Si las elecciones que llevaron al poder a Morsi —primer presidente elegido en Egipto— las hubieran ganado los liberales “laicos”, y si, después de muchos errores, los Hermanos Musulmanes hubieran instigado al Ejército a una insurrección como la producida el 3 de julio, ¿la hubiéramos llamado en Occidente “golpe de Estado”? Seguro que sí. Inmediatamente. Pero las elecciones las ganó un islamista y ni Estados Unidos ni los países europeos fueron capaces de llamar “golpe de Estado” a lo que lo es indudablemente. No cabe duda que esta actitud inicial pasiva dio alas al general Al-Sisi.
Lo que sucedió es que un presidente elegido por los ciudadanos fue derribado por la fuerza, y está detenido y aislado de cualquier asistencia legal desde entonces. El partido ganador en las elecciones ha sido descabezado por completo y muchos de sus seguidores han sido eliminados por el Ejército, que ha utilizado los fusiles frente a multitudes indefensas. Se ha producido, indudablemente, un golpe de Estado sangriento, imposible de justificar o de entender, por muchos errores que Morsi cometiera —que los ha cometido y graves en un proceso de transición a la democracia—, por mayor o menor apoyo popular que posea el golpe, o por “complejo” que parezca.
Los golpes militares son siempre complejos y cuentan con apoyos civiles, antes o después del golpe, sobre todo si triunfan, pero la cuestión no es esta, porque el hecho inaceptable es que los ejércitos gocen de autonomía de decisión política y se erijan en árbitros de los destinos del país. El drama de Egipto, además, es que el Ejército nunca ha abandonado el poder real, es un Estado dentro del Estado, con fuertes posiciones económicas.
El hecho de que exista un riesgo de enfrentamiento entre civiles no justifica un golpe militar, pues en ese caso sería muy fácil provocarlos, como sabemos muy bien en España. La verdad es que quienes ahora se han puesto del lado de los militares habían perdido las elecciones, entre otras cosas porque no supieron encontrar un candidato con el grado de unidad suficiente como para batir a los organizados Hermanos Musulmanes, que vencieron con claridad. Entre otras cosas porque se ocuparon, a su manera, a través de las mezquitas, de problemas de la gente, cosa que, por supuesto, no hacía la dictadura ni los militares, ante la inexistencia de un mínimo Estado social.
El golpe militar, se dio, pues, contra una decisión mayoritaria, muy reciente; contra un Gobierno legitimado en las urnas. Esto, para Blair —que ha justificado el golpe—, parece no tener importancia, como no la tuvo su inaceptable apoyo en la guerra de Irak. Pero no estamos ante una intervención militar para traer la democracia, como la que protagonizaron los capitanes de abril en Portugal, ni tan siquiera una acción para evitar una dictadura, pues aunque Morsi tomó decisiones que alejaban al país de una dirección no religiosa de la política, elaboró una constitución sin consenso y frustró las aspiraciones de los que lucharon contra Mubarak en la plaza de Tahrir, no es cierto que estableciera una dictadura “islamista”, pusiera fuera de la ley o encarcelara a los adversarios políticos, lo que habría podido explicar una intervención libertadora. Por eso, la posición de equidistancia que las autoridades de la Unión parecen expresar advirtiendo de violencia en ambas parte, nada tiene que ver con la realidad.
No solo eso. La dinámica actual se encamina hacia una encrucijada: o se vuelve a la legitimidad democrática o en Egipto se impondrá una dictadura. La experiencia de los procesos de transición a la democracia, después de los largos periodos de dictadura, demuestran que, o se produce un acuerdo entre las fuerzas políticas con el fin de establecer una constitución que sea válida para todos, o la confrontación, más tarde o más temprano, está servida. El gran error de los Hermanos Musulmanes, llevados de su mayoría y del sectarismo religioso, es no haber tenido en cuenta esa elección, pero ello no justifica un golpe militar para establecer una dictadura.
La tesis que se mantiene en Bruselas y en Washington sobre la importancia de la estabilidad en la zona y, para ello, mantener canales de comunicación abiertos con las dos partes en conflicto, lo que justificaría la timidez occidental en el tratamiento de la insurrección, no se sostiene fácilmente. Primero, porque los generales no tienen intención alguna de contar con los Hermanos Musulmanes, a los que han descalificado llamándolos “terroristas”. Segundo, porque difícilmente los que ganaron las elecciones van a ver en la Unión Europea un interlocutor fiable. Tercero, porque va contra los intereses de Europa una confrontación irreversible en la sociedad egipcia, como la que han desencadenado los militares, favoreciendo el predominio de la opción violenta en las filas islamistas (Al Qaeda ya parece haberse apuntado). Ya vimos las consecuencias de este tipo de intervenciones en el caso de Argelia, con años de guerra civil larvada y cientos de miles de muertos, después del golpe militar contra los islamistas que habían ganado las elecciones.
Hay que hacer una consideración más. La Unión Europea y Estados Unidos no mantienen exactamente la misma posición política geoestratégica en Egipto. La ayuda militar que Estados Unidos da a Egipto (1.300 millones de dólares cada año) tiene objetivos de política exterior y defensa cuya entidad, como es sabido, es de distinta naturaleza de la visión de la Unión Europea, mas “civil” por así decirlo. La política exterior de esta ha de tener como punto nuclear la defensa y promoción de los derechos humanos, las libertades y el Estado de derecho. Por esa razón, cuando se inició lo que se vino en llamar primavera árabe, la Unión reconoció que su tolerancia anterior con los dictadores “no islamistas” del norte de África no había sido la mejor decisión. De ahí que se pusiera en marcha una estrategia nueva: “Más por más”. Es decir, si hay progresos democráticos habrá más ayuda y más implicación de la Unión.
La aplicación a Egipto de esta estrategia ha brillado por su ausencia por el momento. Suspender la entrega de armas al Ejército egipcio, aunque tardía, es positiva. Pero esto es una gota en el océano de los 12.000 millones de dólares que Kuwait, los Emiratos Árabes y Arabia Saudí ya han comprometido a los militares golpistas.
Lo que la Unión Europea debió de hacer desde el minuto cero del golpe es condenarlo con firmeza y mostrar su total incompatibilidad con los actos de violencia extrema que perpetró el Ejército y con una dictadura militar como la que de hecho existe ahora en Egipto. Y lo que debe hacer ahora es exigir a los militares la devolución del poder a los civiles a través de unas elecciones libres e inmediatas con la participación de todas las fuerzas políticas egipcias, sin excepciones y en igualdad de condiciones. Esto es lo que verdaderamente fortalece nuestra posición en la primavera árabe. Y en el resto del mundo.
Nicolás Sartorius es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas y Diego López Garrido es diputado y presidente del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas.