Celebramos ahora dos cumpleaños muy unidos para nosotros: el 60° aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 30° de la Constitución española. La primera fue aprobada el 10 de diciembre de 1948 en una sesión de Naciones Unidas celebrada en París, y votaron a su favor 48 países, hubo ocho abstenciones y ningún voto en contra. Era todavía una incipiente organización, cuyo número de estados casi se ha cuadriplicado. En el caso de la Constitución, fue aprobada de una forma abrumadora por el pueblo español en el referendo que se celebró el 6 de diciembre. Así como la primera surgió de las cenizas de la gran guerra, le segunda se levantó sobre los restos de un franquismo que había condicionado la vida de millones de españoles durante 40 años de dictadura. Supuso una ruptura con un pasado en el que los derechos humanos, sobre todo de carácter político, habían sido duramente reprimidos.
Una característica de nuestro texto constitucional es la extensión que dedica a tratar de los derechos fundamentales. El título primero, el más largo, comienza con una declaración solemne y muy importante, al señalar que "la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento del orden político y de la paz social". A continuación se detallan y regulan un elenco de derechos, en cuya interpretación la doctrina del Tribunal Constitucional ha contribuido a fijar sus perfiles.
En el caso de la Declaración Universal, en 30 artículos contiene un catálogo de derechos de carácter civil, po- lítico, social, económico y cultural. Sin embargo, aunque es un texto de referencia fundamental en el mundo occidental, una visión al atlas nos lleva a reconocer que casi en la mitad de los países del planeta son todavía una quimera los derechos más básicos. En Europa somos unos privilegiados, pues son muchas aún las dictaduras que reprimen las libertades. En otros casos, puede hablarse de democracias formales, pero en cuyo desarrollo se vulneran derechos humanos muy importantes. Y eso por no hablar de los millones de personas que carecen no ya de libertades, sino de algo aún más básico, la dignidad, pues viven en condiciones infrahumanas.
La democracia no es solo una forma de elección libre de representantes de los ciudadanos. Es también, y sobre todo, una concepción global basada en unos referentes que tienen un marcado cariz ético como forma de convivencia cimentada en unos valores como libertad, justicia, igualdad y pluralismo, entre otros.
Mirar hacia atrás, siempre sin ira, supone reconocer cómo nuestro país ha progresado en estos años. Las libertades que a los jóvenes les parecen normales hoy son fruto de la superación de vestigios totalitarios que había dejado la dictadura. También del progreso social, para lo que la incorporación a Europa en 1986 fue muy importante. Construir una "sociedad democrática avanzada" (expresión del preámbulo del texto Constitucional) sigue siendo un reto permanente. La democracia debe ser siempre una tarea colectiva donde aspirar a una interpretación progresiva y amplia de los derechos es siempre necesario.
En todo caso, aun siendo muchos los derecho reconocidos en estos dos textos legales, la evolución tan rápida de nuestras sociedades ha alumbrado una generación de derechos que hace 30 o 60 años no se contemplaban. El dinamismo social ha tenido reflejo en esta materia. En efecto, bien sean nuevas realidades o bien la creciente sensibilización respecto de temas hasta entonces en penumbra, ha hecho que se venga hablando de "nuevos derechos".
Estos han tenido plasmación en las recientes reformas estatutarias en España. En efecto, siguiendo la senda de lo alumbrado por las reformas de los Estatutos de Autonomía de la Comunidad Valencia y de Catalunya, los posteriores textos institucionales básicos de las comunidades autónomas que los han actualizado contienen una larga enumeración de derechos de los ciudadanos que viven en ellas.
Junto a la reiteración de algunos ya recogidos en la Constitución, aparecen otros como el derecho a disponer de agua, derechos en materia de inmigración, algunos provenientes de los avances bioéticos, los derechos de los pacientes en la sanidad, los referidos a las personas en situación de dependencia, los derivados del uso de nuevas tecnología como la informática o el internet, etcétera.
Si un cumpleaños siempre debe ser celebrado, dos muy unidos tienen que hacernos sentir felices por lo logrado en este tiempo. La realidad española en 1948 y en 1978 era muy distintos de nuestro presente. En este ha quedado la huella de muchas personas que, con su compromiso con los derechos humanos y la democracia, han hecho posible estas dos celebraciones.
Con satisfacción, pues, hemos de conmemorar estos aniversarios. Pero también huyendo de autocomplacencias que supongan conformismo y admitiendo con naturalidad que la Constitución puede requerir algunas actualizaciones, ya que no se la debe considerar un texto inmutable. En todo caso, hacer que continúe 30 o 60 años después la tarea de la libertad y la igualdad es uno de los mejores legados que les podemos dejar a nuestros hijos.
Jesús López-Medel, abogado del Estado.