Seguramente uno de los fenómenos más importantes de la política española y catalana desde la Transición es la movilización en los últimos años en Cataluña de centenares de miles de personas reclamando cambios significativos, sin descartar la independencia, en la estructura territorial del Estado español.
Cabrían diversos factores históricos y actuales de gran trascendencia para explicar este fenómeno, el cual reviste características sociales muy plurales, tiene un contenido democrático de base y atraviesa barreras ideológicas y lingüísticas.
Sin embargo, las primeras interpretaciones de articulistas españoles fueron quitarle importancia atribuyendo todo a una expresión pasajera, como la figura de un suflé que al poco tiempo bajaría de nivel, aunque los hechos lo han ido desmintiendo dada la pertinaz y creciente respuesta ciudadana. Más tarde se instaló el lugar común de una pretendida manipulación del presidente Mas, aunque las encuestas señalan que, en caso de pretender una manipulación partidista, las expectativas electorales lo desmentirían categóricamente dada la constante pérdida de apoyos de CiU. Y los intérpretes más extremistas llegaron a describir Cataluña como una sociedad sin libertad de expresión y sometida a un régimen de vocación totalitaria donde se controlan las voluntades de la gente.
Esta última visión se ha visto potenciada por la confesión del expresidente Pujol sobre una “herencia” depositada en bancos andorranos defraudando al fisco español. Por ello se llega a afirmar que todo lo que ocurre en Cataluña es un gran engaño, proyectando una interpretación global del fenómeno soberanista como algo manipulado y viciado de corrupción desde hace muchos años hasta nuestros días. Esta afirmación se ilustra con la idea de que Pujol ha gozado de poder absoluto en Cataluña y de que nadie le pidió explicaciones de sus posibles actuaciones irregulares, ni le hizo frente ya desde el caso de Banca Catalana. Incluso a veces se ha pretendido fundamentar más sólidamente aquellas interpretaciones citando a intelectuales progresistas, como Manolo Vázquez Montalbán o Josep Ramoneda, como muestra de la condescendencia del engaño pujolista.
Si se consultan los diarios de sesiones o hemerotecas se puede comprobar la inexactitud, cuando no falsedad, de aquellas afirmaciones. Es falso afirmar que sobre Banca Catalana, como sobre otros ejemplos de presuntas irregularidades o corrupción, hubiese un silencio colectivo. Sobre Banca Catalana se planteó la exigencia de responsabilidad del presidente Pujol tan solo conocerse la existencia de un agujero de cerca de 280.000 millones de pesetas en su gestión del grupo bancario que iba a ser reparado con dinero público. Fuimos distintos grupos y diputados quienes exigimos en el Parlamento de Cataluña que debería dimitir como presidente de la Generalitat por aquella responsabilidad. A su vez planteamos que con los activos rescatados se realizase una operación de pasar a manos públicas aquel banco dado que requería tal inyección de dinero del contribuyente. Y, conociendo los detalles de la mala gestión exigíamos el ejercicio de las responsabilidades penales que se pudiesen deducir.
Una mayoría del Parlamento de Cataluña rechazó estas iniciativas, el banco pasó a manos de otro grupo financiero, y miembros del Gobierno español socialista, al más alto nivel, cerraron la puerta a cualquier utilización institucional de la proyección de responsabilidades que contenía el informe del propio ministerio.
Y es muy sencillo comprobar que un personaje como Manolo Vázquez Montalbán secundaba aquellas iniciativas, y que tanto él como Ramoneda fueron críticos constantes de la manipulación política de Pujol. En el tema citado, Manolo secundó la exigencia de la asunción de responsabilidades y por tanto de dimisión. También comentó iniciativas posteriores de oposición frontal a cualquier indicio de corruptelas del pujolismo. Me refiero a actuaciones como cuando desde ICV se pusieron a disposición judicial las pruebas de la probable financiación ilegal de CiU por parte de Casinos de Catalunya, o cuando se denunciaron las derivas catalanas del caso De la Rosa, o las reiteradas ocasiones que se pusieron en evidencia los posibles negocios irregulares de miembros de su familia, y un largo etcétera de historias documentales en los diarios oficiales y en los medios.
