'Don't be' Crue

Lo que voy a escribir a continuación no tiene nada que ver -repito: nada que ver en absoluto- con lo que ocurre en la Franja de Gaza. Tiene exclusivamente que ver con lo que ocurre en la universidad española y con el comunicado emitido por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue) el pasado 9 de mayo, que exige «revisar y, en su caso, suspender los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes que no hayan expresado un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario».

En rigor, la noticia debería haber causado el mismo estupor que si estas exigencias hubieran sido declaradas, por ejemplo, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores o por el Tribunal de Cuentas. Y el escándalo no se debería a que los miembros de estas dos instituciones no sean libres, como lo son los rectores universitarios, de expresar su opinión como ciudadanos en los foros que estimen oportunos, sino al hecho de que, al expresarla en nombre de las universidades españolas, habrían violado su neutralidad institucional.

'Don't be' Crue
RAÚL ARIAS

Ya comprendo que, en el momento que actualmente vive nuestro país, en el que la defensa de los intereses generales, la independencia de los tribunales o la credibilidad de los periodistas se han visto arrastrados por los suelos por parte del Gobierno, la neutralidad institucional de la universidad puede parecer una broma. Pero el caso es que, desde fecha tan temprana como 1967, la Universidad de Chicago, en el llamado Informe Kalven, estableció las razones por las cuales esa neutralidad es un principio clave para la vida de las universidades, que paso a resumir.

Una universidad es una comunidad, pero no un club, un lobby o un sindicato. Lo que agrupa a todos sus miembros es su dedicación a la enseñanza y a la investigación de las disciplinas que la componen. En ella debe reinar la más amplia libertad académica, con el único límite del servicio a los fines recién mencionados. Y la única manera de que la universidad pueda procurar a todos sus miembros esa libertad intelectual, sin la cual su función quedaría asfixiada, es el mantenimiento de su independencia respecto de las modas sociales y las presiones políticas. Porque sólo así puede garantizar a todos sus profesores y estudiantes -que no se han reunido en la universidad por sus afinidades políticas, ideológicas, religiosas o sindicales- su libertad individual para participar en la acción política y en los movimientos sociales que consideren pertinentes. En el momento en el que la universidad, como institución, se pronuncia colectivamente a favor o en contra de una determinada opción política, aunque lo haga con la mejor intención, estará de hecho restringiendo la libertad académica de sus miembros y censurando la posición individual de quienes, en su seno, no compartan esa postura. La experiencia del modo en que muchas universidades del mundo se han desnaturalizado al politizarse es un aviso suficiente contra ese peligro.

Mi generación guarda el triste recuerdo de lo que la politización franquista hizo de la universidad de su época, pero quienes también la hemos conocido después de ello podemos aportar, desde nuestra experiencia, el testimonio de que aquella desnaturalización de la vida académica, que hasta hace poco parecía felizmente superada, no lo está tanto como nos gustaría. Ya desde antes de mi ingreso en la facultad resonaba en mis oídos la sospechosa expresión «movimiento estudiantil». Una expresión grotescamente calcada de la de «movimiento obrero», que convierte a los estudiantes en algo parecido a una clase social, un sexo o una corporación con intereses políticos homogéneos -cosa que claramente no son-, les dota de un «sindicato» y organiza «huelgas», como si el profesorado fuera una patronal que explota su «fuerza de estudio» y no un cuerpo al que pagan por sus servicios educativos.

Este supuesto «movimiento» estaba -y está- dirigido por un grupo político que fraguó su prestigio como ariete de la lucha antifranquista (pero cuyos fines son mucho más ambiciosos), en el cual militaban -y militan- los profesores que tutelan ese movimiento y le suministran los argumentarios. A diferencia de lo sucedido en los debates transversales sobre el Plan Bolonia, en los que, al menos en mi facultad, las asambleas de profesores y alumnos quedaban al margen de la vida académica, a lo largo de los años las iniciativas políticas de este grupo han tenido siempre el mismo efecto sobre la universidad: el lamentable espectáculo de unas facultades colapsadas por las acciones de un pequeño número de estudiantes políticamente organizados que, entre pancartas y pintadas, bloqueaban las puertas de entrada, sellaban las cerraduras de las aulas y quemaban unos cuantos contenedores de basura al son de unas consignas que ni ellos mismos comprendían, impidiendo el paso a la mayoría de estudiantes y profesores, que no participaban de ese rito, mientras un par de furgones policiales observaban desde la distancia cómo unos pocos imponían su voluntad sobre la mayoría. Y todo ello ante la indolencia de unas autoridades académicas que -intimidadas por el recuerdo de la universidad franquista- se habrían dejado cortar varios dedos de la mano antes de solicitar a esos policías, que ya no estaban al servicio de una dictadura, sino de una democracia, el restablecimiento del orden institucional del que esas mismas autoridades son responsables.

Es la misma indolencia gracias a la cual se celebra cada curso -al menos, en la Ciudad Universitaria de Madrid- el día de San Cemento, durante el cual, sin que la fiesta esté señalada en el calendario académico, se suspende paulatinamente toda la actividad docente e investigadora; y se cierran aulas, puertas y ventanas de facultades y bibliotecas para protegerse de una desafiante multitud que se congrega alrededor de unos cuantos vehículos que reparten comida, bebida y lo que cierto ministro llamaría «no sé qué sustancias», dejando al acabar el campus como si un ciclón lo hubiese convertido en un continuum de residuos sólidos y cristales rotos. Algo que, según he escuchado de labios de un portavoz del mencionado grupo político, es un signo distintivo de la juventud universitaria.

La cuestión es que hoy ese grupo político, una de cuyas señas de identidad es la exigencia de ruptura de relaciones con Israel, está en el Gobierno. Lo que, dado el clima de politización total reinante, significa que está también en muchos rectorados. Y es precisamente ese grupo el que ha redactado la nueva Ley de Universidades. Como es también el que ha exigido a los empresarios españoles y a la radiotelevisión pública lo mismo que la Crue a los universitarios: abstenerse de todo contacto con quienes no compartan su ideología. Y ya no con pintadas o panfletos, sino desde la prensa progresista oficial, ese mismo grupo venía desde hace semanas propagando las fotos de los agitados campus estadounidenses e impacientándose porque los estudiantes españoles no imitaban tan noble ejemplo. Aunque sigue usando pancartas, ahora también diseña posgrados y congresos; ya no pretende bloquear y sellar puertas y cerraduras, sino las voces que no corean sus consignas y las entendederas de los estudiantes a los que adoctrina, con absoluto desprecio por la independencia académica y la libertad individual.

Así que no vendrá mal recordar que la Crue no forma parte de los órganos de representación reglados de las universidades (claustros, juntas de facultad, comisiones académicas, etc.), y que es únicamente una asociación que no puede hablar en nombre de todos los estudiantes y profesores de las universidades que la componen. Tampoco creo que pueda hacer gran cosa por los gazatíes. Pero sí puede, en la medida en que contribuye a la politización de los claustros y a la justificación de las restricciones a la libertad académica y a la independencia intelectual, hacer progresar el desprestigio, ya muy avanzado entre nosotros, de la institución universitaria.

José Luis Pardo, filósofo y ensayista, es catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.

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