Economía sumergida y fraude fiscal

Combatir el fraude fiscal en cualquiera de sus formas debe ser una prioridad, no sólo de las organizaciones públicas, en particular de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), sino de la sociedad en su conjunto.

Precisamente, uno de los problemas con los que se enfrenta en España una política decidida y continuada de lucha contra la evasión y la elusión fiscales es la existencia de muchos colectivos de la sociedad civil que no sólo niegan la calificación del fraude fiscal como lo que es: un comportamiento delictivo e insolidario que daña los fundamentos del Estado social y democrático que debemos perseguir los españoles, según el artículo 1.1 de la Constitución, sino que, incluso, lo aplauden y jalean.

En estos momentos de crisis sistémica, no comprender que la falta de pago en los tributos sólo ayuda a aumentar la presión fiscal sobre las rentas del trabajo y de capital mobiliario más controladas e impide reducir los daños generados por las políticas de austericidio que soportamos, las cuales recaen en los gastos públicos de carácter social, es un auténtico suicidio para los grupos populares más desfavorecidos, agravado porque las oportunidades para el fraude masivo suelen concretarse en los patrimonios y las rentas más elevadas, por lo que el fraude fiscal en cualquiera de sus formas no hace sino coadyuvar a la desigualdad social que está acelerando la crisis.

En realidad, el incumplimiento tributario es equivalente y debe tener el mismo reproche ético, legal y social que la falta de pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, el blanqueo de capitales, la corrupción y los delitos socioeconómicos. No es dable criticar la corrupción de nuestros políticos sin hacer lo mismo con el impago de los tributos y no es posible luchar contra el trabajo ilegal, la explotación de las mujeres y el desarraigo de los drogodependientes sin analizar todos estos fenómenos de manera conjunta.

Por otra parte, en ese análisis no podemos caer ni en el victimismo fácil ni en soluciones mágicas e inmediatas sin comprender que, sin acabar, previa y radicalmente, con cierta comprensión social hacia estos delictivos fenómenos, no se pueden introducir medidas apropiadas. Y esas medidas pueden ser incentivadoras al afloramiento de las actividades económicas sumergidas, desde implementar algún tipo de tipo de beneficio fiscal para declarar el trabajo doméstico (aunque le veamos más desventajas que aciertos) hasta hacer más rigurosas las restricciones de los pagos en efectivo, situadas ahora en 2.500 euros, cuando intervenga un empresario o profesional. De hecho, si todos los pagos se hicieran mediante un medio controlable, de carácter electrónico, cuyo registro figurase en la base de datos de la AEAT, se dificultaría la ocultación de actividades económicas.

Para generalizar tales medios también son imprescindibles disposiciones como la reducción de los costes de transacción que pagan los consumidores, lo cual debería ser una exigencia de la normativa europea que se está preparando al respecto en la Eurocámara. De esta forma, se potenciaría el consumo, al tiempo que se impulsarían las nuevas tecnologías, se dificultaría la ocultación de operaciones, propia de las transacciones realizadas en efectivo, y la AEAT dispondría de más y mejor información tributaria.

Domingo Carbajo Vasco es inspector de Hacienda del Estado. Santos M. Ruesga Benito es catedrático de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid.

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