Todo ello sirve para desmentir cualquier pretensión de calificar de absolutismo la etapa de Pujol. En este sentido, vale la pena repasar sus mayorías parlamentarias y sacar las correspondientes conclusiones. Pujol en 1980, las primeras elecciones autonómicas, obtiene el 27% de los votos. Gobierna en minoría con el apoyo de ERC, y a veces de la UCD, y consigue su primera mayoría absoluta en 1984 tras la sentencia del Tribunal Constitucional que invalidó la LOAPA, ley urdida y pactada por el Gobierno de España de UCD y por el PSOE, que pretendía derogar de facto el sentido del Título VIII de la Constitución, y que había sido recurrida por PSUC, PNV, ERC y CiU. Fue después de estas elecciones que se presentó la querella contra los administradores de Banca Catalana, a pesar de las reticencias del Gobierno español.
Pujol obtuvo tres mayorías absolutas (todas ellas basadas entre el 30% y el 35% del electorado) y aún pudo presidir la Generalitat dos periodos más (1995 y 1999), con mayoría minoritaria, gracias al apoyo del PP de José María Aznar. Cabe recordar como paradigmática la última de ellas, su última presidencia, de 1999 a 2003, la cual se basa en una derrota electoral en lo que se refiere a votos de la ciudadanía respecto a la coalición que lideraba Pasqual Maragall, aunque logró la presidencia gracias a un escaño de más derivado de la prima de la atribución territorial de diputados.
Hay que recordar, además, que Pujol nunca predicó ni propuso ninguna iniciativa soberanista, que las rechazó abiertamente y que apoyó prácticamente a todos los Gobiernos españoles, tanto del PSOE como del PP, en los denominados temas de Estado, salvándolos a veces de derrotas parlamentarias. A su vez, Pujol era elogiado como gobernante por los presidentes de Gobierno de España, especialmente por Felipe González, y era apreciado por diversos medios e instituciones españoles, como demuestra el hecho de que el rotativo Abc le atribuyese a mediados de los noventa el título de “español del año”.
¿A quién engañaba Pujol? ¿Por qué algunos articulistas pretenden una visión totalizante de Cataluña identificándola con Pujol cuando ya existían y existen multitud de datos y expresiones que lo desmentían?
Es evidente que existe hoy en Cataluña un grado de perplejidad e indignación a raíz de la confesión de Pujol y que nadie puede calibrar todavía con exactitud hasta qué punto va a afectar a todo el proceso y debate político en torno al tema de la relación con España.
Pero también es evidente que desde fuera de Cataluña se ha incomprendido la dinámica cívica y social que se está desarrollando, la cual no proviene del pujolismo ni de ninguna opción partidista concreta. Para muchos observadores, el fenómeno del crecimiento espectacular de posiciones pro soberanía se ha producido en los últimos años por diversos motivos, muchos de ellos basados en la percepción de no encontrar ninguna respuesta dialogante desde los diversos Gobiernos, instituciones y organismos españoles hacia las aspiraciones catalanas.
De hecho, se está cuestionando el orden establecido, sin violencia, sin sectarismos y sin fracturas sociales. Es probable que razonar sobre estos posicionamientos pudiese incomodar a intelectuales españoles y generarles un cierto temor al aislamiento ante determinados sectores del poder. No serían peores que los que vivió, por ejemplo, Montalbán cuando se posicionó abiertamente contra la guerra de Irak a inicios de los noventa. En este punto reside el valor del intelectual: en la elección entre la simplificación y la comodidad o el rigor y la responsabilidad.
Rafael Ribó es Defensor del Pueblo catalán.