El 2011 ya se presentaba como un año crítico para el régimen egipcio incluso antes de que el tunecino Mohamed Buazizi se inmolara en diciembre, de que el presidente Ben Ali huyera de Túnez menos de un mes más tarde y de que el Movimiento 6 de Abril convocara la manifestación multitudinaria del 25 de enero. Las elecciones presidenciales previstas para septiembre designarían por fin un sucesor de Hosni Mubarak, en el poder durante treinta años. Además, a pocos meses de la fecha decisiva, no estaba claro hacia qué lado se inclinaría la situación. ¿Sería elegido presidente Gamal, el hijo menor de Mubarak? Esa opción, considerada muy probable, se había vuelto más incierta (sobre todo, por la percibida oposición a ella del ejército). ¿Ocuparía un militar el poder? Esa opción se volvió más difícil tras las enmiendas constitucionales del 2007. ¿Podría haber un gobierno de transición dirigido por Omar Suleiman, el jefe de los servicios de inteligencia, o por otro militar? Todas esas preguntas estaban sin respuesta. A pesar de que el partido presidencial aún ejercía un dominio político exclusivo, el régimen parecía encontrar más dificultades para mantener la estabilidad en un periodo de cambio decisivo. Diez años para preparar la sucesión presidencial... y al final falla.
No era que la situación política hubiera cambiado de modo drástico: el gobernante Partido Nacional Democrático (PND) seguía monopolizando la representación en el Parlamento frente a varios partidos muy débiles de la oposición legal y seguía luchando por frenar la influencia de su único auténtico rival, los oficialmente prohibidos Hermanos Musulmanes.
Las elecciones de diciembre del 2010 exacerbaron aun más esa situación: el PND ganó 420 de los 508 escaños, y sólo 15 fueron a parar a partidos de la oposición y uno a los Hermanos Musulmanes, que habían conseguido 88 diputados en el 2005. Los otros 70 escaños fueron a parar a "independientes" vinculados al PND.
A partir del 2002-2003, sometido a una creciente presión estadounidense y consciente de la necesidad de una modernización del sistema político para conservar la estabilidad, Mubarak decidió promover a su hijo Gamal y a varios hombres de negocios cercanos. Les encargó la misión de modernizar el partido gobernante y convertirlo en un verdadero partido capaz de movilizar a la población y ganar elecciones. Al tiempo, también habría que modernizar y liberalizar todo el sistema político. Así, cuando llegara el momento de la transición, Gamal sería capaz de ganar las elecciones presidenciales de un modo que resultaría perfectamente constitucional, por no decir legítimo. En ese escenario ideal, el candidato del PND habría tenido al menos un rival creíble, el representante de un partido no islamista (el Warfd, por ejemplo).
Pero ya a partir de finales del 2005, tras las primeras elecciones presidenciales organizadas y orquestadas por Gamal Mubarak y un equipo de los llamados reformistas del PND, resultó cada vez más evidente que no sería fácil aplicar semejante estrategia. Por ello, quienes se habían unido al PND después del 2002 pensando que había llegado la hora de una mayor democracia se dieron cuenta de que estaban equivocados. Los responsables de modernizar el partido y mejorar su imagen no tardaron en convertirse en el símbolo de una élite detestable y corrupta para los ciudadanos. Quienes se habían unido a Gamal para favorecer así sus propias estrategias de poder se dieron cuenta de lo poco acertado de su elección; algunos empezaron a distanciarse del partido. Por último, a finales del 2010, la conjunción de las enmiendas constitucionales aprobadas en el 2007 y el fraude electoral tuvieron como resultado que el PND fuera el único partido político capaz de presentar un candidato a las elecciones presidenciales del 2011.
