Los ojos de España viven clavados en Cataluña, oteando los vaivenes de un procés independentista que amenaza con supeditar la legalidad a la voz del más ruidoso y escudriñando cada discurso, cada réplica. Pero esos mismos ojos que legítimamente miran donde quieren, no están teniendo en cuenta un proceso de igual gravedad, un proceso que ya está permitiendo que asesinos confesos, justificadores de la peores masacres vividas en nuestro país y defensores del terrorismo como herramienta política aspiren a definir la agenda nacional y den lecciones de democracia sin apenas oposición pública y con el beneplácito del mismísimo Gobierno de España.
Cuando se cumplían 40 años de las primeras elecciones democráticas en España, en pleno siglo XXI, el portavoz de Bildu Julen Arzuaga se subió a la tribuna del Parlamento Vasco y, desde allí, adonde accedían Gregorio Ordóñez o Fernando Buesa hasta que ETA les cerró los ojos a tiros y a bombas, alzó la vista y miró a un grupo de policías que habían acudido como público al hemiciclo. Sin miramientos les acusó de "encubrir a terroristas", les comparó con "nazis" que no respetan la ley y les calificó de "genocidas" molestos con la existencia de tribunales internacionales de Justicia.
Aquellas declaraciones supusieron que el grupo parlamentario del PP abandonase la Cámara, que España entera se llevase las manos a la cabeza y que pocos entendieran cómo era posible que la izquierda más extrema, orgullosa heredera de un legado de casi 1.000 asesinatos, hinchase el pecho y se atreviese a comparar a instituciones como la Ertzaintza, la Policía Nacional o la Guardia Civil poco menos que con las SS de la Alemania nazi.
Pocos lo entendieron y pocos lo entienden porque el contexto es clave para llegar a comprender lo que está sucediendo en el País Vasco, donde lo realmente importante no son los improperios de un radical, los reproches posteriores o las palabras que se cruzaron miembros del PP y parlamentarios de la izquierda abertzale. Lo realmente importante, aquello que se mantiene oculto ante la mirada de la opinión pública, es el proceso que ha dado alas a la izquierda abertzale y que ha presentado su discurso como válido y legítimo ante la opinión pública vasca; un proceso ideado por el PNV y validado por un PSE que ha renunciado a sus principios y que ha logrado arrastrar a la hoja de ruta nacionalista a todo un Gobierno central, más pendiente de su propia supervivencia que de la deslegitimación de proyectos políticos totalitarios.
Pocos lo sabrán, pero cuando Arzuaga insultó a ertzainas, policías y guardias civiles desde el hemiciclo, lo hizo en el marco del debate de una ley promovida por PNV y PSE para constituir un tribunal administrativo al margen de la Justicia y con capacidad de acusar de torturas a Ertzaintza, Policía Nacional y Guardia Civil. Según reza la norma de nacionalistas y PSE, se podrá acreditar la existencia de torturas de las Fuerzas de Seguridad "por cualquier medio de prueba admisible en derecho sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo". ?La metodología no es nueva. Fue utilizada por el Gobierno vasco de PNV y PSE para publicar un informe que cifró en más de 4.000 los casos de tortura entre 1960 y 2014, cuando en palabras del propio Gobierno vasco sólo 202 casos habían sido investigados.
La ley vasca de abusos policiales no sólo carece de seguridad jurídica y permite señalar sin pruebas a policías, sino que sigue la estela de la ley navarra de abusos policiales, de la que el Tribunal Constitucional alertó estimando el recurso de la Abogacía del Estado en Navarra y sosteniendo el riesgo de "conculcar derechos fundamentales de todos cuantos pudieran verse sometidos o expuestos al escrutinio de la comisión", un órgano político, no judicial. ¿Por qué a día de hoy no sabemos qué opina el Tribunal Constitucional de la ley vasca de abusos policiales? Porque el Gobierno de Pedro Sánchez accedió a las presiones del nacionalismo vasco y retiró el recurso de inconstitucionalidad presentado por el último Gobierno del Partido Popular. O lo que es lo mismo: el PSOE y el PNV acordaron sortear el control de legalidad para que el nacionalismo vasco se atribuya funciones que corresponden al poder judicial.
Las cesiones del PSOE de Pedro Sánchez en España y las del PSE de Idoia Mendia en Euskadi a cambio de sillones mullidos en Madrid y Vitoria pasan desapercibidas en un contexto marcado por el procés catalán, pero avalan la teoría del conflicto y alimentan el discurso excluyente y totalitario de quienes regaron de sangre nuestro país. Por ello, cuando Bildu hincha el pecho, más que escandalizarnos deberíamos preguntarnos quién le presta el aire al verdugo.
Amaya Fernández es secretaria general del PP vasco.