Dos referéndum para Cataluña

Sí, no uno, sino dos. ¿No quieres caldo? Dos tazas. Y quizá esta poción fuera el bálsamo que contribuyera a facilitar la convivencia.

En un artículo anterior sobre la proclividad de los catalanes a declararse independientes y los catastróficos resultados que los varios intentos habían producido con pérdidas de vidas, haciendas y territorios, ponía yo también de relieve que estas declaraciones de independencia se habían hecho de manera antidemocrática, en el sentido de que las había pronunciado una minoría exigua (en algún caso un solo individuo) sin consultar de una manera reglada y ordenada al conjunto de la población. Señalaba también que este era el caso de la última ocurrencia del 'president emboscat', Sr. Mas, que presenta una candidatura independentista heterogénea y considera que, si esta candidatura obtiene la mayoría simple en el Parlament catalán, estará investida con el mandato y la autoridad para declarar a Cataluña independiente. Ahora bien, dados los parámetros de las últimas elecciones catalanas, esta mayoría parlamentaria se puede obtener con menos de un tercio del censo electoral, y menos de la mitad de los votantes. Esto significa que este grupo de políticos entre los que se agazapa el Sr. Mas considera que con el apoyo de menos de un tercio de la población catalana estarían legitimados para tomar una decisión de tal envergadura, que afectaría gravemente a los dos tercios restantes de la población catalana, al resto de los españoles y, en medida no despreciable, al resto de la Unión Europea. Este fraude democrático no puede engañar a nadie que no quiera ser engañado, y entre los que advertirán palmariamente el fraude están, naturalmente, los órganos rectores de la Unión, a la que con tanto fervor dicen querer pertenecer los separatistas, a la que ya pertenecen por pertenecer a España, y a la que abandonarían al separarse de esta nación miembro.

Dos referéndum para Cataluña

Apelando a la paciencia del lector, recordaré que el párrafo final del artículo de marras propugnaba un referéndum "a la canadiense", es decir, simplificando mucho, con plenas garantías democráticas. Esta propuesta, hecha apresuradamente por falta de espacio, no convenció a muchos lectores, algunos de ellos amigos, y otros desconocidos para mí que se expresaron por escrito. Las opiniones de dos lectores resumen esta postura crítica. Una escribió: "Salga o no adelante la consulta referéndum falsa e ilegal, seguirán con su matraca 'ad infinitum'". Y otro: "Con lo bien que iba el artículo, para acabar malamente, concediéndoles el derecho de autodeterminación, que es lo que ellos piden...". Ambos tienen parte de razón, y me gustaría en lo que sigue responderles y explicar con un poco más de detalle en qué consiste mi propuesta y sus motivaciones.

Es cierto que la Constitución española, como la de cualquier otro país, menos la inglesa -que, por no estar escrita, es como de chicle-, no prevé la autodeterminación de sus regiones o provincias. No obstante, la situación política de Cataluña ha alcanzado tales niveles de conflictividad (o de "matraca"), que la simple remisión a los preceptos constitucionales no parece convincente a una parte sustancial de la población catalana. Hay una razón muy clara para que esto sea así, y se trata de algo que es responsabilidad de los gobiernos españoles, de Felipe González en adelante. Esta razón es que, desde que Jordi Pujol alcanzó el poder y, especialmente, desde que el caso 'Banca Catalana' se cerró en falso, por medio de una demostración de demagogia multitudinaria y victimismo rampante a finales de mayo de 1984, los gobiernos españoles firmaron un pacto tácito con el entonces 'molt honorable' por el cual ellos no interferirían en la política interior de la Generalitat mientras esta no se manifestara abiertamente separatista. Tal falta de interferencia implicaba el renunciar a hacer cumplir la Constitución y muchos otros aspectos de la legislación española, incluidas las resoluciones judiciales, incluso, en algunos casos, las del Tribunal Constitucional.

Las violaciones más flagrantes de la Constitución han sido aquellas que se refieren a los idiomas. El Art. 3 lleva siendo vulnerado a diario en Cataluña desde hace décadas. El castellano hace mucho tiempo que dejó de ser lengua oficial en Cataluña ante la pasividad de los gobiernos nacionales, cuyos débiles intentos de mantener un mínimo nivel de enseñanza en castellano allí son diariamente frustrados y burlados por los gobiernos de la Generalitat. Otra violación puramente simbólica pero de gran importancia es la del Art. 4. La bandera de España ha dejado de ondear en la mayor parte de los edificios oficiales en Cataluña sin que el Estado haga el menor esfuerzo por rectificar esta situación. Las leyes educativas españolas apenas se aplican en Cataluña. La Historia de España no se enseña en español, por supuesto, y a tenor de los libros de texto de las grandes editoriales, lo que pasa por tal materia es una narración de la opresión sistemática con que los gobiernos españoles han sometido a Cataluña, en especial, pero no exclusivamente, desde 1714. En virtud de todo esto a uno le parece cuando menos comprensible que muchos catalanes, aunque sus padres la hubieran votado masivamente, consideren la Constitución española como algo que no va con ellos; realmente, no va con ellos, y los gobiernos españoles así parecen haberlo aceptado. Venirles ahora a los catalanes con que la Constitución no permite un referéndum de autodeterminación les puede parecer un pretexto arbitrario y otra muestra de opresión. "¿Si no se cumple el artículo 3, por qué ha de cumplirse el 2?", pueden preguntarse con cierta razón.

De este atolladero no se sale con más pasividad. El nacionalismo se retroalimenta y a ello contribuyen las concesiones, el apaciguamiento y el 'dolce far niente'. Ha llegado la hora de la verdad, la hora de que los separatistas catalanes afronten las consecuencias reales de sus exigencias. Si quieren referéndum, que lo tengan, pero en condiciones previamente pactadas con el Estado: la pregunta tiene que ser clara, y la mayoría por la independencia tiene que ser también clara: un 60% del censo electoral y un 75% de los votantes. Y el referéndum debe ir precedido de un año, al menos, en que los unionistas tengan armas informativas con las que hacer frente al bombardeo propagandístico al que los separatistas, con el apoyo de la Generalitat, han sometido a la población durante años y años.

Ahora bien: esto no está previsto en la Constitución; por eso se necesita un referéndum previo, de acuerdo con el Art. 92, en que el pueblo español se pronuncie sobre la admisibilidad de un referéndum catalán con estas características. Se trataría de una medida excepcional dentro de la actual versión de la Constitución. El referéndum catalán no podría repetirse a menos que se enmendara la Carta Magna. Y si, en el caso muy probable de victoria del 'no', el Gobierno español comenzara a exigir el cumplimiento de la legalidad española en Cataluña, quizá terminara la "matraca 'ad infinitum'" de los separatistas.

¿Y si en este primer referéndum gana el no? El Gobierno español debiera poner todos los medios legales a su alcance a favor del sí. Pero, en cualquier caso, debiera cumplir su juramento de velar, en todo momento por la aplicación de toda la ley en toda España. Esto es la esencia de la democracia y el buen Gobierno.

Gabriel Tortella es economista e historiador.

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