Educación para la mediocridad

Con este título ya sabrá el lector que nos estamos refiriendo a la llamada Ley Celaá; porque, aunque su soporífero texto comience con un lema esperanzador, afirmando que «las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus jóvenes, en la convicción de que de ella dependen tanto el bienestar individual como el colectivo», pronto queda claro que este documento oscuro concibe la educación como algo subordinado a las conveniencias políticas, incluso a las de más corto plazo, como, por ejemplo, recabar votos en las Cortes para lograr la aprobación del Presupuesto.

La Ley Celaá, también llamada LOMLOE, porque adopta la forma de reforma de la anterior ley de educación del PSOE, la muy criticada LOE de 2006 está, acaba de ser aprobada definitivamente por el Senado. No es una buena noticia. No está claro por qué se reforma ahora la ley de 2006; desde luego no para mejorarla, porque conserva todos los defectos de aquélla y añade algunos más, y muy graves. Seguramente se trata, ante todo, de derogar la llamada ley Wert de 2013 que tanto molestó a los partidos hoy en el poder. En segundo lugar, la nueva ley, dentro de un confuso fárrago de medidas absurdas y de recomendaciones ociosas e inoperantes, tiene como objetivo básico satisfacer los intereses discordantes de los partidos cómplices del Gobierno, en especial de los separatistas. De ahí que permita el abandono del castellano como lengua de enseñanza en las autonomías bilingües, en clara violación del artículo 3 de la Constitución, que, dicho sea de paso, se viola en Cataluña diariamente desde hace muchos años sin que el Ministerio de Educación intervenga, pese a las repetidas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que el Ministerio y los gobiernos separatistas ignoran al alimón.

En virtud de los pactos parlamentarios y de las obsesiones de los partidos en coalición, la nueva ley contiene además ataques a la escuela concertada, a las enseñanzas para niños (y niñas, ojo) necesitados de atención especial y, además, permite que los alumnos puedan pasar de curso con asignaturas suspendidas. Todas estas cosas han alarmado profundamente a la opinión e indignado a las asociaciones privadas dedicadas a temas educativos, que, además de criticar el contenido de la ley, se quejan, con razón, de no haber sido consultadas.

Mientras esta ley descuida aspectos importantísimos de la política educativa, dedica plúmbeos párrafos a pormenores superfluos que están fuera de lugar en una ley orgánica. Por ejemplo: «Con objeto de respetar la responsabilidad fundamental de las madres y padres o tutores legales en esta etapa, los centros de educación infantil cooperarán estrechamente con ellos». ¿A qué viene esto? ¿Cómo no van a cooperar? ¿Qué pasará si no cooperan? Misterio. El texto del proyecto está lleno de estos brindis al sol y de minucias absurdas, como dar instrucciones sobre la enseñanza de idiomas mientras deja de lado, por ejemplo, la cuestión fundamental de la responsabilidad del Estado en garantizar y controlar la calidad de la educación.

Una ley de educación no debe ser un libro de instrucciones sobre cómo enseñar determinadas disciplinas o contenidos, sino que ha de establecer unos objetivos claros, sencillos y contrastables, fijar estrictos criterios para la selección de profesores y restaurar su autoridad en el aula. El deficiente sistema de selección del profesorado es quizá el problema más grave de nuestro sistema educativo; la Ley Celaá ni lo menciona. Otro elemento crucial de un sistema educativo es el seguimiento eficaz de resultados que debe hacerse por agentes externos al propio sistema; también esta cuestión fundamental brilla por su ausencia en la nueva ley (y prácticamente en todas las leyes educativas de nuestra democracia). De forma muy tímida e insuficiente trataba de incluirla la ley Wert, que la de Celaá deroga, porque esos controles externos horrorizan al Partido Socialista, a sus socios y a los popes de la casta educativa que están detrás de esta pretendida reforma.

