El acierto de la política económica

El final de toda legislatura constituye el mejor momento para comprobar lo ocurrido a lo largo de la misma, tarea que se viene haciendo en España hace ya meses, aunque casi siempre desde planteamientos puramente ideológicos. De ahí que merezca el esfuerzo analizar la evolución de nuestra economía en los últimos tiempos con el apoyo de datos conocidos. Esa evolución no resulta tema menor sino algo necesario para valorar cualquier acontecimiento y, desde luego, para comprobar la eficacia de la política económica.

Comenzando por la producción, los datos señalan que muy probablemente 2015 terminará con un crecimiento real para todo el año de un 3,3% del PIB, que es la tasa más alta de crecimiento de la Unión Europea, quizá excluyendo a Irlanda, y la más alta alcanzada en España desde 2007, cuando la crisis apenas si comenzaba a despuntar y el Gobierno de entonces se afanaba en sostener la situación mediante gastos de dudosa utilidad y nuevos empleos públicos generosamente repartidos. Ahora llevamos ya ocho trimestres seguidos creciendo sin necesidad de aplicar tan ineficaces instrumentos. Además, en estos últimos años se ha generado un intenso cambio en nuestro modelo productivo, pues las exportaciones de bienes y servicios, que apenas superaban el 26% del PIB antes de comenzar la crisis, sobrepasan ahora el 32% de esa magnitud con fuerza nunca vista antes, volcando con rapidez nuestra producción hacia los mercados exteriores. Si a eso se añade que la industria está comenzando a recuperar algo del peso relativo que tenía antes de la crisis y que la agricultura se comporta de igual modo, aunque a menor velocidad, parece claro que nuestro modelo productivo se está transformando en el propio de una economía avanzada, fuertemente conectada con el exterior y altamente competitiva, mucho más eficiente que en su reciente pasado.

El acierto de la política económicaPara probarlo téngase en cuenta que el PIB real en el primer semestre de 2015 fue superior al de igual periodo de 2007, pese al menor volumen relativo de la formación bruta de capital fijo aplicado en ese periodo –19,4% del PIB– frente al 30,9% del PIB alcanzado en el primer semestre de 2007 y también pese al menor número de ocupados en el primer semestre de 2015, que fue tan sólo de 18,6 millones frente a los 21,2 millones de ocupados en la primera mitad de 2007. Producir más utilizando mucho menos capital y bastante menos trabajo significa producir más eficientemente, lo que subraya el cambio profundo experimentado por nuestra economía. Quizá parte de esa mejora se deba a que la formación bruta de capital fijo empresarial –es decir, la inversión total descontada la dedicada a vivienda y la de origen público– se ha disparado en términos relativos, pasando de representar un 45,2% de la inversión bruta total en el primer semestre de 2007, hasta un 67,9% en el mismo periodo de 2015. Nuestras inversiones, por tanto, se orientan últimamente bastante más a la producción directa que a bienes de consumo duradero (vivienda) o a bienes de naturaleza social financiados por el sector público. Por su parte, la importante reforma laboral efectuada en este periodo ha conducido también a una utilización mucho más racional de la fuerza de trabajo disponible.

