Para bien o para mal, en materia económica, a los gobiernos no se les juzga por su gestión sino por los resultados. Y no es una boutade. El mejor gestor puede hundirse en una crisis económica sobrevenida y el peor Gobierno puede salir adelante si las circunstancias le son favorables.
No es una cuestión de voluntad, que se presupone. Ni la diferencia fundamental reside en la pericia administrativa o burocrática, aunque sea una condición necesaria. Y tampoco se trata de paradigmas, término del que los economistas abusamos: la caja de herramientas y los fundamentos que explican el funcionamiento de la economía no cambian de un día para otro, al menos en lo esencial.
Obviamente, hay que querer, poder y saber, respectivamente. Pero para salir bien parado de una crisis económica no basta con eso. No basta porque los resultados pueden tardar en llegar, incluso si la gestión es impecable, y porque, cuando se transita por un camino desconocido y en condiciones ambientales adversas, como está ocurriendo durante la pandemia, es fácil desorientarse, dudar y perder el rumbo. Hace falta, además de lo anterior, contar con un hilo de Ariadna eminentemente político. Y quien dice político dice ideológico, aunque el término provoque rechazo (por asimilación incorrecta a dogma o sectarismo).
Tener una visión política importa. De hecho, si la respuesta a la crisis económica provocada por la pandemia está siendo tan diferente a la crisis financiera internacional de hace 10 años es sobre todo porque vemos las cosas de distinta manera. No pensamos lo mismo de la austeridad, ni de las secuelas económicas, políticas y sociales que acarrea la desigualdad, ni del papel de los bancos centrales, ni del salario mínimo, ni de la fiscalidad de los grandes gigantes digitales, ni somos igual de sensibles a los costes de la transición ecológica o a las brechas de género o digital, por citar solamente algunos ejemplos. Nunca sabremos cuál habría sido la política económica de 2020 sin el precedente inmediato de 2010.
Los mecanismos que mueven la economía no han cambiado. Pero sí ha cambiado nuestra mirada. Y mucho. El consenso económico, desde el FMI hasta la Comisión Europea, pasando por el BCE, la OCDE y el Banco Mundial, o economistas de la talla de Blanchard y Pisany-Ferry, o banqueros centrales como Lagarde o Hernández de Cos, o medios de comunicación como The Economist y Financial Times, o think tanks como Brueghel y PIIE, o Funcas en España, y un largo etcétera han venido repitiendo el mismo mensaje, verbalizado de distintas maneras: que, entre déficit y gasto, el momento aconseja gasto.
Añádanse a esto dos escuelas que han ganado credenciales académicas e intelectuales en la última década: el estudio de la desigualdad, con Piketty, Zucman, Milanovic y tantos otros autores aportando evidencia, y una nueva manera de entender la colaboración público-privada, con Mazzucato como destacada referente.
Tener una visión importa y adaptarse a un entorno ideológico cambiante también. La ortodoxia es un camino balizado que reduce la incertidumbre, da confianza y facilita la toma de decisiones. Es incluso la razón de ser de la heterodoxia, que surge como reacción a algo. Pero la ortodoxia evoluciona, como cualquier canon, especialmente en los momentos más convulsos, de manera que quienes no se mueven con ella dejan de ser ortodoxos para ser conservadores. Draghi ha sido un maestro en la cuestión: primero con la orientación de la política monetaria desde el BCE y ahora con la política fiscal desde el Palazzo Chigi. Los marcos mentales rígidos no están hechos para situaciones de crisis, mucho menos si son tan disruptivas como la actual.
Y aquí es donde surgen, en el caso de España, algunas dudas. Nuestra lectura del momento pandémico no acaba de estar en sintonía con un consenso internacional abrumador que constituye, precisamente, uno de los rasgos singulares de esta crisis: a diferencia de lo que ocurrió hace una década, esta vez los economistas no nos hemos desangrado en debates existenciales sobre qué conviene hacer.
El esfuerzo realizado durante la primera ola de la pandemia fue encomiable y estuvo a la altura de unas circunstancias a todas luces excepcionales: ERTEs, prestaciones por cese de actividad, líneas de avales ICO, fondo covid-19 a las comunidades autónomas para reforzar gasto sanitario y educativo, y toda una batería de medidas para proteger a los más vulnerables.
Sin embargo, desde entonces se han ido acumulando sucesivos episodios que no casan con ese hilo de Ariadna. El primer síntoma fue la “renta puente”, que no llegó a ver la luz y que habría complementado (no sustituido) al ingreso mínimo vital en un momento de extrema necesidad. Sucedió algo parecido con las líneas ICO, diseñadas para facilitar liquidez a las pymes y, simultáneamente, controlar el riesgo bancario. Desde ese punto de vista cumplieron, pero no abordaron los problemas de solvencia a los que se enfrentaban transitoriamente muchas empresas, especialmente en el sector de la hostelería. Las ayudas directas, reclamadas insistentemente durante el otoño e invierno de 2020, no vieron la luz hasta la primavera de 2021, con una ejecución tardía y decepcionante. Tampoco hemos sido capaces de agilizar el fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas que gestiona la SEPI, cuyo plazo ha prorrogado la Comisión Europea hasta el próximo 30 de junio. Súmese a todo lo anterior la muy lenta ejecución de los 27.000 millones de euros de los Fondos europeos presupuestados para este año, que muy probablemente generarán cuellos de botella con los 27.000 millones presupuestados para el año que viene.
El colofón ha venido con la evaluación que la propia Comisión ha hecho de nuestros Presupuestos Generales. La economía española sufrió en 2020 la mayor recesión de la zona euro y está todavía lejos de recuperar el nivel de actividad previo a la pandemia. Sin embargo, estando las reglas fiscales europeas en suspenso, somos el único país de los 19, junto con Eslovaquia, que ha presentado unos presupuestos contractivos.
Es discutible el uso que la Comisión hace del concepto “contractivo” pero, como quiera que hasta el momento nuestro PIB evoluciona más lentamente de lo previsto y se desacopla de la recuperación observada en el resto de Europa (incluso con una eventual revisión al alza por parte del INE, que no cabe descartar), el riesgo asumido parece elevado.
Tomados de uno en uno, todos estos episodios tienen explicación propia (política en unos casos y técnica o procedimental en otros), pero tomados en conjunto inducen a pensar que tenemos un problema con el gasto como herramienta de política económica. Y el momento es inoportuno. Cabe pensar que no estamos aprovechando como podríamos la ventana de cobertura excepcional que nos está ofreciendo el BCE y que el ajuste estructural que proponen nuestras cuentas llega demasiado pronto y con más intensidad de lo que sería conveniente en el contexto económico actual, sujeto todavía a elevada incertidumbre.
Cuando tengamos perspectiva suficiente, la superación de esta crisis puede ser una historia de éxito, con toda su dureza, pero no lo será por la gestión contable, burocrática o administrativa en sí misma, sino por las ideas que guiaron esa gestión. Y en eso no está permitido errar. La política económica tiene que ser económica, pero ante todo tiene que ser política.
Daniel Fuentes Castro es doctor en Economía por la Universidad de Paris Nanterre. Ha sido asesor económico de la presidencia del Gobierno entre 2018 y 2021.