Salvo error u omisión involuntarios en todo lo que sigue, entre 1996 y 2004 el CIS puso nota a alguno de los ministros de los Gobiernos de Aznar en 473 ocasiones. De todas esas notas, 470 se encuentran por encima de la última nota conocida de Soraya Sáenz de Santamaría (3,34 sobre 10), que es la mejor del último Gobierno del presidente Rajoy. La media de ese Gobierno es de 2,54; la última nota de su presidente, 2,59 (Fraga en enero de 1989, 3,96). Sáenz de Santamaría habría tenido la peor valoración en el último Gobierno de Aznar, cuya media se sitúa por encima de 4; y comparada con el último Gobierno de Zapatero, estaría hacia la mitad baja del grupo, por encima de seis ministros (Miguel Sebastián, Ángeles González-Sinde, Valeriano Gómez, Manuel Chaves, Francisco Caamaño y Leire Pajín), y por debajo de nueve (Rosa Aguilar, José Blanco, Antonio Camacho, Carme Chacón, Ángel Gabilondo, Cristina Garmendia, Ramón Jáuregui, Trinidad Jiménez y Elena Salgado). La última nota del presidente Zapatero fue de 3,06. La media de su último gobierno, 3,47.
Las 473 notas de los ministros de Aznar se encuentran por encima de la última nota conocida de María Dolores de Cospedal (2,51), que también habría obtenido la peor valoración del último Gobierno de Rodríguez Zapatero, por debajo del 2,58 que marca el límite inferior. Leire Pajín tuvo un 2,79. En Castilla-La Mancha, su última nota registrada es un 3,51. La última de José Bono fue un 7,14; la de José María Barreda, 5,92.
A la luz de estos datos, cabe hacerse sobre estas dos candidaturas principales a la Presidencia del Partido Popular que hoy comienza a decidirse la muy conocida pregunta: ¿por qué?
Es difícil entender la confianza casi mágica con la que en ocasiones se ha sostenido su idoneidad con alusiones a su buena imagen, su experiencia de Gobierno y su capacidad para derrotar rivales en las urnas. Con Chesterton, soy de los que piensa que lo más sorprendente de los milagros es que ocurren, pero fiar el futuro político de un partido y de un país tan descreídos como estos a un fundamento tan ingobernable como ése parece algo imprudente.
En enero de 1989, el porcentaje de quienes pensaban que el PP era un partido de extrema derecha era del 38,2%; en marzo de 2000, el 18,7%; en abril de 2018, el 41%. Sobre esto mismo, lo último disponible para Cataluña, 68%; País Vasco, 54,6%. En febrero de 2000, el porcentaje de quienes afirmaban que jamás votarían al PP era del del 26,1%, y el de quienes le votarían con toda seguridad, el 12,8%; en abril de 2018 quienes no le votarían nunca han superado el 55% y los que lo harían con seguridad no llegaban al 5%. Quienes decían tener poca o ninguna confianza en el presidente del Gobierno sumaban al término del último mandato del PP el 82,1% (Aznar, 60,2%; González, 59,7%), y quienes pensaban que la gestión del Gobierno del PP era muy mala, habían pasado del 11,2% en enero de 2004 al 34,2% en abril de 2018.
La confianza en el Tribunal Constitucional pasó del 5,35 en 2003 al 3,40 en 2015 (último disponible); en el Parlamento, del 5,35 al 3,79; en la Monarquía, del 6,22 al 4,34; en los parlamentos autonómicos, del 5,25 al 3,14; en los gobiernos autonómicos, del 5,24 al 3,20. Quienes estaban poco o nada satisfechos con el funcionamiento de los servicios públicos pasaron del 35,4 en 2001 al 49,2 en 2016. En 2017 sumaban el 51,9 al responder sobre los servicios sociales (35,6 en 2000), el 57,2 sobre las pensiones (36,9) y el 48,3 sobre obras públicas (32,1). No es extraño a la luz de todo lo anterior que, finalmente, el voto del PP pasara del 45,2% al 33,2%, medido sobre voto a candidaturas. Y según parece, bajando.
