El 15-M, más democracia que izquierda

La simpatía social suscitada por las movilizaciones del 15-M (uno se resiste a denominarlas Movimiento, de infausta memoria) es la respuesta adecuada a una protesta, liderada por los jóvenes, con aportaciones de veteranos, cansados de la hegemonía de los partidos políticos y de la falta de soluciones para los problemas que aquejan a los ciudadanos. El modo como se ha materializado esa protesta, pacífica y asamblearia, potenciada por Internet y sus redes sociales, ha dejado en un segundo plano la aportación que el 15-M significa para el sistema político y ha planteado la hipótesis, plausible pero fallida, de si entrañaba un reforzamiento para la maltrecha izquierda.

Es preciso reconocer que una actuación tan masiva, a la vez que ordenada, tan deliberativa y respetuosa con el colectivo y tan reacia a los protagonismos individualistas, al menos durante las primeras semanas, ofrece una muestra ejemplar de democracia, lo cual ya es saludable. Pero cabe plantear la pregunta: “¿Democracia para qué?”. Desde el 15-M, la respuesta consiste en pedir “mayor democracia”, “participación ciudadana”, “separación de poderes”, “reforma de la Ley Electoral”, etcétera.

¿Significa el 15-M un alegato en favor de una reforma de la Constitución de 1978, aprobada por la generación anterior? Más bien puede entenderse como una invocación de los principios y valores constitucionales, incumplidos u olvidados por los políticos constituidos. Es imaginable la figura de Enrique Tierno Galván, el viejo profesor, atildado y conspicuo, rodeado en la Puerta del Sol de jóvenes desaliñados y expectantes, predicar, con expresión muy suya, que “es menester…”, y ya con palabras del Preámbulo del que fue autor, “… establecer una sociedad democrática avanzada”.

Todo un programa para el 15-M, que ha dado un aldabonazo ético en defensa de los postulados de nuestra Constitución, a cuyo cobijo se acogieron los acampados (artículo 21: “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa”. “En los casos de reuniones en lugares de tránsito público (…) la autoridad solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”).

La reclamación, desde el 15-M, de una democracia más participativa es completamente procedente, si bien sería preciso que, mientras tanto, se agotaran las posibilidades de participación que el sistema ofrece. Por ejemplo, en todo tipo de procesos electorales de la universidad, desde la elección de rectores a la de delegados estudiantiles, las cifras de estudiantes que votan son muy bajas, de forma llamativa en la reciente elección de rector en Granada. La participación de los estudiantes fue de un ¡3,2%! Pedir después “participación activa de todos en todas las decisiones” resulta incongruente, como un tanto ingenuo, aunque desde luego bonito, exigir la “erradicación de la pobreza y del hambre”.

En cuanto a la necesaria reforma de la Ley Electoral, las propuestas del 15-M no parecen ir más allá de las listas abiertas y de un cómputo igualitario de los votos, que potencie los “criterios de representación proporcional” que establece la propia Constitución.

No se ha profundizado, por ejemplo, en la ampliación del sufragio universal, mediante el derecho al voto desde, al menos, los 16 años, que aminoraría el desequilibrio demográfico de un electorado tremendamente senecto, lo que condiciona las ofertas políticas preferentemente dirigidas a pensionistas y ancianos, en detrimento de los ciudadanos más jóvenes, que no pueden votar.

La ampliación del derecho al voto juvenil -propuesta que vengo manteniendo en este periódico desde finales del siglo XX, sin éxito alguno- me parece acorde con los deseos del 15-M de profundizar la democracia, mediante la posibilidad de participación electoral de personas de 16 a 18 años, usuarias hoy de la información necesaria y suficientemente despiertas y preparadas, desde luego más que multitud de nonagenarios a quienes nadie cuestiona la capacidad para emitir su voto. La integración electoral de ese sector juvenil en una sociedad que también es suya significaría un avance frente a los dirigentes políticos que les han dado desdeñosamente la espalda.

En general, las propuestas del 15-M no se sitúan a la izquierda. No ha destacado ninguna iniciativa en favor de la República ni en contra del sometimiento del Estado a la Iglesia católica en materia de financiación y educación, entre otras. Y cuando se pide, por ejemplo, el “control de los poderes financieros” o el “férreo control sobre bancos y corporaciones” no parece cuestionarse la libertad de empresa ni la economía de mercado. Ni siquiera se plantea la potenciación del sector público frente al privado, si bien se reclama el Estado de bienestar y la lógica reivindicación de “trabajo, vivienda y sanidad”.

Los jóvenes y no tan jóvenes del 15-M no han ofrecido un balón de oxígeno a la socialdemocracia, en cuyo auxilio podía entenderse inicialmente que acudían los indignados. Más bien se trata de una llamada de atención general a los políticos, que en algún momento debería concretarse para calibrar qué opciones son más propicias a quienes reclaman democracia.

Bonifacio de la Cuadra

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