aplicados por el Gobierno están llegando a unos límites inconcebibles en cualquier democracia europea. Hoy parece que vivimos en un mundo del revés, como en el mítico país de los antípodas, donde la noche es el día y el día, la noche, y por el que Zapatero, igual que los personajes representados en los imaginarios medievales, transita con los pies orientados hacia su espalda y dejando huellas por encima de su cabeza. Hoy, en España, no es el Gobierno el que debe rendir cuentas de sus actos, sino la oposición. Hoy, el Gobierno arrincona a quienes defienden la Constitución y se alía con quienes la repudian. Hoy, en nuestro país de antípodas, los fiscales ejercen como abogados de los terroristas; los terroristas son gente de paz y sus víctimas, agentes de la crispación; al partido ilegal de los terroristas se le deja actuar con impunidad, pero el que se manifiesta contra el terrorismo es un «guerracivilista» o un «provocador» que incluso merece ser agredido con impunidad. Y al final, todo, absolutamente todo, incluso el cambio climático, es «culpa del Partido Popular».
Hace 12 años, un Gobierno socialista que había cometido graves errores, se negó a asumirlos y pretendió eludir sus responsabilidades tras una cortina de ofensas y crispación. Eso le costó la derrota en unas elecciones municipales y autonómicas, primero, y en unas generales, después. Ahora otro Gobierno del mismo signo, tras embarrarse de nuevo en errores y responsabilidades políticas, resucita la misma estrategia equivocada y parece dispuesto a llevarla hasta el final. Lo han vuelto a poner todo patas arriba, nos han metido otra vez en el país de las antípodas y al final tendremos que salir como ya lo hicimos en su día: como en 1995, el cambio político en España también comenzará en el mes de mayo.
Pío García-Escudero, portavoz del Grupo Popular en el Senado.