Al parecer, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pensó que podía evitar el juicio político usando mentiras y bravuconadas, pero estaba equivocado. Su lugar de deshonra en la historia ahora está casi asegurado.
El anuncio de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sobre el avance con artículos del juicio político era inevitable, y Trump no tiene a nadie a quien culpar más que a él mismo. Nadie lo obligó a intimidar a un gobierno extranjero para que lo ayudara en su intento de reelección. Nadie lo obligó a abusar del poder de la presidencia para beneficio personal. Nadie lo obligó a obstruir los esfuerzos del Congreso para investigar sus fechorías.
Sin embargo, alguien lo obligará a rendir cuentas. “No te metas conmigo”, le advirtió Pelosi, con ojos de acero, a un reportero provocador el jueves. Trump ya debería haber aprendido esa lección.
Tres de los expertos constitucionales que testificaron ante el Comité Judicial de la Cámara el miércoles dijeron que el esquema de extorsión de Trump en Ucrania y su obstrucción ante el Congreso claramente son delitos por los que se le puede encontrar culpable en el juicio político. El cuarto experto, elegido cuidadosamente por los defensores republicanos de Trump, dijo que necesitaría esperar una recopilación de más pruebas para definir si las acciones del presidente son suficientes como para encontrarlo culpable. Ninguno dijo que los tratos con Ucrania fueron “perfectos”, como afirma ridículamente Trump.
Ahora, los presidentes de los comités de Pelosi comenzarán a redactar uno o más artículos del juicio político, sobre los cuales se espera que la Cámara vote en unas semanas, tal vez incluso antes de Navidad. A menos que algo muy inesperado suceda, Trump se convertirá en el tercer presidente en la historia de los Estados Unidos en ser acusado y enfrentar un juicio político ante el Senado.
¿Sería mejor, de ser posible, escuchar primero más testimonios y reunir más evidencia? Por supuesto que sí.
Deberíamos escuchar al jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, quien parece haber contribuido decisivamente a la estrategia de Trump para forzar a Ucrania a fabricar evidencia en contra de Joe Biden a través de una retención de 391 millones de dólares en ayuda militar. Deberíamos escuchar al ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, quien dijo que no quería tener nada que ver con asunto. Deberíamos escuchar al secretario de Estado, Mike Pompeo, y al ex secretario de energía, Rick Perry, quienes estaban “informados”, según testigos. Deberíamos escuchar al abogado personal de Trump, Rudolph W. Giuliani, aunque sospecho que, a estas alturas, respondería bajo juramento únicamente invocando la Quinta Enmienda.
El Congreso debería poder examinar todos los documentos que ha solicitado y citado. Los investigadores deberían tener la oportunidad de ver por sí mismos si el supuesto interés de Trump por erradicar la corrupción en Ucrania era genuino o si fue improvisado después de que se descubrió que el esquema creaba algún tipo de rastro fraudulento.
Pero Trump no permitirá que ninguno de esos funcionarios declare y no producirá ninguno de los documentos que el Congreso ha exigido. Apelar a los tribunales para obligar a la administración a cumplir llevaría meses, y quedaría en manos de Trump. El Congreso no puede permitir que el presidente manipule la situación.
Claramente, hay urgencia. Trump buscaba interferencia extranjera en su nombre para las próximas elecciones. Si no se le encuentra culpable, ¿alguien duda que seguirá intentándolo? Giuliani viajó a Ucrania y Hungría esta semana y, según los informes, se reunió con ex fiscales supuestamente corruptos. Increíblemente, todavía están en eso.
¿Sería mejor si al menos algunos republicanos tuvieran el coraje de defender la Constitución en lugar de seguir ciegamente al querido líder Trump? Absolutamente. Pero aunque el poder político desnudo puede forzar la lealtad del cobarde, no puede cambiar los hechos ni absolver a la Cámara de su responsabilidad.
El consenso es que prácticamente no hay posibilidad de que Trump sea destituido de su cargo por el Senado. Es posible que surjan nuevas evidencias dramáticas o que testigos reacios decidan declarar. Nadie sabe qué papel podría desempeñar el presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr. —quien presidirá—, en la configuración de los procedimientos. Pero debemos reconocer que la ciencia aún no ha inventado una droga que pueda hacer que los senadores republicanos vayan en contra de Trump.
Que así sea, entonces. Algunas personas creen que, políticamente, le ayudaría a Trump ser acusado, sometido a un juicio y finalmente absuelto. No estoy de acuerdo. Creo que “acusado pero no eliminado” es un eslogan de campaña bastante malo. En este punto, sin embargo, las consecuencias políticas deben quedar en segundo plano ante el deber constitucional.
“Nuestra democracia es lo que está en juego”, dijo Pelosi el jueves. “El presidente no nos deja otra opción más que actuar, porque está tratando de corromper, una vez más, las elecciones para su propio beneficio”.
El juicio político es algo “que desearía que el presidente no hubiera hecho necesario”, dijo Pelosi. Y ella tiene razón. Trump está perdiendo solo el juicio político.
Eugene Robinson writes a twice-a-week column on politics and culture and hosts a weekly online chat with readers. In a three-decade career at The Washington Post, Robinson has been city hall reporter, city editor, foreign correspondent in Buenos Aires and London, foreign editor, and assistant managing editor in charge of the paper’s Style section