El 9-M: un voto federal

Son muchas las interpretaciones que se han hecho ya acerca del significado de las elecciones del 9 de marzo. Es obvio que un hecho político como este resulta analizable desde diferentes perspectivas. Nos gustaría, en estas líneas, apuntar una lectura, complementaria de otras, surgida de la valoración de los resultados en el País Vasco y Catalunya. Se ha destacado cumplidamente la trascendencia de estos votos --sobre todo la de los catalanes, sin los que se habría producido un vuelco político-- en clave de política nacional. También se ha resaltado su previsible importancia para el acontecer político en ambas comunidades (así, la posible incidencia en la consulta popular publicitada para octubre, en Euskadi, o las dificultades que un posible acuerdo del PSOE con CiU pudiera plantear al tripartito catalán). Se ha hablado menos, en cambio, de las razones de que se hayan dado estos resultados. En otras palabras, ¿cómo cabe interpretar que, contra pronóstico, los socialistas vascos se erijan en fuerza mayoritaria en los tres territorios históricos, y que los socialistas catalanes superen en escaños a la suma de los obtenidos por el resto de partidos con representación parlamentaria?

Sinceramente, no creemos que la explicación se halle en el alto grado de satisfacción inmediata del electorado vasco y catalán con la política realizada por los socialistas, en los planos nacional y autonómico, durante la legislatura. En realidad, el bagaje de la gestión del Gobierno de Zapatero ha sido, por no exagerar la crítica, más bien modesto. En lo que a Catalunya respecta, los motivos para la decepción --AVE, cercanías, aeropuerto, financiación...-- resultaban evidentes. Por otra parte, la historia del liderazgo socialista en el tripartito catalán no está, precisamente, cuajada de logros que expliquen la masiva movilización electoral. A nuestro juicio, una de las explicaciones que cabe dar a este fenómeno es la existencia de una pulsión colectiva de muchos catalanes y vascos, dirigida a asegurar la fortaleza y gobernabilidad de nuestro Estado compuesto, en un contexto en el que ambas podrían resultar amenazadas, por una parte, por la agresividad recentralizadora del PP y, por otra, por los excesos y la frivolidad de algunos nacionalismos periféricos. En otras palabras, muchos ciudadanos se han movilizado para emitir un voto federal.

Para esos electores, el voto del 9 de marzo expresa, creemos, el hartazgo de una dialéctica que ha usado las cuestiones relativas a la identidad colectiva como eje de la confrontación política. Millones de ciudadanos, en ambas comunidades, tuercen, hastiados, el gesto, cuando oyen tronar desde la derecha --en sus diversas frecuencias de onda:

Acebes, Losantos, Alcaraz, Cañizares...-- amenazas de que se rompe España. Al tiempo, se sienten fatigados de aquellos discursos nacionalistas periféricos cuya obsesión parece ser cuestionar y reinventar sistemáticamente el marco común de convivencia. Simplemente, una mayoría electoral de catalanes y vascos se sienten cómodos con ese marco, el de la España constitucional y autonómica, y apuestan por él frente a discursos nostálgicos de una supuesta unidad perdida y aspiraciones de segregación tan legítimas como minoritarias y, en opinión de muchos, amenazantes para la estabilidad política y el bienestar colectivo.

El que esos votos hayan ido a las filas socialistas resulta, al mismo tiempo, explicable y paradójico. Sin duda, el PSOE encarna, entre las fuerzas con posibilidades de gobernar, la visión de la España autonó- mica más reconciliada consigo misma, y es evidente que esta circunstancia, unida a la sobreactuación del PP, les ha hecho receptores privilegiados del voto federal útil. La paradoja es que el clima de inquietud que ha movilizado ese voto resulta imputable en alguna medida a los mismos que se han beneficiado de él. Durante la última legislatura, el Gobierno Zapatero ha propiciado un conjunto de reformas estatutarias cuyos resultados positivos están aún por ver, y que han dado lugar a un debate político esencialista en el que se han disuelto, olvidadas, las grandes cuestiones de la agenda pública como, sin ir más lejos, la educación. Lo que los ciudadanos pensaban de todo ello se anticipaba ya en las ridículas cifras de participación en los referendos estatutarios.

Sea como fuere, el resultado electoral hace más fuerte la visión federal de España. Ni la gesticulación patriotera del PP ni las ensoñaciones disgregadoras de los nacionalismos más radicales han cosechado el éxito. Haría bien, en todo caso, el PSOE, gran beneficiario inmediato del voto federal de la periferia, en no considerarlo un cheque en blanco. Hablando desde Catalunya, bajo la hojarasca retórica del debate político de la última legislatura, late la reivindicación de que se afronten problemas no resueltos, como un sistema injusto y lesivo de financiación, el abandono sostenido de la inversión pública en ciertos campos o la pervivencia de modelos obsoletos de gestión de infraestructuras o de la administración de justicia.

Sería bueno también que los principales partidos escucharan la resonancia federal de ese voto y consensuaran algunas reformas imprescindibles para robustecer las instituciones que hacen posible esa idea de España. Entre ellas, la refundación del Senado.

Francisco Longo, director del Instituto de Dirección y Gestión Pública de ESADE.