El acuerdo Tarradellas-Cavero

Si un español vive en Roma, París, Londres o Lisboa, puede llevar a sus hijos a un centro escolar en el que reciban las enseñanzas en castellano. Si vive en Barcelona, no puede hacerlo. El «modelo lingüístico» de la Generalitat se lo impide. Si ese ciudadano que vive en Barcelona desea que sus hijos reciban una educación bilingüe en catalán y castellano, también lo tiene prohibido. Si la enseñanza bilingüe es en catalán e inglés, en catalán y francés o en catalán y alemán, sí puede hacerlo. La Ley de Educación catalana de 2009, en efecto, permite que se desarrollen «proyectos lingüísticos» bilingües (o plurilingües), en los que se puedan impartir asignaturas en lenguas distintas al catalán, con tal de que sean «lenguas extranjeras». Así lo dispone, aunque produzca asombro leerlo, el artículo 12 de la citada normativa.

En varias ocasiones he tenido que explicar este «modelo lingüístico» a algunos extranjeros interesados en conocer las cosas de España. Según mi experiencia, la rección ha sido siempre una educada incredulidad por su parte. Tenía que hacer acopio de toda la legislación para demostrar la veracidad de mis afirmaciones. «Pero, ¿no es el castellano la lengua oficial del Estado en toda España?; pero, ¿la mitad de los catalanes no son de lengua materna castellana?», me preguntaban atónitos. No resulta nada fácil responder a tales preguntas. Lo cierto es, les contestaba, que en las escuelas públicas de Cataluña, el castellano queda relegado a dos horas a la semana, menos que el horario fijado para el inglés, y no puede ser utilizado para enseñar cualquier materia.

La verdad es que este «modelo lingüístico» se aleja mucho del que fue diseñado en los tiempos de la Transición, cuando hubo voluntad de resolver los problemas de convivencia de los españoles bajo el signo de la concordia. Recuerdo que, en mi condición de jefe de gabinete del entonces ministro de Educación, acompañé a Íñigo Cavero a la entrevista que mantuvo en el año 1978 en el Palau de la Generalitat con el presidente Tarradellas. El ministro Cavero tenía el firme propósito de llegar a un acuerdo satisfactorio que resolviera la cuestión lingüística, ya que nos resultaba evidente que el modelo imperante lesionaba gravemente los derechos de la población catalanoparlante.

Hoy parecerá mentira, pero en una sola reunión, Tarradellas y Cavero se pusieron plenamente de acuerdo. Creo que el mérito fue de ambos. Porque lo que planteó Tarradellas pareció muy razonable. Consistía en a) impulsar los estudios universitarios de Filología catalana en las Facultades de Letras; b) crear las cátedras de lengua catalana en las enseñanzas medias; c) establecer para el profesorado las condiciones de aptitud para la enseñanza del catalán; y d) implantar la enseñanza del catalán como materia obligatoria para los alumnos, salvo dispensas perfectamente tasadas. La idea no era otra que trasladar a la escuela la realidad lingüística de Cataluña, una sociedad caracterizada por un encomiable bilingüismo, en el que convivían una y otra lengua, llamadas -la elaboración de la Constitución estaba ya en marcha- a ser declaradas cooficiales en Cataluña.

Algunos podrán pensar que las pretensiones de Tarradellas en aquel momento eran meramente tácticas y de mínimos. En realidad, iban más allá del modelo que estableció la República. Creo que a Cavero, y al equipo de sus colaboradores, les parecieron sinceras y razonables. Todos pensábamos que las lenguas catalana y castellana tenían que convivir en Cataluña, como tenían que convivir sus habitantes, fuera cual fuera su procedencia, sin sacrificar los derechos y las libertades de unos y de otros. Y pensábamos también que, por la misma fuerza de la razón y de la realidad, de una razón que tiene en cuenta la realidad, eso sería posible. ¿Fue una actitud ingenua? Admitirlo sería tanto como reconocer que Tarradellas actuó con mala fe. Sinceramente, me niego a creerlo.

La Ley de Normalización Lingüística de 1983 -obra ya de Jordi Pujol- emprendió, sin embargo, un camino en el que, paso a paso y con una férrea voluntad política digna de mejor causa, ha conducido a la situación en la que nos encontramos, muy distante de la que acabo de evocar. En realidad, la Ley de 1983, elaborada con una hábil y calculada ambigüedad, no expulsaba al castellano como lengua vehicular de la enseñanza. Lo que establecía era un «progresivo» uso del catalán, pero sin poner en cuestión que ambas lenguas cooficiales pudieran ser usadas para la enseñanza de las diferentes materias. Una aplicación prudente y equilibrada de la ley podría haber conducido a una situación de satisfactorio compromiso.