En términos generales, no parece que los españoles hayan compartido con el PP su (efímera) indignación por la moción de censura. No ha pasado nada o casi nada. Este debiera ser el dato más preocupante para ese partido y el eje sobre el que tendrían que haber girado las primarias y el Congreso Nacional.
Se han perdido la perspectiva y la comunicación con los españoles. No se entiende la magnitud de su alejamiento, y quizás eso explique que no se haya clausurado por completo la mera idea de que personas directamente responsables de lo ocurrido puedan seguir ahí y disponer de posibilidades reales de dar continuidad a la catástrofe desde la Presidencia del partido.
La moción fue posible sin mayor escándalo social en la figura del presidente porque previamente los españoles habían censurado ya casi todo lo que podía haber impedido ese acontecimiento. Eso sigue exactamente igual. Y como se ha solido decir últimamente con motivo de otros sucesos, si después de hoy y del 21 el PP está igual, entonces estará mucho peor.
Hay una historia sencilla que contar sobre el PP. En 2008, durante el Congreso celebrado en Valencia, se partió de un diagnóstico equivocado, que ya se venía barruntando desde 2004, y se eligió un rumbo desviado que es indispensable comenzar a rectificar desde hoy mismo. El PP obtuvo entonces más del 40% del voto de centro, mientras que el PSOE obtuvo menos del 20%: 4.400.000 frente a 2.000.000. Sin embargo, el partido entendió justo lo contrario y actuó en consecuencia. Se aceptó que el PP era el partido que la izquierda decía que era, cuando los datos acababan de desmentirlo, y se decidió cambiar. De rumbo y de personas. Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal han sido dos de las personas protagonistas de ese cambio y de sus efectos. Aquella fue una decisión legítima, pero se ha de estar dispuesto a evaluar sus resultados y a actuar en consecuencia.
Transcurrida una década desde aquel Congreso y convocado ahora el XIX Congreso Nacional del Partido Popular, parece oportuno disponer de una evaluación fría sobre el grado de cumplimiento de los objetivos declarados entonces, de manera que se puedan tomar las decisiones más razonables por el bien del partido. Sobre ideas y sobre personas. Lo que se hizo se hizo para crecer, para mejorar la imagen y para establecerse mejor en Cataluña y en el País Vasco, principalmente. Eran muy buenos propósitos, pero todo ha salido exactamente al revés de lo que se pretendía. La realidad es que hoy el PP está situado mucho más a la derecha que hace diez años, que su liderazgo ha recibido la menor puntuación de la historia del partido y que su posición en Cataluña y en el País Vasco, entre otras comunidades, puede calificarse sin exceso como catastrófica. Y, a mi juicio, la conclusión para el PP debe ser muy clara: debe dar la vuelta a las decisiones de fondo del Congreso de Valencia. Y debe elegir a quien mejor pueda hacer eso. Y esas no son las candidatas mencionadas.
España no es como dicen Zapatero o Sánchez. Si el PP no entiende lo que los españoles piensan de él ni por qué lo piensan, no podrá corregir el rumbo en el que está. No se puede vivir en conflicto permanente con el propio electorado.
El Congreso de Valencia alumbró un error intelectual del que se han seguido errores políticos y consecuencias electorales, de opinión pública y, finalmente, de Gobierno. Si no se comprende esto y no se aborda seriamente, si se vuelve la espalda a la propia historia y no se transforma en experiencia y guía para el futuro, será muy difícil encontrar en el próximo Congreso Nacional lo que se perdió hace ahora diez años. Y todo indica que para el PP va a ser la última oportunidad.
Miguel Ángel Quintanilla Navarro es politólogo. Entre agosto y noviembre de 2011 formó parte del gabinete del presidente nacional del Partido Popular.