En el ámbito del sector público el cambio ha sido también radical. En 2009 alcanzamos el déficit público más elevado de entre los muchos años conocidos de liquidaciones presupuestarias: nada menos que un déficit del 11,2% del PIB. El aumento de ese déficit desde 2006 a 2009 alcanzó los 114.355 millones de euros y fue originado en su 93,7% por un exceso de gastos públicos (107.117 millones de euros) y sólo en el 6,3% restante (7.238 millones de euros) por la caída de los ingresos. Además, casi un 40% de ese aumento de gasto se debió a gastos corrientes. En 2014, pese a atender con cuantiosas ayudas la brutal crisis financiera, el déficit se ha reducido a menos de la mitad (56.182 millones de euros) representando un 5,8% del PIB. Todo apunta a que ese déficit se situará en el entorno del 4,5% en 2015, pese a la importante reducción de tarifas impositivas acometida este año. No ha habido nunca en nuestro país una política fiscal tan rápida, incisiva y eficiente como la puesta en marcha por este Gobierno, pero algunos achacan a esa política el extraordinario aumento de la deuda pública desde el 38,9% del PIB, que se alcanzó en 2006, hasta un 97,7% del PIB en 2014. Un aumento en la deuda de 640.378 millones de euros entre esas dos fechas. Sin embargo, quienes así opinan olvidan que la mera acumulación de déficits anuales, pese a la importantísima reducción de sus magnitudes absolutas en este periodo, ha supuesto 570.001 millones del aumento de la deuda, lo que representa más del 89% de tal aumento. Por eso resulta tan necesaria una reducción drástica y rápida del déficit público, porque si no se logra la deuda pública seguirá aumentando alimentada por los déficits sucesivos, lo que pondrá en muy grave riesgo el crecimiento de la producción y del empleo. Quienes propugnan un alargamiento del proceso de reducción del déficit al tiempo que critican el aumento de la deuda, se olvidan que los déficits significan siempre más deuda y que nuestra deuda pública roza ya peligrosamente el límite del 100% del PIB. Más tiempo para reducir el déficit no conduciría, por tanto, a más progreso sino a menores posibilidades de producción, de empleo y de financiación de nuestra economía.

La reforma del sistema financiero iniciada en 2012 ha constituido también otro triunfo espectacular. Un sistema quebrado en buena parte, que amenazaba con arrastrar en su quiebra a la economía española, se ha reconvertido en poco tiempo en otro más consolidado, en el que los activos bancarios se valoran conforme a mercado, en el que se han absorbido las pérdidas implícitas en esos activos y en el que las entidades han recompuesto suficientemente sus cifras de capital mínimo necesario. Por eso este sistema está ahora en condiciones de proporcionar, a precios más bajos, una financiación suficiente a empresas y familias gracias a la reducida prima de riesgo actual, lo que nadie podía soñar en 2009. Los esfuerzos han sido considerables, pero los clientes han salvado sus depósitos desapareciendo, además, la amenaza de los corralitos de otros países.

Como colofón de estas políticas, el empleo ha comenzado a crecer con fuerza. Desde principios de 2014 y hasta mitad de 2015 el número de ocupados ha aumentado en 757.000 personas, lo que hace prever que en todo 2015 el número de ocupados aumentará en más de 600.000 personas a la vista de la última EPA. Por supuesto las voces que siempre se alzan cuando mejora el empleo gritan hoy a todo pulmón que ese empleo es de alta temporalidad y de reducidas retribuciones, olvidando que suele ocurrir así al comienzo de la salida de toda crisis, que esas condiciones mejorarán con rapidez y que, en todo caso, el nuevo empleo, aunque en ocasiones sea temporal y de menor retribución, es siempre bastante mejor que el paro. A más estabilidad en el empleo y a mejores salarios llegaremos cuando vaya superándose más la crisis, pero el principio no ha sido malo sino, por el contrario, excelente.

La política económica aplicada por este Gobierno ha funcionado como se esperaba y los datos que se han analizado –y otros muchos que agotarían al lector– lo demuestran, en fuerte contraste con el fracaso rotundo de las políticas económicas anteriores. Pero nuestro crecimiento en producción y en empleo es aún débil porque internacionalmente somos un país bastante endeudado. Frente al exterior nuestra deuda bruta total, pública y privada, se eleva hasta el 166,5% del PIB (50% del PIB la pública externa). Por eso tenemos que perseverar en las políticas actuales, pues si se cambiasen por las confusas y contradictorias que algunos recomiendan, las puertas del crédito exterior se nos cerrarían, impidiendo la financiación de nuestra economía en las condiciones a que hoy lo venimos haciendo. Ese cierre ya lo experimentamos no hace tanto y, de producirse ahora de nuevo, nos devolvería sin duda a una posición peor, incluso, que aquella. Nos llevaría directamente al desastre. Tenemos notorios ejemplos recientes bien a la vista.

Manuel Lagares es catedrático de Hacienda Pública y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

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