El primer factor es la situación económica. La inflación empieza a ser un problema para los ciudadanos. Pero sobre todo para las cuentas públicas, que tienen grandes partidas de gasto asociadas al IPC (como las pensiones).
Una inflación disparada al 5,5% no parece estacional, teniendo en cuenta la influencia en ella de la crisis energética y de suministros, que ralentiza la actividad industrial y sobrecarga cada vez más los cuellos de botella, tensionando los precios. Productos de primera necesidad como los cereales han registrado subidas de hasta un 21% (en el caso del trigo) y de un 30% (en el caso del maíz), incrementando los costes de la industria ganadera.
Por otro lado, la tasa anual de crecimiento del 7% anunciada por el Gobierno para 2022 contrasta con el 5,9% previsto por el Banco de España. El PIB no crece lo suficiente, todavía un 7% por debajo del nivel de precios.
El empleo es el único dato bueno que tiene sobre la mesa el Ejecutivo. Pero es tramposo: los 20 millones de ocupados registrados incluyen los trabajadores en ERTE y el incremento del ya elevado empleo público.
La crisis económica aún no presentará su peor cara en la primera mitad de 2022, pues aún se percibirán muchas ayudas Covid. Pero tras la finalización de las mismas, se prevé que un 3% de las empresas cierre definitivamente.
Y, por supuesto, en el año 2022 habrá llegado algún grano de ese maná posmoderno que se promete infinito, más conocido como los Fondos Next Generation EU.
Otoño de 2022 es el último momento que tiene Pedro Sánchez para organizar una campaña electoral que escape de la economía con un perverso mensaje: “No estamos tan mal, la crisis es mundial, no es mi responsabilidad, y estando yo en el poder aseguro ayudas, a diferencia de los recortes de la derecha”.
Pero después de esa fecha, la situación, con una elevada tasa de ingresos del Estado por la elevada presión fiscal y sin rebajar un euro los gastos desorbitados de un Ejecutivo de nuevos ricos, será insostenible.
El segundo incentivo para un adelanto electoral favorable a Pedro Sánchez tiene clave territorial. Las elecciones autonómicas en Andalucía están previstas para finales de 2022. Según todas las encuestas, el Partido Popular será el claro vencedor de los comicios, mientras los socialistas seguirán cayendo y Ciudadanos se consolidará en la irrelevancia política, quizá manteniendo algún escaño.
Lo último que conviene a Pedro Sánchez es empezar 2023, el año previsto para las Elecciones Generales, con una victoria electoral del PP en lo que fue un feudo (de corrupción) socialista.
Pablo Casado empezó a subir en las encuestas con los vientos de cola del aplastante triunfo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Y salvo que Juanma Moreno se convierta en el aliado definitivo de Pedro Sánchez para derrotar a Pablo Casado en unas elecciones generales (y descabalgarlo de la presidencia del PP) pactando su investidura con Juan Espadas (cuya mujer experta en worperfe nos recordó su familiaridad con ese pozo de corrupción impune que fue durante décadas la FAFFE), conviene al presidente del Gobierno celebrar elecciones generales antes del triunfo de los populares en las andaluzas.
Respecto a sus socios independentistas de Cataluña y País Vasco, estos Presupuestos de 2022 serán aprobados con todas las cesiones imaginables a ambos, certificando el fin de todo rastro del Estado en dichos territorios. Se ha cedido la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) al País Vasco y se pretende obligar a plataformas audiovisuales como Netflix y HBO a emitir un 7% de sus contenidos en lenguas regionales, lo que acelerará la victoria nacionalista en un posible referéndum en Cataluña antes de lo previsto por Miquel Iceta.
Después de todo esto, ¿qué quedaría por negociar en unos Presupuestos de 2023, siendo el año de las generales? Los presos terroristas de ETA. Esa baza la negociará Sánchez, pero después de una investidura en Madrid y antes de las elecciones autónomas vascas.
El tercer factor para el adelanto electoral es Yolanda Díaz. Díaz quiere utilizar la reforma laboral para sacar del ostracismo presupuestario a CC. OO. y UGT, condenados por la reforma laboral del 2012 tras sus escándalos de corrupción.
El apoyo de la vieja izquierda consolidaría una nueva plataforma electoral que reuniese a toda la izquierda nacionalista de las confluencias gallega, catalana y valenciana. Aunque no es posible que venza al PSOE en unas elecciones, sí puede reequilibrar las fuerzas, arrebatándole muchos votos. Y lo hará con la bandera de una reforma laboral que destruirá empleos y oportunidades.
Antes de que se consolide el liderazgo de Yolanda Díaz y su plataforma sea operativa, a Ione Belarra también le interesa un adelanto: el éxito electoral de Díaz dejaría a Unidas Podemos en inferioridad dentro de la izquierda radical.
Pero aunque Sánchez y Díaz sean rivales, tras las elecciones llegarán a un acuerdo. Sólo se disputarán su peso dentro de la coalición. Algo que la izquierda no permite a la derecha.
Y mientras entramos en crisis debido a nuestra absoluta dependencia energética, no se crean empleos privados y se reforma la educación para acabar con ella, dedicando más horas a las percepciones de género y territoriales que a las materias que lleven a los estudiantes a un camino distinto del paro.
Mientras se avanza en la destrucción del edificio constitucional por parte del PSOE (y no de Podemos, al que se quiere convertir en una especie de banco malo al que imputar todas las actuaciones iliberales del Gobierno), el Partido Popular, que debería liderar la construcción de una alternativa, coquetea con la idea de proponer un pacto al causante del destrozo.
Y aún hay quien se pregunta "¿cómo es posible que Vox no baje en las encuestas?".
Irene González es columnista y auditora de la Intervención General del Estado.