A finales del 2010, el panorama político egipcio era también muy diferente del existente a principios de la década. Los partidos de oposición tradicionales seguían siendo muy débiles, sin capacidad para encarnar el cambio o articular una plataforma política clara que fuera más allá de decir no al presidente Mubarak y su sucesión hereditaria. Sin embargo, la relativa apertura del sistema político iniciada en el 2005 había tenido consecuencias en la sociedad egipcia, como la creación de varios periódicos y televisiones privados y el interés de la opinión pública por ellos. Aunque casi siempre sufrieron una fuerte represión por las fuerzas de seguridad y su repercusión sobre la población fue muy escasa, algunos movimientos, como Kefaya, contribuyeron a ensanchar el ámbito de la libertad de expresión de los ciudadanos en cuestiones políticas.
A partir del 2006, el régimen también se vio enfrentado a una oleada de protestas sociales sin precedentes. Nacidas en ciudades industriales como El Mahala el Kubra, dichas protestas (en su mayoría, centradas en los salarios) se extendieron y movilizaron a varios miles de trabajadores de todos los sectores. Desde ahí proliferaron por el país y pusieron de manifiesto que el creciente deterioro de las condiciones sociales movilizaba a los egipcios. Con todo, las protestas no dejaron de ser un fenómeno localizado y esporádico, sin conseguir transformarse en un movimiento nacional coordinado. A partir del 2007-2008, sectores como el Movimiento Juvenil 6 de Abril (responsable de convocar la manifestación del 25 de enero) intentaron de modo infructuoso colmar ese vacío. Desempeñaron un papel central en la aparición de nuevos instrumentos de movilización y expresión política (el más importante es el uso de internet y las redes sociales) y contribuyeron a la aparición de una nueva generación política.
Resultó entonces cada vez más evidente que al menos una parte de la sociedad tomaba conciencia de que no podía y no debía permanecer apartada de la política y dejar que el régimen decidiera en su nombre. La mayoría eran jóvenes; sólo habían vivido bajo el presidente Mubarak, no estaban registrados para votar y perderían la oportunidad de decidir sobre su destino si no actuaban. Hasta la manifestación del 25 de enero, el modo de expresión elegido despertó dudas de su capacidad para conseguir algo políticamente significativo. Aunque los jóvenes egipcios intercambiaban consignas, ideas y vídeos con sus ordenadores, eso no bastaba para que las personas salieran a la calle y actuaran de modo colectivo. Lo sucedido en Túnez, junto con la aguda degradación de las condiciones económicas y sociales y la creciente percepción de que los ciudadanos carecían de voz en la inminente sucesión presidencial, crearon el contexto propicio para una movilización sin precedentes en Egipto. De ahí que muchos de los ocupantes de la plaza Tahrir sean recién llegados al paisaje político. Más que emanar de posiciones ideológicas específicas, su compromiso procede sobre todo de la voluntad de tomar parte en la decisión política: no quieren ya que otros decidan por ellos, quieren participar.
Está por ver cómo reaccionarán a las importantes concesiones anunciadas por Mubarak y el recién nombrado vicepresidente Omar Suleiman. Tras lograr que Mubarak no se presente a otro mandato, que su hijo no sea candidato y que se revisen los resultados de las elecciones parlamentarias, muchos egipcios quizá crean que es hora de una transición ordenada. No todos los manifestantes se conformarán con semejante compromiso y dista de estar claro de qué forma reaccionará el ejército a sus demandas. En este momento, los militares se han convertido en un actor clave en Egipto. Desempeñarán a buen seguro un papel central en la transición política cuando Mubarak abandone de un modo u otro el cargo. Entre ellos, Omar Suleiman, por ser el vicepresidente, estará sin duda en primer plano durante esa etapa. A más largo plazo y cuando se organicen las presidenciales, quizá surjan otros candidatos que parecerán más adecuados; en especial, si son figuras menos próximas al régimen y menos implicadas en la gestión de las actuales protestas. Un militar podría ser una opción, pero no la única. Con todo, el que los militares perciban al candidato como digno de confianza sí que puede ser una condición.
Por Virginie Collombier, doctora en Ciencias Políticas, investigadora asociada del Arab Reform Iniciative. Traducción: Juan Gabriel López Guix.