Por Juan A. Alsace, Cónsul general de Estados Unidos en Barcelona (EL PERIÓDICO, 02/02/06):
El informe titulado La guerra sucia de Bush, aparecido el 30 de enero en este diario, es un análisis desproporcionado que muestra a Estados Unidos como un país que intimida de forma ilimitada en el escenario mundial y actúa como estado policial en casa, desligado de toda razón, Constitución o ley. Creo que esta descripción es tendenciosa y por tanto quisiera corregir lo que desearía sólo fueran apreciaciones erróneas e inocentes, pero que me temo puedan ser intencionadas. Empezaré por lo obvio: EEUU fue atacado el 11 de septiembre del 2001 por un enemigo al que no le importan la vida, la libertad o la ley; un adversario brutal que ha demostrado desprecio por las convenciones de la civilización en ataques consecutivos por el mundo, incluyendo Madrid. La Administración de George Bush y el pueblo norteamericano que lo ha elegido en dos ocasiones han respondido a estos ataques con mesura. Buscamos el equilibrio entre la necesaria eficacia para enfrentarnos a la amenaza y dar seguridad a los norteamericanos --y a los amigos de EEUU-- manteniendo el respeto por los derechos civiles que los ciudadanos estadounidenses --y nuestros aliados- - esperan y exigen. La ley patriota es el primer ejemplo del esfuerzo para alcanzar este difícil equilibrio. Esta norma autoriza que los organismos de inteligencia y de la policía puedan compartir mejor la información; da a las fuerzas de seguridad que luchan contra el terror las mismas armas de las que disponen los traficantes de drogas, los estafadores y el crimen organizado, y permite a la policía utilizar las mismas tecnologías del siglo XXI que disponen los terroristas. La ley ha salvado vidas. Pero la ley patriótica tiene un componente jurídico de control importante y su desarrollo está claramente enmarcado en la Constitución. Como ciudadano de EEUU no podía esperar menos.
EN CUANTO al "espionaje" a los norteamericanos, la mayoría de los ciudadanos estadounidenses pueden estar de acuerdo con el razonamiento simple y de sentido común formulado por Bush: "Si Al Qaeda llama a EEUU queremos saber a quién y por qué". El presidente ha autorizado la recogida de información sobre un número muy limitado de personas que han estado vinculadas a comunicaciones entre EEUU y Al Qaeda u organizaciones paralelas en el extranjero. Cada 45 días se revisa este programa para garantizar que no se realicen abusos. Puedo asegurarles que tanto mis conciudadanos como yo estamos seguros de que el intenso y serio debate sobre estas cuestiones garantiza que no tengamos que temer convertirnos en un Estado policial. Los presos en Guantánamo son
combatientes enemigos que llevaban armas contra EEUU o apoyaban a los que las llevaban. Su detención, necesaria por cuestiones de seguridad nacional, exigencias militares y sentido común, ha permitido salvar vidas inocentes en EEUU y en el extranjero. Los detenidos han sido visitados innumerables veces por la Cruz Roja Internacional, miembros del Congreso y los medios de comunicación internacionales. Cuando se han producido abusos a los detenidos, se ha castigado a los responsables. Además, las disposiciones bajo las cuales están detenidos están siendo revisadas por el Tribunal Supremo, gracias a las apelaciones presentadas por algunos abogados para los detenidos, en un país basado en el respeto por
la legalidad. Abú Graib sigue siendo una mancha en la conducta de algunos militares norteamericanos. Como recalcó el presidente esta misma semana, es una vergüenza que ha minado la reputación de Norteamérica. Pero a aquellos que son responsables de estos actos se les está llevando a los tribunales; se está aplicando la justicia, de forma abierta, en un
país basado en el respeto por la legalidad.
EL TRASLADO Y entrega de detenidos a otros países es una práctica internacional aceptada y EEUU trabaja de cerca con sus aliados en Europa y en el mundo utilizando esta táctica para combatir la amenaza del terrorismo. Además, y como han expresado la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y nuestro embajador en España, nuestras actividades antiterroristas son coherentes con las garantías ofrecidas a todos lo gobiernos implicados, incluyendo un punto de partida muy claro: que Estados Unidos no tortura ni aprueba la tortura. Finalmente, las denuncias presentadas por los que fueron detenidos por las autoridades norteamericanas en EEUU los días inmediatamente posteriores a los atentados del 11-S del 2001 sólo prueban la falacia de la perspectiva sesgada de la autora. En la guerra, como en cualquier iniciativa humana, se producen errores. Pero he de decir de nuevo, que aquellos que han sido supuestamente maltratados tienen derecho a exigir reparación, porque en Estados Unidos --incluso en guerra-- la justicia y la razón prevalecen.