No llego a entender la dura oposición de los obispos católicos españoles a que se imparta, a partir del próximo curso, la asignatura educación para la ciudadanía a los alumnos de educación secundaria. Y no lo entiendo por dos razones principales.
Primera, porque en la sociedad actual las personas no están bien educadas como tales ciudadanos - es decir, como sujetos de derechos y deberes- y creo que no hacen falta muchos argumentos para compartir esta afirmación. Por tanto, si ello es cierto, quizás un remedio a la situación actual puede ser educar desde pequeños a los alumnos en el conocimiento de las principales reglas que rigen nuestra convivencia.
Segunda, porque no llego a entender que los obispos, precisamente ellos, se opongan a una asignatura de esta naturaleza cuando no sólo defienden la enseñanza de la religión católica en la escuela - ciertamente, como es obvio, con carácter voluntario-, sino que ejercen un estricto control sobre sus contenidos. Quizá piensan los señores obispos que un control semejante pueda ser ejercido por los gobernantes de turno sobre la nueva asignatura. Ello sería, por supuesto, enormemente grave, puro y simple adoctrinamiento en materias que, por su naturaleza, al contrario de la religión, deben contribuir a un pensamiento libre en temas diversos y controvertidos. Sin embargo, creo que una tal situación no se va a dar, ya que si bien las materias - como cualquier otra asignatura- las fija el ministerio, el contenido de las explicaciones es responsabilidad exclusiva de los profesores que las imparten.
Por lo tanto, a mi parecer, la educación para la ciudadanía está justificada como asignatura, y el peligro de adoctrinamiento, muy cierto, no es insalvable.
Ahora bien, ¿cuáles son las razones alegadas por los obispos y por otros sectores que también se oponen a la asignatura en cuestión? Se trata de argumentos centrados en que este tipo de enseñanzas pertenecen al ámbito familiar, una esfera en la cual la escuela pública no debe entrometerse. Ciertamente, estos argumentos no son menospreciables y las suspicacias están justificadas. El peligro de que los poderes públicos se interfieran en cuestiones del ámbito privado sobre las cuales deberían decidir libremente las personas individuales es hoy muy real. Las leyes antitabaco, la obligatoriedad del cinturón de seguridad, la fijación de los horarios comerciales, la prohibición de la eutanasia o del consumo de drogas, además de la reglamentación exagerada en tantas y tantas otras esferas, son objeto hoy en día de dudas justificadas y debates apasionados. Es cierto, por tanto, que estamos ante un supuesto más en que son discutibles los límites de la actuación estatal.
¿Cuáles son, en general, los límites que un Estado democrático no debe traspasar? Ante todo hay que advertir que, desde una perspectiva liberal-democrática, el Estado no es un fin en sí mismo - como sí lo es desde una perspectiva totalitaria- sino un medio, un mero instrumento, creado por los hombres para garantizar su propia libertad e igualdad o, como decía Rawls con precisión, la "igual libertad" de todos. Así pues, los hombres han nacido libres e iguales y el Estado únicamente debe limitarse a garantizar aquello que ya son desde su nacimiento: libres e iguales en derechos. Cualquier actuación del Estado debe justificarse en esta finalidad.
¿Traspasa la asignatura en cuestión estos infranqueables límites de un Estado verdaderamente liberal y democrático?
Depende. Y fundamentalmente depende de dos factores: del contenido de su temario y de la forma en que se desarrolle este contenido. El temario está especificado en el real decreto 1631/ 2006, de 29 de diciembre, que regula las enseñanzas mínimas en la educación secundaria. Es imposible, por razones de espacio, resumir aquí las materias de las que se compone tal asignatura. Ahora bien, tras una lectura del decreto se puede llegar a la conclusión de que tales materias, y la forma en que se prescribe impartirlas, reforzarán los valores de libertad e igualdad de los estudiantes en tanto enseñan cuáles son los derechos y deberes de las personas, el fundamento de éstos, las principales reglas de la convivencia social y política, así como los principios que inspiran nuestro actual Estado de derecho. En definitiva, ayudan a que se comprenda bien lo que es ser, con plenitud, un ciudadano libre. No creo, por tanto, que desde el punto de vista del contenido exista problema alguno.
éstos, las principales reglas de la convivencia social y política, así como los principios que inspiran nuestro actual Estado de derecho. En definitiva, ayudan a que se comprenda bien lo que es ser, con plenitud, un ciudadano libre. No creo, por tanto, que desde el punto de vista del contenido exista problema alguno.
Otra cosa es cómo se impartirá, en la práctica, esta asignatura. Aquí los riesgos son ciertos y su prevención complicada. Ahora bien, así como respecto a las demás materias deben los centros controlar la calidad de sus enseñanzas, en el presente caso estos mismos centros deberán establecer un control añadido para que la asignatura no se convierta en adoctrinamiento, no olvidemos que su función es, precisamente, fomentar la libertad. En este sentido, la asignatura debe impartirse de forma abierta y reflexiva, alejada del dogma, basada en argumentos razonables, respetuosa, y a la vez crítica, con la legalidad vigente, con la finalidad de que ayude a los estudiantes a formarse como personas libres, tolerantes y respetuosas con los demás y, sobre todo, responsables de su actuación dentro de los límites que les impone un Estado democrático.
¿Ayudará esta asignatura a que los adolescentes actuales estén, en el futuro, mejor formados como ciudadanos que sus padres? Dentro de unos años podrá comprobarse.
Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.