Dos fuerzas antagónicas

Ha querido el azar que coincidan en tiempo y lugar dos corrientes contrarias, dos fuerzas en lucha. La una, temible, gusta de actuar enmascarada; la otra, a cara descubierta, pugna por conservar nuestros derechos y libertades, por mantener los controles y equilibrios entre poderes. La que se imponga determinará el futuro de las democracias liberales.

La fuerza constructiva la simboliza el Congreso Mundial del Derecho que la Asociación Mundial de Juristas inaugura el lunes en Madrid. La otra fuerza, antagónica, es la resultante de muchos vectores. Las amenazas a la democracia liberal son múltiples y, además, se solapan con la revolución tecnológica y con una serie de causas globales que no conviene contemplar por separado. Bajo las buenas intenciones de cada causa, se trituran principios como la presunción de la inocencia, se invierte la carga de la prueba, se fomenta el uso alternativo del Derecho (el sesgo ideológico con trágala), o se limita la libertad de expresión de maneras que creíamos superadas.

Esa tendencia se ve aquí en las arbitrariedades administrativas, en las presiones del Gobierno sobre otros poderes, en el retorcimiento y burla de la ley. Cómo no, los ataques se suelen perpetrar invocando una interpretación más flexible de la Constitución. Es decir, más conveniente. Así se está poniendo el ordenamiento jurídico, de su cúspide a su base, al servicio de un programa parcial y militante. Excluyente por tanto. Un programa que se nutre del antagonismo, lleno de connotaciones ideológicas y apoyado en técnicas de ingeniería social.

Es una deriva propia del sanchismo, pero presente en otros países, en otros continentes. Conduce a la dictadura constitucional, a la autocracia, de forma gradual. Poco a poco, un régimen presidencial o, en nuestro caso, uno de canciller con otro nombre, va talando las ramas de los otros poderes, órganos e instituciones del Estado que le molestan. Sin modificar formalmente la Constitución, cuando el Ejecutivo, embebido de su poder, no tiene bastante con las talas, mueve con nocturnidad las lindes de la división de Montesquieu con toda suerte de artimañas.

El órgano de gobierno de los jueces se ve constreñido a defender el interés de quienes lo nombraron. El Tribunal Constitucional dilata sus decisiones de modo que las contrarias al Gobierno son papel mojado. La independencia de los jueces, de cada juez, se estrecha cuando se excitan estados de opinión sobre asuntos ‘sub iudice’. Y cuando un juez se resiste, sufre acosos o campañas mediáticas ‘ad hominem’. Conocemos la facilidad con que la Abogacía del Estado actúa o deja de actuar en casos delicados. Es la jerarquía. Ya, pero solo refleja obediencia política y conveniencia partidaria. Hasta la Fiscalía se ve en la tesitura de contorsionarse cuando, tirando también del principio de jerarquía y atenuando el de legalidad, obedece a una persona comprometida con un proyecto político concreto.

Sigamos con el caso español, que es el que más nos interesa, sin olvidar que la tendencia autocrática de las democracias liberales es un fenómeno global. Vamos con el poder legislativo: no hay más que recordar lo sucedido al inicio de la pandemia. Los que retienen en la memoria algo más que el día a día de la política recordarán la forma en que el Gobierno cogió una terrible amenaza para la salud pública y la convirtió en una impagable oportunidad de librarse del control del Parlamento. Acuda a la hemeroteca el olvidadizo. Teniendo a mano cualquier español la Constitución, asombra el arrojo temerario con que el Ejecutivo trató de ignorar esta norma básica: ninguno de los estados excepcionales previstos por la Constitución (el de alarma es el más tenue) puede interrumpir el funcionamiento de las Cámaras. Pero eso es exactamente lo que aquí sucedió durante unas semanas ominosas.

En la tendencia deletérea, esa que va cercenando libertades, derechos y garantías mientras neutraliza y deja maniatados a cuantos órganos e instituciones pudieran contrariar los planes políticos del Gobierno, hallamos vergüenzas como las que siguen. Al Tribunal de Cuentas lo han puesto varios miembros del Ejecutivo en el punto de mira, lo han tildado de «piedra en el camino», le han obligado a jugar a un juego que no es el suyo, convirtiendo sus posibles resoluciones en un interruptor que, de apagarse, impediría a la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno ver cumplidos los acuerdos con los separatistas. Seguramente Sánchez se mantiene en la mostrenca convicción de que él es quien manda, y ya está. Burda y autoritaria concepción del poder que enseñó la patita hace unos meses en plena entrevista radiofónica: «La Fiscalía, ¿de quién depende? Del Gobierno. ¡Pues ya está!».

Estaremos atentos el lunes. Presidirá la sesión inaugural del Congreso Jurídico Mundial el Rey Felipe. Nadie más adecuado. Con toda justicia, los organizadores ya premiaron al Monarca en 2019 con el World Peace and Liberty Award, galardón que muy pocos han obtenido, entre ellos Churchill y Mandela. En 2017, el Rey de España se convirtió en el último nexo entre el sistema y los constitucionalistas catalanes tras el golpe de septiembre y octubre. Saben los numerosos presidentes de tribunales constitucionales y de tribunales supremos que se reunirán en Madrid, saben los muchos fiscales generales y autoridades mundiales del Derecho que si ha habido en los últimos años un defensor eficaz del imperio de la ley, ese ha sido Felipe VI. No es extraño que los del «uso alternativo del Derecho», que son más bien los de la alternativa al Derecho (la barbarie), lo quieran amordazado.

Juan Carlos Girauta

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