Iván Duque tenía 41 años, escasa experiencia y era casi desconocido poco antes de que en 2018 ganara la presidencia en las elecciones con más participación de la historia reciente de Colombia. Y en unos meses, tras las elecciones presidenciales del 29 de mayo, finalizará su mandato como uno de los presidentes más impopulares (70.7% de desaprobación) después de abanderar las viejas ideas de la derecha autoritaria.
La era Duque será recordada por ser un gobierno mediocre, donde los asuntos públicos fueron reducidos al lenguaje de la estrategia política. Es decir, los problemas del país fueron tratados con eufemismos y campañas de comunicación. Por ejemplo, en vez de decir masacres el gobierno propuso “homicidios colectivos”. Colombia vive de nuevo sus peores traumas: violencia política, conflicto armado, corrupción desbordada, pobreza estructural en las zonas rurales y una de las mayores tasas de desempleo de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
La elección del sucesor de Duque enfrenta un contexto parecido al de 2018: el modelo económico continúa favoreciendo a las élites en lugar de implementar cambios necesarios como la renta básica, una reforma energética para paliar la dependencia del petróleo o aumentar los impuestos a las grandes fortunas. En la lucha contra la corrupción y la criminalidad tampoco ha habido avances, a pesar de que en 2018 los colombianos votaron de forma masiva en una consulta popular anticorrupción, en un claro mensaje al presidente.
A todo esto se ha sumado la crisis de un gobierno que empezó a cavar la tumba de su propio partido, el Centro Democrático, que catapultó a Duque como la nueva esperanza de Colombia. Ahora sus integrantes le critican por débil y lo llaman “socialdemócrata” a manera de insulto.
Colombia, además, elegirá nuevo presidente con la misma herida abierta que cuando Duque llegó: la polarización alrededor de la implementación de los Acuerdos de Paz entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El plebiscito para la aprobación de los AFP de 2016 buscaba cerrar este conflicto de más de medio siglo, pero acabó profundizando la división de la sociedad colombiana entre quienes estaban a favor y en contra de los mismos.
Como candidato, Duque representaba a los partidarios del “No” a los acuerdos, el cual ganó el plebiscito con un estrecho margen y tenía como máximo exponente a su padrino político, el expresidente Álvaro Uribe. Durante su campaña, Duque prometió más militarización y reformas regresivas a los acuerdos que, a pesar del resultado, se puso en marcha por el empeño del entonces presidente Juan Manuel Santos. Ese discurso le valió a Duque para vencer al candidato de la izquierda, Gustavo Petro, exsenador y exintegrante de la guerrilla del M-19, quien estaba a favor de dichos acuerdos.
Ya como presidente, aunque en las formas siempre mantuvo una narrativa de respeto a las instituciones y a las formas de la democracia que lo alejaba de figuras como el expresidente estadounidense Donald Trump o el brasileño Jair Bolsonaro, Duque en varias ocasiones ha despreciado la separación de poderes y el respeto a los derechos humanos, muestra de un liderazgo autoritario.
Para entender esos rasgos de Duque es preciso resaltar dos características que se han repetido en su gobierno: la cooptación de los órganos de control y el uso de medidas arbitrarias para deslegitimar la protesta social.
Una de las principales preocupaciones para la democracia colombiana es la creciente acumulación del poder del presidente, a través del nombramiento de sus amigos o personas cercanas en las instituciones encargadas del control a su gobierno y la impartición de justicia como la Contraloría General, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General. En ellas, el presidente logró nombramientos de gente cercana, con un claro conflicto de interés, o promovió reformas en esas instituciones para favorecer sus objetivos electorales.
Margarita Cabello primero fue ministra de Justicia de Duque y después obtuvo la Procuraduría General. El presidente la ayudó a crear más cargos dentro de la entidad en diciembre pasado, justo en medio del proceso electoral. En la Fiscalía General, Duque hizo elegir, a principios de 2020, a su gran amigo Francisco Barbosa, quien se ha mostrado cuando menos tibio en el caso de supuestos sobornos y manipulación de testigos en contra del expresidente y padrino político de Duque, Álvaro Uribe.
En esta presidencia la creciente movilización social ha ido acompañada de un aumento de la violencia para reprimirla. El saldo del Paro Nacional de 2019 fue de tres personas muertas y 128 lesionadas. El del 28 de abril a julio de 2021 fue de al menos 46 personas muertas, de las cuales la Organización de las Naciones Unidas reportó que 28 fueron a manos de la Policía Nacional.
Ante la violencia institucional, Duque calificó los hechos como “aislados” y llegó a disfrazarse de policía como símbolo de su apoyo irrestricto a la institución. Luego, su gobierno fue ambiguo frente a la autorización de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que publicó un informe en el que se recomendó al Estado realizar una gestión de la protesta con un mayor enfoque de derechos humanos. La principal respuesta de Duque al documento de la CIDH fue: “Nadie puede recomendar que se toleren actos criminales”.
Estos hechos han ayudado a que las elecciones presidenciales se polaricen. Gustavo Petro sigue como favorito en las encuestas, pero tendrá que superar el eterno fantasma de ser un eslabón más del castrochavismo y la desconfianza de las élites políticas y económicas del país.
La incertidumbre entre los otros candidatos más próximos a la derecha es saber si las mismas fuerzas del Paro Nacional le cobrarán en las urnas igual que lo hicieron en las calles. Petro ya dio un primer golpe con la victoria en las elecciones parlamentarias del pasado 13 de marzo, que logró obtener 16 escaños en el Senado y 25 en la Cámara de Representantes.
Sea quien sea el nuevo inquilino del Palacio de Nariño, tendrá que gobernar un país con los mismos problemas estructurales que Duque no ha resuelto en estos cuatro años y, a la vez, un país que ya no es el mismo.
El legado del actual presidente ha dejado un sentimiento generalizado de fracaso y malestar, y de reactivación de la violencia. Colombia votará a su nuevo presidente en medio de una crisis social y con la democracia dañada: en 2018, 17% de los colombianos apoyaba que el presidente cerrara el Legislativo y gobernara sin el Congreso ante situaciones difíciles. Hoy esa cifra se ha duplicado. El nuevo gobierno tendrá que resolver los problemas urgentes y, a la vez, recuperar la confianza de las y los colombianos en las instituciones que Duque ha socavado.
Isabel Pereira Arana es politóloga de la Universidad de los Andes en Colombia. Luis Felipe Cruz es abogado y sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia.
Este artículo forma parte de una serie sobre autoritarismo en América Latina que Post Opinión publica en conjunto con Dromómanos.