Dos verdades cuestionables

El pasado 3 de abril, Cristóbal Montoro entregó los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados con un ajuste en los gastos (excluidas partidas comprometidas como intereses, financiación de Administraciones Territoriales, pensiones de clases pasivas, etc.), del 1,7% del PIB, es decir, equivalente a 18.500 millones de euros. Sólo seis días después, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien previamente había afirmado solemnemente aquello de le voy a meter la tijera a todo, salvo a pensiones, sanidad y educación, anunciaba un recorte de nada menos que 10.000 millones en estas dos últimas partidas, las cuales pasaban, de forma fulminante, de ser intocables a principales agraciadas en el triste premio gordo de la poda. ¿Cómo calificarlo? ¿Engaño, improvisación? Y Zapatero sin dimitir… Por cierto, nuestra prima de riesgo, lejos de moderarse, escaló al día siguiente de los 402 a los 434 puntos, poniendo en duda, una vez más, el supuesto efecto apaciguador que sobre la misma tiene este tipo de tratamiento.

Tras aprobar el Consejo de Ministros en su reunión del día 20 las duras medidas en que se concretan tales recortes, la vicepresidenta, en rueda de prensa, las defendió con dos argumentos principales que expuso con didáctica serenidad, como si se tratara de dos verdades irrefutables. La primera, que tales recortes son inevitables e imprescindibles, dada la situación. La segunda que, siendo esto así, lo importante es que con estas decisiones el esfuerzo se reparte entre los ciudadanos equitativamente. Pues bien, permítanme que cuestione tanto lo uno como lo otro. Y no me entiendan mal, soy tan consciente, como el que más, de la imperiosa necesidad de reducir nuestro déficit público, y que habría que hacerlo incluso aunque no se nos demandara desde Bruselas, Berlín o donde quiera que sea. Lo que es discutible, al menos, es la forma de reducirlo.

Parece haberse olvidado algo tan obvio como que el déficit no es más que el resultado de la diferencia entre dos magnitudes: los ingresos y los gastos. Tanto nuestro Gobierno como las instituciones comunitarias e internacionales, centran toda su atención y sus dolorosas medidas en lo concerniente al gasto público y, en especial, en la parte del mismo que realiza la función redistributiva dentro de nuestra sociedad, como si en él, y de forma exclusiva, radicará el origen del problema y, por consiguiente, su solución. Sin embargo, déjenme poner sobre la mesa algunos datos:

Según los que acaba de publicar el 23 de abril la oficina estadística de la Comisión Europea (EUROSTAT), referidos a 2011, el porcentaje que representaba el gasto público sobre el PIB era por término medio de un 49,1% (49,3 en la zona euro). Alemania, por ejemplo, presentaba un 45,6, Italia un 49,9 y Francia un 55,9. ¿Dirían ustedes, entonces, que un país que presentara un porcentaje de gasto respecto a su PIB del 43,6 tendría un grave problema con su nivel de gasto público? ¿O sólo lo dirían si, como ocurre en este caso, se trata de España? Por cierto, el endeudamiento de nuestro país al final de ese mismo año, según la misma fuente, era del 68,5%, frente al 87,2% de media en los países de la zona euro.

Veamos ahora el otro componente, es decir, los ingresos. Pues bien, resulta que, también según EUROSTAT, en 2011 el porcentaje que representaban los ingresos públicos respecto al PIB era, por término medio, en la Unión Europea del 44,6% (45,7% en la zona euro), mientras que en España, y sin que ello signifique en absoluto que nuestros tipos impositivos y cotizaciones sociales sean más bajos, se reducía al 35,1%. Esta diferencia aún era mayor si la comparación se hacía con los tres países citados anteriormente (Alemania 44,7, Italia 46,1 y Francia 50,7). Traduciendo a román paladino, y teniendo en cuenta que nuestro actual PIB es ligeramente superior al billón de euros, esto quiere decir que, si España consiguiera alcanzar un nivel de ingresos públicos simplemente parecido al de los países de nuestro entorno, y no veo por qué esto tiene que ser necesariamente imposible, se dispondría cada año de unos recursos adicionales superiores a 90.000 millones de euros. Comparen esta cantidad con los algo más de 28.000 millones de euros que nos ahorramos con los dolorosos recortes del gobierno Rajoy.

Estas cifras se aproximan además, curiosamente, a las que se desprenden del análisis realizado recientemente sobre el fraude fiscal en España por la consultora i2 Integrity, según la cual éste ascendería a 70.000 millones de euros al año, de los cuales, a su vez, y según un informe del sindicato de los Técnicos de Hacienda, el 71% correspondería a grandes fortunas y grandes empresas.

¿Se comprende ahora que, al menos, sea cuestionable que los recortes en educación y en sanidad sean inevitables y que el esfuerzo se esté repartiendo equitativamente entre todos los españoles?

El pasado 17 de agosto de 2010 el periódico Expansión decía en un titular: No se deje engañar: los españoles, entre los europeos que más impuestos pagan. Para no dejarme engañar he vuelto a los datos publicados recientemente por EUROSTAT respecto a los ingresos de los países miembros de la zona Euro, dando por supuesto que España estaría entre los países que más ingresan a notable distancia de aquellos que en nuestro país mantienen la fama de que sus ciudadanos no pagan impuestos en la medida en que lo hacen el resto de ciudadanos europeos. En España, como ya se ha dicho más arriba, los ingresos recibidos con respecto al PIB, representa el 35,1%, mientras que en Grecia, esos ingresos representan el 40,9%, es decir, 5,8 puntos porcentuales más que en España. En Italia, esa cifra llega al 46,1%, o sea, 11 puntos porcentuales más que en España. En Portugal, otro país intervenido, el porcentaje de ingresos alcanza la cifra del 44,7%, 9,6 puntos porcentuales más que España. Hasta Irlanda, con el 35,7% supera a España en seis décimas en su porcentaje de ingresos. Sorprendentemente, sólo Bulgaria, Lituania, Rumanía y Eslovaquia, países que vienen de un sistema político y económico diferente al nuestro, se sitúan por debajo de España en el ranking de los 27 países que conforman la Unión Europea.

Y si las cosas son así, ¿cuáles son las razones que impiden a los gobiernos —antes PSOE y ahora PP— tomar las medidas conducentes a evitar que a las dificultades inherentes a la crisis se sumen las injusticias que suponen la rebaja en el Estado del bienestar por no combatir el fraude? El fraude fiscal no está en el código genético de los españoles como suponen algunos, que pretenden justificar el fraude con la genética. Hay unos cuantos ejemplos en España que desmienten lo de la genética. Durante muchos años, los responsables de tráfico se manifestaban impotentes a la hora de disminuir las cifras de muertos por accidentes de circulación. También, entonces, se acudía a la genética para eludir responsabilidades y para no adoptar medidas que taponaran esa herida que cada año sangraba más. Bastó con que se adoptaran medidas sancionadoras de cierta dureza para que nuestros genes cambiaran como por arte de magia cuando supimos que podíamos quedarnos sin permiso de conducir o ir a parar con nuestros huesos a la cárcel por hacer lo que hacíamos antes al volante. Cuando fueron modificadas las leyes y la autoridad competente decidió cortar por lo sano, se acabó el cuento y disminuyeron los accidentes y los muertos en los mismos. ¿Por qué no seguir ese mismo ejemplo a la hora de acabar con la genética defraudadora?

Juan Carlos Rodríguez Ibarra es ex presidente de la Junta de Extremadura.

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