Además de cambios políticos en Galicia y en el País Vasco, las elecciones autonómicas del domingo pasado han afectado también a la estabilidad del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Han sido, pues, algo más que unas simples autonómicas.
Los resultados de Galicia muestran las dificultades de los partidos estatales en sus alianzas con los partidos nacionalistas de ámbito autonómico, cómo pueden distanciarlos de una parte de sus propios votantes al rechazar estos ciertos aspectos de sus políticas nacionalistas.
El documento promovido por la asociación Galicia Bilingüe y firmado por 102.000 gallegos, pocos días antes de las elecciones, criticando la política lingüística del gobierno de Pérez Touriño, ha sido una de las causas del descenso generalizado del voto socialista, perceptible especialmente en la Galicia urbana, industrial y comercial, la Galicia abierta y moderna. En todo caso, allí no hay incertidumbre. Con la mayoría absoluta asegurada, el PP gobernará como mínimo los cuatro próximos años.
La situación es algo más incierta en el País Vasco, aunque, transcurridos unos días de las elecciones, el desenlace parece que se va perfilando por una lógica inapelable. Patxi López prometió un cambio si podía conformar una mayoría y desde la misma noche electoral esta mayoría es posible al apoyarle el PP y UPyD. Un gobierno PNVPSE, ciertamente con mucho mayor apoyo parlamentario, no representaría cambio alguno: seguiría el PNV en el poder, Ibarretxe sería lehendakari y los socialistas vascos, como ya hicieron en 1986, ejercerían de comparsas.
Ergo, si el cambio es parlamentariamente posible, será inevitable. Los socialistas no repetirán antiguos errores.
La reacción de algunos dirigentes del PNV ante el riesgo de perder el poder ha sido patética: "agresión política", "riesgo de provocar inestabilidad constitucional" y, finalmente, "golpe institucional". Una muestra más de cómo los nacionalistas consideran a las naciones que dicen representar un patrimonio propio, al margen de las reglas democráticas, electorales y parlamentarias. El mismo sentimiento de CiU desde que perdió el gobierno de la Generalitat.
A sus sucesores los consideran simples usurpadores, ellos son los auténticos propietarios del país, digan lo que digan los ciudadanos. Este sentimiento de propiedad es el punto en que nacionalismo y democracia entran en una insalvable contradicción.
Pero quizás lo más interesante de estas elecciones son sus efectos colaterales, su repercusión en Madrid. Por un lado, parecen acalladas las voces críticas internas con el rumbo que Mariano Rajoy está imprimiendo al PP. Veremos si se callan del todo, aunque hay síntomas de que así va a ser. En política los éxitos se miden por sus resultados. En el PSOE la situación es distinta, la paz interna es total, la responsabilidad de la derrota en Galicia se ha reconocido y el éxito vasco es histórico. Pero este éxito conlleva problemas, problemas de gobernabilidad, un éxito en cierta manera envenenado.
Zapatero, desde su triunfo en el 2004, gobierna apoyado en las minorías parlamentarias, casi todas formadas por partidos nacionalistas. Zapatero empezó en el 2004 gobernando con ERC e IU-ICV y pensó, haciendo de la necesidad virtud, que el PSOE podía encabezar un bloque de izquierdas y nacionalista que dejara arrinconado al PP. A los pocos meses comprobó el desgaste que el apoyo de ERC le provocaba, incluso en su mismo partido. Después hizo el famoso pacto con Artur Mas, comprando acciones de CiU en un mercado de futuros que su socio catalán, el PSC de Montilla, redujo a cero ganancias. ¡Como para fiarse de los socios!
Más adelante, ya en la actual legislatura, ha andado haciendo equilibrios con unos y con otros. Los últimos presupuestos se aprobaron con los votos del PNV y el BNG, probablemente ya no podrá volver a contar con ellos.
Además, el cambio en Galicia le hace perder un importante apoyo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que debe aprobar la nueva financiación autonómica. El Govern catalán necesita que la financiación se resuelva pronto y bien, pero estas elecciones van a retrasar el asunto y para mal.
En definitiva, para Zapatero está llegando la hora de la verdad. Su estrategia de arrinconar al PP, tratarlo como si fuera de extrema derecha y apoyarse en las escuálidas fuerzas de izquierda y en las nacionalistas, algo más robustas, quizás se le ha terminado. Con un PNV despreciado por Patxi López y una CiU que no estará por la labor hasta que gobierne en la Generalitat, Zapatero se encuentra sin aliados posibles, atrapado en un callejón sin fácil salida.
Al PSOE le queda buscar la colaboración con el PP. Hay muy buenas razones de Estado para optar por esta solución, entre ellas una política común para hacer frente a la crisis económica y otra para salir del embrollo autonómico en el que se metió Zapatero para mantenerse en el poder. Ahora bien, ello requeriría, como mínimo, una explicación: justificar que el PP ya no es la "derecha extrema" sino un partido conservador con el que se puede pactar. Casi todo es posible en política, sobre todo con un poco de cara dura.
También cabe una última solución: desestabilizar desde Madrid el Govern de Catalunya, cuestión no difícil porque a veces se desestabiliza solo, y provocar la disolución del Parlament y nuevas elecciones a la espera de que las gane CiU. Una apuesta incierta - el mercado de futuros, otra vez-pero tentadora. Roma no paga a traidores.
Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.