Drogas ilícitas y diplomacia ciudadana

Resulta notorio que la “guerra contra las drogas” -fuertemente influida por el prohibicionismo- es costosa y contraproducente. Aunque Naciones Unidas asegure que el problema va superándose, los datos objetivos muestran que empeora. Recientemente, en marzo, la ONU realizó un balance de la década de la lucha antinarcóticos que proclamó en 1998: al tiempo que numerosos representantes gubernamentales reafirmaban las virtudes de las políticas aplicadas, las voces de muchas ONGs, expertos y movimientos sociales enfatizaron el fracaso del régimen global antidrogas vigente.

Este régimen pretende eliminar por medios represivos el cultivo, la producción, el procesamiento, el tráfico, la distribución y el uso de sustancias psicoactivas declaradas ilegales. Cabe subrayar, sin embargo, que la prohibición subyacente al actual régimen no es “pura”: prevalece un modelo inconsistente de coerción. Por un lado, se castiga y se persigue a determinados protagonistas y con énfasis a ciertas dimensiones del fenómeno. Por el otro, se toleran relativamente las prácticas de algunos agentes en determinadas coyunturas y de acuerdo a criterios bastante opacos. Ya sea en su versión “pura” o “impura” la consecuencia de la prohibición ha sido invariable: genera más corrupción, violencia, lucro e inestabilidad; hechos que afectan de manera desigual a las sociedades de la periferia y el centro.

Uno de los hechos más preocupantes ligados al irresuelto asunto de las drogas es el auge del crimen organizado. Una nota distintiva identifica el desarrollo de la criminalidad organizada: ésta se expande en tres estadios. Tiene una fase “predatoria” inicial, consistente en la afirmación territorial de grupos criminales que garantizan su poderío por medios violentos, y con ello logran defender su empresa ilícita, eliminar rivales y asegurar el monopolio privado de la fuerza. Tiene una fase “parasitaria” posterior, que implica mayor influencia política y económica, combinada con una gran aptitud para corromper el Estado y la sociedad. Y tiene un último nivel “simbiótico” cuando para lograr su afianzamiento el sistema político y económico se vuelve tan dependiente del “parásito” -es decir, del crimen organizado- como éste de la estructura establecida. En ciudades y regiones a lo largo del sistema internacional y en grandes porciones del territorio de algunos países los avances de la fase “simbiótica” son elocuentes.

En el Norte la percepción de amenaza del crimen organizado se entrelaza con la cuestión del terrorismo y la posibilidad de que los Estados fallidos sirvan de santuario para ambos; lo cual significa todo un problema de seguridad. En el Sur la mirada sobre el ascenso del crimen organizado se vincula con la vulnerabilidad externa y la institucionalidad interna; esto es, se trataría de un problema de gobernabilidad. Así, la criminalidad organizada socava la democracia, debilita el Estado de derecho, facilita la corrupción, aumenta la injusticia social, produce costos directos e indirectos a la economía, degrada el sistema político y mina la soberanía.

Esta discordancia entre el Norte y el Sur puede tener consecuencias negativas para superar la cuestión del crimen organizado. Tal como lo muestra el manejo de otros temas -por ejemplo, el terrorismo transnacional- hay dos alternativas diferentes y dos enfoques disímiles. Respecto a las alternativas puede existir una postura defensiva que intenta lidiar preferentemente con las dimensiones del fenómeno en el propio territorio u otra postura ofensiva que busca transferir masivamente al exterior el ámbito de lucha. Respecto a los enfoques puede existir uno que enfatice los instrumentos militares para superar la cuestión u otro que propicie medios no exclusivamente punitivos. Si aquel antecedente se repitiese habrá que esperar que el combate contra el crimen organizado se libre preponderantemente en la periferia y por la fuerza.

Una vía, entre otras, para evitar ese escenario, para impugnar el prohibicionismo actual y para exigir que los Estados reviertan el florecimiento del crimen organizado, es a través de la activación de una diplomacia ciudadana, en particular en el triángulo occidental compuesto por Latinoamérica, la UE y Estados Unidos. Entiendo por ese tipo de diplomacia el que grupos no gubernamentales desarmados usurpen benignamente un rol tradicional del Estado, asuman una labor de interlocución legítima con distintas contrapartes en el exterior y desplieguen alianzas novedosas con la sociedad civil internacional.

Se podría estimular entonces la concreción de coaliciones que ayuden a cuestionar y repensar las políticas prevalecientes frente a las drogas. Asimismo, se podría demandar una estrategia integral de los Estados frente al asunto del crimen organizado, de tal modo que se haga hincapié en sus efectos deletéreos para la gobernabilidad, se eluda la militarización de su enfrentamiento y se asuma que las perspectivas en extremo soberanistas para su tratamiento resultan disfuncionales. Por último, se podrían alentar espacios de diálogo para que los Gobiernos de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa confíen más entre sí: en cuanto a las drogas y el crimen organizado sobresale un revelador dilema de prisionero que ya es muy gravoso para todos y cada uno. Es hora de un viraje en esta materia y para ello la diplomacia ciudadana puede ser crucial.

Juan Gabriel Tokatlian, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés, Argentina.