"Nos alojaremos allí donde nos quieran”, declara con humildad que deja atónito un representante sindical de la Guardia Civil, la noche misma en la que centenares de sus compañeros son expulsados de sus modestos hoteles, no manu militari,sino comunicándoles que la población local no tolera su presencia. Al parecer, en algún caso la ubicación en poblaciones del entorno de estos alojamientos no se debía exclusivamente a razones logísticas, sino al elevado precio de los hoteles de Barcelona.
Hace más de treinta años, en la Universidad del País Vasco, tuve que atender a los miembros de una patrulla de la Guardia Civil que acudían por un anónimo y falso aviso de bomba. Ante mi extrañeza de que procedieran a realizar la inspección desprovistos de chaleco protector y de material específico, me respondieron que la tarea era para ellos rutinaria, dado lo frecuente de tales alarmas y lo exiguo de los recursos. Tuve un profundo sentimiento de injusticia ante la situación de aquellos hombres sobre los que se proyectaba en la vida cotidiana una agresividad de la que se hallaban exentos aquellos que, en sus propias comunidades de origen, insistían en la necesidad de firmeza frente a la amenaza separatista. Pues bien, por desgracia todo esto no es figura del pasado.
Tras los acontecimientos del 1 de octubre, los gestos de repudio contra las fuerzas de seguridad del Estado se suceden en Cataluña. Sobre los hombros de estas personas literalmente subordinadas y a las que se encomienda a veces la contradictoria tarea de cocinar con guantes blancos, recae con toda injusticia la imagen de una España acosada por sus propios fantasmas, falsamente desafiante, temerosa de hecho y así, casi inevitablemente, despechada. Víctimas auténticamente sociales esos hombres enviados desde comunidades cuyos dirigentes políticos esgrimen ante el problema catalán la causa de la “igualdad de los españoles”, inmediatamente olvidada sin embargo cuando se trata de desigualdades sociales en su propio seno. Víctimas de esos mismos ciudadanos que, jaleándolos a la salida de sus poblaciones con eslóganes deportivos ya sórdidos en sí mismos, dan por supuesto que la bandera que agitan es enemiga de la que ondeará en el lugar al que se dirigen. Víctimas sobre todo de los defensores de una España en la que el imperativo de la unidad elimina el peso de cualquier otra variable. Víctimas en consecuencia de intereses que exigen la unidad, pero hipotecan decididamente la fraternidad y hasta la riqueza, pues si unidad es antónimo de fractura, también lo es de pluralidad y abundancia. Quien tenga cariño a España puede ciertamente vivir en una España eventualmente reducida en extensión, pero sólo con tristeza podrá hacerlo en una España extensa y legalmente unida, pero cargada de afectos antagónicos: una España en la que se hace necesario enviar a hombres allí donde no es seguro que “los quieran”. Y ante el argumento de que sólo se los envía preventiva o cautelarmente, hay que recordar que las falsas guerras son perfectamente compatibles con el verdadero odio.
Para salir de este pantano son completamente vacuas las apelaciones al diálogo: “El nazi y el demócrata podrían ponerse de acuerdo si limitan el temario a sus posiciones respectivas en la lucha contra el alcoholismo”, escribía Saint-Exupéry, refiriéndose precisamente a parodias de diálogo que soslayaban lo esencial en juego. El diálogo debe ser sobre aquello que duele y en consecuencia posibilita bien una separación decente, bien un pacto digno de tal nombre: pacto por una España afirmativa que diera razones para querer vivir en ella, en cualquiera de los lugares y culturas que por interés o afecto deseara ser parte de la misma.
No ignoro que ningún responsable político en el poder está en condiciones de tener como máxima de acción la disposición de ánimo que mueve a escribir estas líneas, pues sería considerado incompatible con la severidad del equilibrio económico-político y barrido del cargo. Hablo pues como español que, consciente de su incapacidad para pesar lo más mínimo en la vida política, manifiesta una convicción difícil de recusar, a saber: que la unidad no es válida a cualquier precio; no válida desde luego al precio de soportar que por uno y otro lado la suficiencia deje paso al despecho y el resentimiento sea contrapunto del desprecio. Sólo saliendo de esta dialéctica se conseguiría que para una parte de sus habitantes (dentro y fuera de Cataluña) España sea de nuevo una palabra a redimir, no una palabra a repudiar.
Víctor Gómez Pin es catedrático emérito de la Universitat Autònoma de Barcelona.