Casi lo peor de la Ley Celaá es ser una reforma que no reforma. Es una ley continuista, en la pésima tradición educativa española, que no cree en el lema con que comienza su plúmbeo preámbulo y al que traiciona desde el segundo párrafo. El texto está redactado por unos prosistas que no sólo se refugian en el fárrago y en el monótono lenguaje inclusivo para ocultar la vacuidad de sus ideas, sino que dejan claro que no «conceden gran importancia a la educación que reciben [los] jóvenes», ni a la suya propia, porque cometen varias faltas de sintaxis. Nuestra opinión personal es que esta izquierda española que tanto ama el poder cree que las familias hoy y los estudiantes, cuando sean mayores, agradecerán con su voto las facilidades que las leyes de socialistas y coaligados les dan para obtener títulos con el mínimo esfuerzo.

Desgraciadamente, en España hay una larguísima tradición de descuido o desconocimiento de la importancia de la educación que se remonta a la Contrarreforma y que, duele decirlo, se ha acentuado desde la Transición. Si la izquierda hoy tiene una visión miope, sesgada y electoralista del valor de la educación, la derecha tampoco ha dado ninguna muestra de firmeza o claridad de ideas en la materia. Y así vamos, con resultados peor que mediocres en las pruebas de PISA, en los rankings de universidades y en prácticamente todos los indicadores. Esto es lamentable y vergonzoso para los que hemos dedicado nuestra vida a temas educativos y científicos, pero también debiera serlo para la ciudadanía en general, porque es un gran fracaso colectivo, que la Ley Celaá sin duda va a contribuir a ahondar. Pero, además del desastre cultural, la mediocridad en la educación tiene un gran coste material y el contraste con Corea del Sur en el último medio siglo lo pone de relieve. Expresado simplemente con unas cuantas cifras: el producto nacional bruto (renta nacional, PNB) por habitante de Corea era poco más de la cuarta parte del de España en 1960. En 2016 era un 20% mayor. ¿Cuál es el secreto del sorpasso coreano? Muy sencillo: Corea del Sur se toma muy en serio la educación; nosotros, no.

EN 1960, Corea del Sur estaba aún reponiéndose de su terrible guerra civil, que tuvo lugar casi exclusivamente en su territorio. En 1950 Corea del Norte, la zona más rica e industrializada, había invadido el sur, pobre y agrario, y lo habría conquistado si Estados Unidos no hubiera intervenido, con mandato de la ONU. Al término de la guerra, en 1953 las cosas volvieron al status quo ante, pero con Corea del Sur físicamente en ruinas. Sin embargo, medio siglo más tarde, Corea del Norte es un país pobre y atrasado, bajo una dictadura comunista hereditaria, cruel, explotadora y opresiva. Corea del Sur en cambio, es un país rico, que ha dejado atrás no sólo a su vecino del norte, sino a muchos otros más desarrollados, como España. Corea del Sur, además de pobre de origen y destruida físicamente, estaba en 1960 sometida a una dictadura conservadora. En la senda del progreso económico, Coreadel Sur, como España, se deshizo de la dictadura y adoptó la democracia. Tuvo dos bazas en su favor: una, la ayuda de Estados Unidos y, dos, y más importante, su capital humano: la convicción unánime de su población de que la educación era el único camino a la prosperidad. Hoy los españoles compramos tecnología coreana en automóviles, electrodomésticos, electrónica, telefonía, etcétera. Corea del Sur se ha convertido en una potencia económica, industrial y de servicios que nos ha dejado atrás. El sistema de educación coreano es un modelo internacional. Hoy Corea del Sur tiene tres universidades entre las 100 mejores del mundo y en conjunto siete entre las 200 mejores, según el Times Higher Education Ranking; según este mismo índice, España no tiene ninguna entre las 100 primeras y sólo tres entre las 200. Esta superioridad educativa se refleja en muchas cosas: Corea del Sur ha sido de los países que con más éxito ha hecho frente a la pandemia del coronavirus y antes a la gran recesión de 2007-15. Fue entonces cuando nos superó en renta por habitante.

Nos creeremos que nuestro Gobierno «concede gran importancia a la educación que reciben sus jóvenes» cuando cree una comisión para estudiar el sistema educativo de Corea del Sur. Y cuando derogue la Ley Celaá.

Gabriel Tortella y Clara Eugenia Núñez son catedráticos de Historia Económica (él emérito, ella en la UNED).

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