Duerma la ley por un día

Por Andoni Unzalu Guraigordobil (EL CORREO DIGITAL, 20/01/07):

Se ha hecho pública la sentencia del Tribunal Supremo sobre Segi y Jarrai. Y comienza de nuevo en Euskadi una de tantas trifulcas sobre la justicia y las leyes. Sabemos casi exactamente lo que cada tribu va a bramar estos días. Algunos verán en la sentencia el oráculo que anuncia la política antiterrorista del Gobierno, otros la victoria de una facción judicial sobre otra, otros, en fin, gritarán que es un atropello a la democracia.

A estas alturas es realmente difícil opinar sobre la justicia y sus sentencias porque es un sobresalto continuo: hay actuaciones judiciales de todos los colores, en todas direcciones y de forma simultánea. Ya sabemos que la aplicación de la justicia no es matemática pura, pero muchos sospechamos que la legalidad no es en la actualidad su guía más segura. Más allá de las discusiones formales, técnicas, que a la mayoría no alcanzan (y que realmente en el procedimiento judicial no son cosas menores), la actuación de la justicia debe ser razonablemente previsible por la ciudadanía común. La ciudadanía debe saber razonablemente lo que es delito y lo que no.

Hemos pasado del comienzo de la Transición, cuando opinar sobre una sentencia era casi sacrilegio, a trasladar los debates estrictamente políticos al terreno judicial. ¿Claro que se está politizando la justicia! Y podríamos añadir que en esto no se salva ni Dios, aunque es difícil encontrar ataques frontales tan desmesurados como las últimas declaraciones de la portavoz del Gobierno vasco. Y qué podemos decir sobre el procedimiento judicial del 11-M.

Es verdad que el actual enfrentamiento sin mesura entre el PSOE y el PP está dañando la credibilidad del sistema, pero la deslegitimación que, poco a poco, se está extendiendo sobre la judicatura es un daño mucho mayor para el sistema democrático. La verdad, no sé lo que los ciudadanos podemos hacer para remediarlo, más allá de la crítica razonada. Pero en Euskadi la situación es aún peor. El otro día oí a Maite Pagazaurtundúa decir que el problema que tenemos es que no existe el imperio de la ley. Comparto su opinión. El daño más grave que ha causado el terrorismo en Euskadi es la ausencia del imperio de la ley y, aunque duela decirlo, en esta labor ETA ha tenido un aliado inestimable en el nacionalismo institucional.

Estos días habrá en Euskadi mucha gente en contra de la sentencia del Supremo: obviamente casi nadie se va a leer la sentencia; algunos discreparán porque honradamente no están de acuerdo con la interpretación concreta que hace el alto tribunal. Serán los menos. La mayoría discrepará porque no acepta la legitimidad del Supremo español o porque no acepta la legislación aplicada. Un partido político puede criticar una ley concreta y proponer su modificación, lo que no se puede es no reconocer las consecuencias legales de una ley que no nos gusta. En este sentido el Gobierno vasco ha hecho los últimos años una labor de zapa de consecuencias nefastas. En Euskadi hay un sector nacionalista importante que no reconoce la legitimidad del Estado constitucional español. Ése es realmente el problema fundamental. Y mientras eso sea así todo debate sobre las actuaciones judiciales o la legalidad es imposible. La mayoría de los que van a criticar la sentencia del Supremo no reconocen la legitimidad de la institución ni de la ley aplicada. ¿Cómo podemos debatir en estas condiciones sobre la sentencia? Es imposible.

Antes he comentado que Maite Pagazaurtundúa decía que en Euskadi no existe el imperio de la ley. Y no existe por dos razones: porque sectores importantes de todo el nacionalismo no le reconocen legitimidad a la legislación constitucional, y porque no se aplica. Porque ha habido durante estos 25 años vacíos importantes reiterados y sistemáticos en su aplicación. Recordarán los lectores aquellas manifestaciones en las que un enorme rugido uniforme gritaba por las calles de Euskadi ‘ETA mátalos’. No conozco ningún procedimiento judicial iniciado por estos hechos. O los homenajes a los miembros de ETA cuando salían de la cárcel, que casi siempre terminaban con el ardoroso ‘Gora ETA militarra’. Homenajes que se realizaban, muchas veces, utilizando infraestructura municipal, con la autorización municipal y a veces con financiación municipal. No conozco ningún alcalde vasco inhabilitado por estos hechos. Es verdad que poco a poco se ha ido ampliando el territorio de la legalidad, en gran medida por la denuncia llevada a cabo durante muchos años por las víctimas del terrorismo. Hoy, esos hechos que narro no serían posibles. Pero supongo que serían igual de delictivos hace 15 años que ahora. ¿Dónde estaban los jueces, los fiscales, los policías?

Incluso los sectores que reconocían la legitimidad del Estado constitucional han ralentizado la aplicación del imperio de la ley en Euskadi. Básicamente se argumentaba que la aplicación estricta de la ley (¿de qué otra manera se puede aplicar?) generaría mayores problemas que beneficios. Que había que ir poco a poco. Y ese poco a poco ha resultado de una lentitud desesperante en Euskadi, mientras se afianzaba la creencia de que la ley era una especie de chicle que se amoldaba a las necesidades coyunturales.

Después vino el Pacto Antiterrorista y se impuso en los sectores que reconocían la legalidad constitucional la necesidad de la aplicación estricta sin condiciones. Fue un periodo de grandes beneficios, entre otras cosas nos enseñó que solamente la aplicación sistemática hace variar la opinión de la ciudadanía sobre la aceptación de la legalidad.

Y después vino la cosa, ‘el proceso’, y nos acogimos a los griegos clásicos. Decían los antiguos griegos que en ocasiones la situación concreta era tan atípica y particular que no permitía una solución justa y razonable aplicando la legalidad. Como resultaba dañino tanto aplicar la ley como menospreciarla, buscaron una solución en decir ‘duerma la ley por un día’, para permitirles las actuaciones necesarias sin menoscabo de la ley misma. Y al día siguiente, la ley despertaba. En Euskadi la ley lleva durmiendo una larga siesta, haciendo amagos de despertarse, de vez en cuando, con fuertes codazos.

Si a la guerra interna de los jueces añadimos la no aceptación del sistema judicial y la legalidad constitucional por parte del nacionalismo y la confusión de que no sabemos cuándo hay que dormir la ley o despertarla de su larga siesta, nos encontramos en la situación actual. No sabemos si Batasuna es legal o ilegal. Si Arnaldo Otegi es un mahaikide o un paseante pacífico al que casualmente rodean muchos periodistas cuando habla. Y a todo esto, uno me pregunta: ‘Y usted, ¿qué opina sobre la sentencia del Supremo sobre Segi y Jarrai?’. Sólo puedo responderle: ‘¿Y qué me dice de la legalidad constitucional?’. Y antes de que brame, añado una frase del viejo Beccaria: «Para la eficacia de la justicia no es tan importante la cuantía de la pena como su inexorabilidad».