El Gobierno estadounidense espía a sus propios ciudadanos! La Agencia de Seguridad Nacional recopila los registros telefónicos de millones de estadounidenses con la ayuda de Verizon y otros proveedores de telecomunicaciones. Y reúne información sobre extranjeros de acuerdo con un proyecto denominado PRISM. Los hechos se han conocido tras una orden de un juez en relación con un programa secreto del 2007 (“Control sobre la información interna”), cuestión que se remonta a las leyes anteriores de las décadas de 1970 y 2001 (Patriot Act). La noticia procedía de The Guardian, el venerable periódico británico, y la información figuraba en un artículo de un bloguero llamado Glenn Greenwald, un exabogado de Wall Street; los medios de comunicación han informado de que es gay, vive en Río de Janeiro, tiene once perros y es judío aunque de mentalidad contraria a Israel.
¿Un escándalo? Sin duda, sobre todo cuando ocurre en un país que se siente tan orgulloso de mantener la libertad e intimidad de las personas, temeroso de un sistema como el descrito en 1984, de Orwell, con un Gran Hermano que lo controla todo. No obstante, la indignación en Estados Unidos, aparte de los medios de comunicación, no ha sido abrumadora y el presidente no habrá de dimitir. ¿Por qué? En parte porque la gente ha desconfiado del teléfono desde su invención. Cuando el señor Jones quería comunicar una información de carácter extremadamente comprometedora al señor Smith, Smith le interrumpía de modo invariable: “Por favor, por teléfono no...”.
Las escuchas telefónicas, como se les llamaba en otros tiempos, han tenido lugar no sólo desde el 2007, sino mucho antes y, en la ciberépoca, en la era de Skype, Facebook, internet y los medios de comunicación social, se han convertido en algo mucho más fácil y generalizado. Se han practicado con fines honrosos y deshonrosos, por parte de organizaciones y de personas, han sido delictivas y han obedecido a comportamientos idealistas, a motivos políticos y a espionaje industrial. La mayoría de los presidentes de Estados Unidos se han servido de ellas en los últimos cien años, como probablemente todos los países del mundo, excepto los más pequeños.
Antes de las escuchas telefónicas, las cartas fueron interceptadas y leídas. Aunque Henry Stimson, secretario de Estado y de Defensa estadounidense hace cien años, dijo en una ocasión que “los caballeros no leen las cartas de otros caballeros”, desgraciadamente fue la excepción. No todos sus colegas en todo el mundo eran caballeros y hubo situaciones en las que en un mundo horrible y cruel ni siquiera los caballeros podían comportarse como caballeros.
Ciertos medios de comunicación estadounidenses firmemente de izquierdas y también algunos de extrema derecha han argumentado que el Estado de Seguridad Nacional de Obama está ahora fuera de control democrático. Pero los diputados y senadores que han aprobado las leyes de vigilancia no se han sentido estupefactos ni escandalizados y han defendido estas prácticas. Razonan que estos programas existen desde hace muchos años y que todo el mundo tenía noticia de ellos. Además, los contenidos de las conversaciones (metadatos o información sobre datos) no fueron entregados a organismos gubernamentales, sino únicamente las fechas y la duración de las conversaciones telefónicas y los números de teléfono concernidos. Si hubo alguna sorpresa, no se refirió al hecho de que se entregaran metadatos, sino al de que hubiera tantos datos. Los senadores y diputados defendieron estas prácticas porque (como dijeron) habían impedido los ataques y tal vez una catástrofe en épocas anteriores (en alusión a un ataque planeado contra el metro de Nueva York).
Si hubiera grandes ataques que tuvieran éxito en el futuro, ¿quién sería responsable de ello? Ni The Guardian, ni el señor Greenwald, sino los servicios de inteligencia, que argumentarían que tenían las manos atadas porque no podían recopilar la información necesaria. El FBI y la CIA han manifestado que la información obtenida de estas fuentes era totalmente imprescindible.
¿Hay forma de salir de este dilema entre el mantenimiento de la libertad y la intimidad por un lado y la necesidad de defender el país por otro? Casi nadie llega a insinuar que no debería hacerse nada para hacer la vida un poco más difícil a las organizaciones terroristas y a la mafia, ya sea en relación con la preparación de los atentados, el blanqueo de dinero u otras actividades.
Sin embargo, podría darse perfectamente el caso de que los organismos de seguridad hayan ido demasiado lejos con sus demandas de control, no sólo sobre ciertas personas, sino sobre millones de personas. Es bien sabido que los servicios de inteligencia estadounidenses siempre han sido mucho más eficientes en el uso de “inteligencia técnica” (recopilación y análisis estratégico de datos, técnicas y recursos) que de “inteligencia humana” (información recogida y proporcionada por fuentes humanas, también infiltradas en grupos terroristas o de tipo mafioso). Triunfar en esta última, sin duda, es más difícil, pero depender de los “recursos técnicos” tiene sus limitaciones y riesgos, aparte del hecho de que el uso indiscriminado de medios técnicos crea problemas, como se analiza en el presente artículo.
El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense tiene más de 200.000 empleados y un presupuesto de casi 100.000 millones de dólares, el tercero en magnitud entre los departamentos. ¿Podría ser que algunas de sus actividades fueran innecesarias o incluso contraproducentes? Indudablemente, debería investigarse de vez en cuando. Tal vez ha sido una idea positiva declarar el fin de la “guerra contra el terrorismo”, como ha hecho el presidente Obama. Pero el propio término es impreciso y engañoso. En cualquier caso, la economía ha superado al terrorismo como asunto de interés público.
Sin embargo, desgraciadamente no se puede dar por sentado que el terrorismo y la violencia política hayan llegado a su fin. Hacerlo no es sólo arriesgado; si las cosas salieran mal, ello podría llevar a una reacción contraria y a una restricción de los derechos y libertades más radical que las que han causado el actual alboroto.
Walter Laqueur, consejero del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos de Washington