Toda política democrática que pretenda superar un conflicto civil grave e impulsar una auténtica reconciliación ciudadana tiene que basarse en cuatro principios: recuperar la memoria de las víctimas y de los represaliados, buscar la verdad ante las versiones oficiales, aplicar una justicia realmente reparadora de las víctimas, y velar para que no se repita una situación como aquella. En España, las limitaciones del proceso de transición a la democracia después de 1975 hicieron que se impusiera una abusiva identificación entre amnistía política y olvido del pasado y entre reconciliación y amnesia histórica. La preconstitucional ley de Amnistía, de octubre de 1977, significó un cierre en falso de lo que había supuesto la dictadura franquista y muchas cosas quedaron pendientes y demasiadas heridas no se cerraron. Entonces, algunos sostenían que era demasiado pronto para tratar los temas siempre difíciles de la violencia política. Ahora, 40 años después, hay quien tiene la cara de decir que ya es demasiado tarde y que es mejor olvidarlo.
Así, el resultado de estos 37 años de régimen constitucional es bastante decepcionante con respecto a esta cuestión: ha habido una muy insuficiente política de recuperación y dignificación de las víctimas del franquismo, la búsqueda de la verdad ha sido un trabajo exclusivo de los historiadores y de asociaciones privadas ante unos poderes públicos que han puesto no pocas dificultades, y hay numerosos impedimentos legales para poder realizar una auténtica justicia reparadora. Tal vez, y con no pocas matizaciones, el único terreno en que se ha adelantado, ha sido el de crear unas condiciones políticas para que no pudiera repetirse un régimen dictatorial y represivo como fue el del general Franco.
En este artículo me limitaré a reflexionar sobre la ausencia de una política de justicia reparadora en la España democrática. Esta anomalía no solamente ha sido denunciada por diferentes asociaciones de víctimas y partidos políticos, sino que también lo han hecho algunos organismos de la ONU. En el año 2009, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU denunció la ley de Amnistía española por violar los derechos humanos y pidió al Gobierno su derogación dado que había un “insuficiente reconocimiento” de las víctimas del franquismo. En noviembre del 2013, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU censuró la justicia española por rehusar muchas demandas de investigación de desaparecidos y propuso que se hiciera una investigación a fondo en España con la intención de proponer las medidas que el Gobierno tendría que tomar para reparar y rehabilitar a las víctimas, investigar las desapariciones y analizar las posibles responsabilidades. Este informe, realizado por un relator de la ONU, el colombiano Pablo de Greiff, y publicado el 22 de junio de 2014, es muy severo con los gobiernos españoles. Constata las muchas limitaciones y obstáculos puestos por diferentes administraciones públicas en busca de la verdad sobre la violencia franquista. No ha habido ningún interés gubernamental por saber la verdad: no hay ningún informe oficial, ni ninguna comisión investigadora y, para no haber, no hay ni un censo de las víctimas. Ahora hemos sabido que en Catalunya más de 78.000 personas pasaron por consejos de guerra a partir de 1939. El relator de la ONU también denunciaba las dificultades puestas a las familias de las víctimas y a las asociaciones de familiares en las exhumaciones de las fosas comunes, que son consideradas, a la práctica, como una cuestión particular y no pública. Hay que recordar que hasta ahora se han identificado 2.382 fosas en toda España, donde se calcula que pueden estar los restos de unas 50.000 personas. Salvo en Catalunya, donde sí hay una ley de Fosas, en el resto de España reina una total arbitrariedad en esta cuestión.
Pero, sobre todo, el informe del relator de la ONU destaca las grandes carencias y vacíos en el terreno de la justicia reparadora y especialmente la interpretación restrictiva de la ley de Amnistía, una ley que hoy es incompatible con los pactos internacionales sobre derechos civiles y políticos firmados por el mismo Gobierno español. Esta fue una ley que inicialmente tenía que extinguir las responsabilidades penales de los condenados políticos del franquismo y al final incluyó también los delitos contra las personas cometidos por funcionarios, policías y militares del régimen dictatorial. Ahora, 38 años después, la cuestión fundamental sigue siendo las dificultades para la anulación de las sentencias de los consejos de guerra y otros tribunales políticos del régimen de Franco. Porque si bien la llamada ley de Memoria Histórica del año 2007, de la etapa de Zapatero, reconoce el carácter injusto y la no legitimidad de las condenas políticas dictadas durante el franquismo, esta ley sólo permite a las víctimas pedir una declaración de “reparación y reconocimiento personal”, pero no anula las sentencias. El gobierno socialista español no se atrevió a hacer lo que los alemanes acababan de hacer con los juicios políticos del nazismo y de la RDA: anularlos todos. Los argumentos utilizados en España para no hacerlo son una auténtica vergüenza, tanto en términos éticos como en políticos: que si aquello podía significar un ataque al “principio de seguridad jurídica” y de cosa ya juzgada, que si los consejos de guerra eran juicios realizados según “la legalidad entonces vigente”, etcétera, etcétera. El informe del relator de la ONU acaba con una conclusión bien clara: los gobiernos de la España democrática no han tenido ningún interés en propulsar una auténtica justicia reparadora de los crímenes del franquismo y no se ha hecho justicia con muchas de las víctimas. El filósofo Reyes Mate resume esta situación con una frase lo bastante clara: “Cualquier sistema político, incluso la democracia, queda cuestionado si acepta como precio por su éxito el olvido de las injusticias cometidas”. La sombra del dictador sigue siendo demasiado alargada y prolongada 40 años después de su fallecimiento.
Borja de Riquer, historiador.