Corría el año 2008 y el mandatario Rafael Correa soñaba con llevar a su país, Ecuador, al futuro. Correa consideraba que las riquezas naturales del país serían el vehículo para alcanzar un futuro de desarrollo social y económico. El buen vivir.
Pero el país, a pesar de ser productor de petróleo, tenía que importar combustibles derivados para generar energía. Así que la materialización de una parte del sueño de Correa pasaba por la construcción de la presa Coca Codo Sinclair. Un macroproyecto energético, a las faldas de un volcán, que produciría energía limpia suficiente para cubrir al menos el 30% de las necesidades del país.
El gobierno de Ecuador se había declarado en guerra con el FMI y dejado de pagar su deuda, lo que le obligaba a buscar financiación. Así que recurrió a China para construir su proyecto.
El proyecto, que sobrepasó finalmente los dos mil millones de dólares, fue financiado por China con una tasa del 6.9% (superior a la que aplica normalmente, de un 5%). Además de la alta tasa de interés, también se pactó la obligatoriedad de contratar empresas chinas para llevar a cabo la obra.
China también es un gran importador de petróleo ecuatoriano, ya que compra el 46% de la producción nacional. Así que el prestamista condicionó este y otros préstamos a la compra anticipada de petróleo.
La obra, que por decisión del Gobierno duplicó su volumen, se llevó adelante sin terminar los estudios previos y a pesar de muchos reparos sobre su factibilidad y sostenibilidad financiera, ambiental e incluso geológica.
Finalmente, se inauguró en 2016, con una capacidad de 1500 KW. Para la ocasión, se dieron cita los presidentes de los dos países implicados, Ecuador y China.
Técnicamente, Ecuador aún no ha dado por recibida la obra dado que desde su inauguración se han documentado numerosas y graves fallas que la constructora tiene que reparar. Además de los problemas técnicos, la represa ha generado un gran deterioro en el río del que se nutre y en los bosques de la región, que son los productores del agua necesaria para su funcionamiento.
Varios responsables políticos de la obra han sido condenados por corrupción asociada a la misma y ni siquiera la potencia de producción de energía ha podido aprovecharse al máximo. Incluso se han producido graves apagones por problemas con la central.
Sin embargo, el mayor problema ha sido hacer frente a la deuda. Porque los precios del petróleo se han desplomado, una desgracia para un país dependiente del crudo.
Además, el déficit entre ingresos y gastos se ha cubierto con la emisión de bonos respaldados por el FMI, mientras la deuda con China se agrandaba.
Al terminar el mandato de Correa, en 2017, le sucedió Lenín Moreno, que rápidamente se convirtió en opositor (a pesar de ser su candidato). Moreno dio un vuelco ideológico al Gobierno, regresando a la ortodoxia económica y menguando la relación con China. Sin embargo, la deuda debía pagarse. A pesar de las negociaciones para aliviar su peso, Moreno tuvo que plantear fuertes medidas de austeridad.
Entre las medidas se encontraba la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles. Un subsidio que significa un enorme coste fiscal para el país y que en parte había motivado a Correa a construir la central. El Gobierno compró, incluso, más de 300.000 cocinas eléctricas para que sus ciudadanos pasaran del gas a la electricidad.
El del subsidio a los combustibles no es un tema menor. En primer lugar, porque no está dirigido sólo a los ciudadanos, sino a todos los usos, lo que termina por hacerlo regresivo. La industria se beneficia, pero el país no puede sostenerlo.
En segundo lugar, porque tiene un fuerte apoyo social. Y esto hace que ningún presidente tenga capital político suficiente para acometer dicha reforma.
Moreno lo aprendió de la forma más dura. Las graves protestas de 2019, que pusieron en jaque al Gobierno, tuvieron su origen en la eliminación del subsidio. Esto llevó al Ejecutivo a una refinanciación de la deuda.
Pero la presencia financiera de China se ha convertido en un eje más de la disputa geopolítica. Y Estados Unidos sabe que si pierde influencia financiera, también perderá poder.
Así, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC) le concedió en enero de 2021 a Ecuador 3.500 millones de dólares para hacer frente a su deuda con China… a cambio de que excluyera a las compañías de ese país de sus redes de telecomunicaciones.
En esta historia están en juego todos los elementos que serán claves para el futuro: agua, petróleo, energía e incluso comunicaciones. Deja también muchas enseñanzas que se deberían leer bien y más allá de la clave ideológica de los distintos gobiernos.
En primer lugar, demuestra que todos los préstamos tienen condiciones y que, aunque China no imponga condicionalidad política, juega con sus reglas y no está dispuesta a perder. El crédito es necesario para el desarrollo, pero la aparición de más opciones no debería atar la elección a criterios políticos, sino al ejercicio de la autonomía de los países para la defensa de sus intereses.
En segundo lugar, demuestra que ninguna buena oferta de crédito sustituye una buena gestión. La aparición de los recursos de China no significa una ruptura de los ciclos de déficit y subdesarrollo si no se acompaña de la necesaria transparencia, calidad técnica, responsabilidad política y demás atributos de la acción del Estado.
Finalmente, demuestra la necesidad de contar con la participación ciudadana, de valorar los criterios ambientales y de garantizar que los costes del desarrollo se distribuyen de forma justa y no recargándolos excesivamente sobre los menos poderosos. Sin ello, no hay sostenibilidad.
El próximo 11 de abril, Ecuador celebrará la segunda vuelta electoral. El país está muy dividido entre el candidato heredero de Correa, Andrés Arauz, y el exbanquero Guillermo Lasso. El que se imponga tendrá que lidiar con una difícil situación financiera, a la que se añadirá el brutal impacto económico y social de la pandemia.
Sea quien sea el elegido, va a necesitar muy buen juicio para superar la situación en Ecuador. Un país que se ha convertido en un escenario más del tablero geopolítico internacional y regional.
La competencia entre China y los Estados Unidos hará que los dos países busquen mantener su influencia. Dada la dependencia de recursos externos del Gobierno ecuatoriano, cada oferta traerá sus condiciones.
En el orden regional, las elecciones ecuatorianas son parte de un superciclo que puede cambiar los equilibrios entre izquierda y derecha en la región.
La posibilidad de que en Ecuador regrese la izquierda e incline la balanza regional ha hecho que se produzcan movimientos de bloques regionales que anhelan o temen la forma en la que el país pueda ser decisivo en temas como Venezuela, el control de los organismos regionales, la relación con China y Estados Unidos, y otros.
Ecuador es un país pequeño, pero la decisión que tomen sus ciudadanos en las urnas tendrá un peso gigante.
Erika Rodríguez Pinzón es doctora en Relaciones Internacionales, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.