Dos fenómenos rivales o complementarios

Por Andrea Noferini, Institut Universitari d´Estudis Europeus (LA VANGUARDIA, 29/06/08):

Veamos algunos aspectos de la controvertida relación entre desarrollo económico y democracia (y viceversa): ¿es verdad que a mayor riqueza per cápita se incrementan también las posibilidades para la democracia?; ¿cómo influyen los regímenes políticos sobre el desempeño económico de un país?

Empecemos por la segunda cuestión. Desde una óptica economicista, y para la desolación de los defensores de la democracia, cabe afirmar con cierta confianza que los regímenes políticos no influyen significativamente en el crecimiento económico de un país. Los economistas han invertido mucho tiempo en la elaboración de refinados análisis econométricos para encontrar, finalmente, que la relación entre democracia y crecimiento no es estadísticamente significativa.

Además, no es necesario llamarse Joseph Stiglitz para observar que uno de los países que más vigorosamente han estado creciendo en estos últimos años, la República Popular de China, no es precisamente un régimen democrático, tal como lo entendemos en Occidente. Lo que sí se puede afirmar es que el desempeño económico de las democracias suele ser más estable. Las democracias crecen, en media, más lentamente que los regímenes autoritarios, pero no alcanzan nunca resultados económicos tan negativos como los presentados por las peores dictaduras.

En cuanto a la primera pregunta – la relación entre niveles de desarrollo y democracia- propongo aquí un ejercicio intelectual que escandalizaría a un simple estudiante con rudimentarios conocimientos de inferencia estadística, pero que puede resultar útil justamente para no incurrir en aproximaciones simplistas.

Si consideramos la lista de los países “más democráticos”, encontramos, sin mayores sorpresas, a Finlandia en el primer lugar, seguida por Dinamarca, Suecia, Nueva Zelanda, Suiza, Holanda, Noruega, Canadá, el Reino Unido y Australia. Las primeras diez democracias del mundo son claramente economías capitalistas opulentas, con una renta anual per cápita que oscila entre los 26.400 de dólares de Nueva Zelanda y los 53.000 de Noruega.

Si observamos, por el contrario, el final de la lista, entre los diez países “menos democráticos” (de menos a más), encontramos a países como Birmania, Turkmenistán, Uzbekistán, Somalia, Bielorrusia, Libia, Zimbabue, Eritrea, Laos y la República Democrática de Congo. También sin sorpresas, podemos observar que la mitad de ellos son estados africanos y que se encuentran entre los países más pobres, con una renta per cápita anual que (excluyendo el caso de Birmania) varía desde los 188 dólares per cápita de Zimbabue hasta los 12.000 dólares de Libia.

¿Podemos entonces concluir que el nivel de renta per cápita predice bien el régimen político de un país? Rotundamente, ¡no!

Afortunadamente, hoy el debate es mucho más complejo que cuando se aceptaba como una verdad absoluta el paradigma de la modernización. Desde tal óptica – en sus múltiples versiones, desde Marx hasta Weber, pasando por Lipsey e Inglehart- se mantenía que la industrialización, al promover el crecimiento económico, llevaría a la formación de una clase media urbana con mayores niveles educativos y a nuevas demandas políticas.

A largo plazo, esta clase cuestionaría el dominio de la elite gobernante, que se vería obligada a conceder libertades políticas a la población. Pero en realidad, en la actualidad sabemos que los cambios estructurales que promueven el desarrollo de la democracia no siguen ningún recorrido predeterminado. En la segunda mitad del siglo XIX, John Stuart Mill planteaba, siguiendo las líneas de pensamiento de su época, que sin un pueblo dispuesto a aceptarla, conservarla y defenderla, cualquier forma de gobierno representativo estaba destinado al fracaso. Actualmente, la idea prevalente es otra y sugiere un cambio de perspectiva relevante. Un pueblo no tiene que ser considerado apto para la democracia. Un pueblo deviene apto para la democracia mediante la democracia misma.

Finalmente, como ya Albert Hirschman había intuido hace más de veinte años, no existe ninguna relación causal directa entre democracia y desarrollo económico. Ambos fenómenos pueden coevolucionar, sea en términos de rivalidad o en términos de complementariedad. Al reconocer esta complejidad, perdemos capacidad de predicción como científicos sociales.

Pero también evitaremos el enunciado de nuevas profecías incumplidas.