«Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí». Este conocidísimo cuento de siete palabras del premio Príncipe de Asturias de las Letras Augusto Monterroso refleja la sensación de lo insuperable. En muchas ocasiones es imposible superar la presencia inmutable del dinosaurio. El nuevo sistema de acceso a la abogacía que pretende homologarnos con Europa nos traslada al escenario de Monterroso. El dinosaurio está ahí. Son tantos y tan complejos los problemas que plantea la puesta en práctica de ese modelo, que autoridades académicas, despachos de abogados y, especialmente, los estudiantes consideran que ver la luz en un plazo razonable es prácticamente imposible. El dinosaurio sigue estando allí.
El acceso a la abogacía exige ahora la realización de un máster y aprobar un examen nacional. Este examen es en cierto modo equiparable al MIR de los médicos, pero, frente a este, no otorga directamente ningún empleo, solo la titulación para obtenerlo. El próximo 30 de mayo se va a celebrar la segunda edición de esta prueba, que es en realidad la primera que tiene una auténtica dimensión nacional. En la anterior, que tuvo lugar en junio de 2014, aún había pocos estudiantes que hubieran cursado los Grados impuestos por el Plan Bolonia, circunstancia que determina el sometimiento al nuevo sistema. En esta ocasión el incremento exponencial del número de participantes ha llevado al Ministerio de Justicia a organizar sedes en varias comunidades autónomas. Se permite además su realización en las lenguas oficiales de las mismas.
Desde 2006, año en que se instituyó por ley este sistema, se han producido muchas críticas, tanto en relación con el máster como con el examen. Ha habido tiempo para debatir estas cuestiones, pues desde la aprobación de la ley hasta que se aplicó han pasado ocho años. Este plazo ha sido necesario para garantizar la seguridad jurídica, con el fin de que los estudiantes que habían comenzado sus estudios de Derecho una vez aprobada la ley no se vieran afectados por unos requisitos con los que no contaban al elegir su carrera.
Los estudiantes actuales se han encontrado con un año y medio más de formación y por tanto con un mayor coste, que algunas universidades, tanto públicas como privadas, han elevado mucho más allá de lo razonable, por lo que para muchas familias es imposible afrontarlo en estos momentos de crisis. Pero, siendo importante este problema, más aún lo es la falta de plazas suficientes en las universidades públicas para que la mayor parte de los estudiantes que han cursado el Grado en Derecho puedan estudiar el máster que permite luego realizar el examen de acceso. ¿Qué van a hacer estos estudiantes a los que el propio Estado impide desde tantos puntos de vista su acceso a la abogacía, aunque sean graduados en Derecho? Desde el establecimiento del nuevo sistema, el Grado en Derecho sin la formación posterior que permite el acceso a la abogacía ha quedado en tierra de nadie. Hace unos meses, una estudiante dirigió a este periódico una carta al director planteando esta cuestión. Su demanda sigue sin respuesta.
Decía el escritor asturiano Armando Palacio Valdés, recogiendo el pensamiento de la época: «Me hice abogado, que es la carrera de los ricos tontos y de los pobres listos». Creo que hoy esta idea ha quedado superada. Solo por ser rico no se llega a ser abogado, pero, a pesar de que existe un sistema de becas públicas importante, incluso los pobres listos lo tienen difícil.
No obstante, parece que el mercado laboral está apreciando positivamente la aportación del Máster de Acceso a la formación de los graduados en Derecho. Tanto es así que en las universidades se observa el progresivo interés de licenciados en Derecho por matricularse en estos estudios, aunque estén exentos formalmente de la exigencia de la titulación en este Máster para ejercer. Esto no hace sino agravar el problema de acceso a las plazas que afecta a los nuevos graduados.
La nueva convocatoria del examen de acceso tampoco está libre de polémicas. Todos los sujetos afectados por esta cuestión han vivido desde hace meses pendientes del BOE con el fin de conocer la fecha en que tendrá lugar el examen. En adelante sería conveniente una regularización de los períodos de examen que garantizara su previsibilidad, así como la existencia de una convocatoria extraordinaria que permitiera agilizar la superación de este requisito y la incorporación de estos jóvenes a un mercado de trabajo ya complicado de por sí.
Decía Napoleón: «¡Tirad a los abogados al río!». No creo que esta sea la estrategia que fundamente este nuevo sistema. Pero a veces lo parece. El dinosaurio sigue estando ahí.
Ana de Marcos Fernández, coordinadora para el máster en Acceso a la Abogacía de la Universidad Autónoma de Madrid.