Pero su aplicación no fue así: la voluntad de arrinconar al castellano del mundo escolar fue quedando patente en sucesivas reglamentaciones. Además de las dos horas semanales en amplias zonas de Cataluña, al castellano le quedaba, al menos, el ser la lengua del recreo.

El último paso de este proceso fue el Estatut de Zapatero-Mas con Montilla de convidado de piedra. El Estatut consagra al catalán como «la» lengua vehicular de la enseñanza. El «la» es definitorio: es que no hay otra. Naturalmente, el Tribunal Constitucional declaró el «la» contrario a la Constitución. No podía actuar de otra manera. Lo hizo de la manera más cortés que pudo (tomo este término prestado del inteligente comentario de Óscar Alzaga a la sentencia del Alto Tribunal): utilizando de manera alambicada y tormentosa la técnica de la «interpretación conforme». No expulsó directamente el «la» del texto estatutario, pero ordenó con nitidez que se tuviera como no puesto. ¿Era una manera de invitar a los actores políticos a encontrar una solución concordada y razonable dentro de los parámetros constitucionales?

El reciente auto del Tribunal Superior de Cataluña no ha hecho otra cosa sino aplicar escrupulosamente la doctrina del Tribunal Constitucional. Y, si se lee sine ira et studio, hay que reconocer que su texto tiene la misma actitud cortés que el Alto Tribunal. Lo único que señala es que el castellano no puede ser expulsado como lengua vehicular de la enseñanza. E invita al legislador a encontrar fórmulas de encaje, que ni siquiera tienen necesariamente que responder a un trato igual de las dos lenguas cooficiales.

La reacción del nacionalismo catalán no ha presentado ninguna novedad. Ha alzado la voz, como siempre, con improperios, con acusaciones gruesas de anticatalanismo, con descalificaciones viscerales, y, en este caso, promoviendo la insumisión. La verdad es que, hasta ahora, este proceder le ha funcionado. Pero el nacionalismo catalán sabe que tiene un problema, porque su «modelo lingüístico» sólo cabe imponerse mediante una fuerte coacción, ya que vulnera derechos de quienes legítimamente tengan la pretensión de que sus hijos reciban algunas enseñanzas también en castellano, sencillamente porque es su lengua materna y es la lengua común, con la que nos entendemos todos los españoles.

Sacrificar derechos siempre exige una alta dosis de coacción. Las reacciones airadas e inflamadas, que hasta ahora les han resultado eficaces, tienen para los defensores del «modelo lingüístico» una doble virtud. Por una parte, hacen imposible el diálogo y el debate razonado, porque son conscientes de que sus argumentos son muy endebles. Por otra, exhiben músculo para su imposición, porque, claro está, se presume que pocos padres querrán hacer a sus hijos unos héroes. Saben que cualquier actitud condescendiente abriría una espita que crecería como una bola de nieve.

En esta penosa historia, la actitud de los socialistas merece alguna atención. Han acabado abrazando las tesis nacionalistas con el fervor de los neófitos, arrojando por la borda una larga tradición en la historia del socialismo. En la II República, Prieto y Largo Caballero, entre otros muchos socialistas, defendieron «el uso del castellano como instrumento de enseñanza en todos los centros docentes». Y el socialista catalán Fabra Ribas justificaba esta defensa «so pena de faltar a uno de los más sagrados deberes, especialmente por lo que se refiere a los trabajadores». Esta posición está en las antípodas de la que acaba de proclamar el candidato socialista, quien pretende ser futuro presidente del Gobierno. Lamentablemente, es un síntoma más de la pavorosa crisis de identidad que azota al Partido Socialista y que, a mi juicio, le incapacita para dirigir los destinos de la nación.

En todo caso, la situación ha llegado a un punto insostenible. Por dos razones: la primera es que la insumisión supone un gravísimo peligro para nuestro Estado de Derecho. La segunda, porque este «modelo lingüístico» seguirá irremediablemente generando tensiones, aunque se incremente la coacción para imponerlo y acallar a quienes legítimamente reclaman los derechos conculcados.

Evocar aquel acuerdo Tarradellas-Cavero de 1978 debería provocarnos una reflexión: que el único camino transitable es el del compromiso. Irónicamente, ahora las posiciones están invertidas. Ya no es el uso del catalán el que está en situación de inferioridad, sino todo lo contrario. Un compromiso exige cesiones y el respeto al ordenamiento constitucional.

Eugenio Nasarre, diputado del PP y ex secretario general de Educación.