El aborto en España visto por un católico belga

Mientras disfruto de una estancia académica en el Centro de Ética y Derecho Biomédico de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) me ha llegado la noticia de que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva está pendiente de un hilo. Parece ser que uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, antiguamente adscrito al llamado “sector progresista”, ahora no tiene claro qué votará en la sentencia sobre el recurso de la ley presentado ante el alto Tribunal por el Partido Popular, por sus convicciones “católicas”.

He venido a Bélgica para tratar de comprender qué ha pasado en estos ocho años de vigencia de la Ley de Eutanasia, aprobada en 2002 por este país de profunda cultura católica. Creo que su experiencia será para nosotros, en el futuro, mucho más importante que la tan conocida y citada experiencia holandesa.

El comentario de la noticia con mis colegas de esta Universidad les suscita estupefacción. Ellos tienen claro que viven en una sociedad presidida por lo que el filósofo Rawls llamaba el “hecho incuestionable del pluralismo”. Esto implica aceptar que no se tiene la verdad absoluta en cuestiones morales y que, por tanto, generar un proyecto viable de sociedad exige buscar acuerdos basados en valores éticos aceptados por la mayoría de ciudadanos. Esta misma actitud mantienen ahora, cuando el país se enfrenta a una profunda crisis política motivada por las dificultades de entendimiento que existen entre las comunidades flamenca y valona. Por eso entienden que el verdadero proyecto católico no es defender numantinamente la propia “moral católica”, sino más bien fomentar la deliberación colectiva desde el compromiso en la defensa integral de la dignidad de la vida y muerte de las personas.

Parece que es exactamente lo contrario de lo que, a juzgar por lo que dice la prensa, piensa el magistrado español. Pero en cambio, a los profesores de Lovaina, su forma de pensar les llevó a participar activamente en el proceso de redacción de la Ley de Eutanasia. Más tarde emitieron recomendaciones a los numerosísimos hospitales católicos belgas acerca de cómo y en qué circunstancias aplicar dicha ley. La razón era que no todos los usuarios de dichos hospitales eran católicos, pero sus derechos ciudadanos legalmente reconocidos debían ser igualmente respetados.

Pero lo cierto es que esta actitud no es tan excepcional. Los mismos obispos belgas se mantuvieron en un discreto segundo plano durante el proceso de debate de la ley. Estaban en contra, obviamente, por coherencia con el Magisterio. Pero nunca dieron una batalla tan feroz como la que la Iglesia ha dado en España ante la llamada reforma de la ley del aborto -batalla que no dio, por cierto, en los ocho años de Gobierno del Partido Popular-. Y por supuesto, según me dicen aquí, ningún obispo llamó a los profesores de Lovaina para decirles lo que debían pensar o escribir, cosa que no puede decirse precisamente de los obispos españoles respecto a los centros de bioética de sus Universidades o Facultades de Teología.

Puede decirse por tanto que, en la sociedad belga, la separación entre Iglesia y Estado es completa en el marco de un pluralismo cívico aceptado por todas las partes, incluidos, por supuesto, los obispos.

Pero no tengo tan claro que en España estemos en este punto. Y el posicionamiento del magistrado del Constitucional me lo sugiere aún más. La influencia de “lo católico” sigue sobrepasando claramente los límites de lo aceptable en una sociedad pluralista y democrática. Es grave, a mi modo de ver, que alguien pueda pensar que la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley pueda ser evaluada con un instrumento distinto al de la propia Carta Magna. Menos aún, con el catecismo de la Iglesia católica. Y es que los funcionarios públicos deben tomar decisiones basadas en el interés público, no en sus presupuestos morales privados.

Aunque todas las personas tengamos dichos presupuestos, basados o no en convicciones religiosas, cuando los que desempeñamos funciones públicas -jueces, médicos, militares, políticos- actuamos en el ejercicio de nuestro cargo debemos ser capaces de ponerlos entre paréntesis. Solo podemos guiar nuestros juicios y nuestras actuaciones por los valores de una ética cívica pública y por la ley. Si no somos capaces de hacer esto, entonces, por coherencia y honestidad, debemos dimitir.

Así lo hizo, aunque solo fuera transitoriamente, el rey Balduino de Bélgica cuando se aprobó la ley del aborto: no quería sancionar una ley que iba en contra de su conciencia privada, pero no podía, como cargo público, bloquear una ley aprobada por la mayoría de los ciudadanos.

No entender ni aplicar estos conceptos constituye, a mi modo de ver, un ataque frontal al pluralismo, al bien común, a la esencia de la democracia. No es que nuestro alto Tribunal esté como para dar mucho ejemplo de nada, gracias a la inestimable colaboración de los partidos políticos, pero me resulta impensable que un magistrado del Constitucional pueda permitirse incurrir en un error tan tremendamente grave que nos devolvería a oscuros tiempos pasados de los que pensábamos que ya habíamos salido.

Pablo Simón es profesor de Bioética en la Escuela Andaluza de Salud Pública de Granada.

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