El ajuste cubano

A dos años y medio de la recomposición del Consejo de Estado de Cuba, generada por la convalecencia de Fidel Castro, el Gobierno de Raúl Castro anuncia, finalmente, medidas que los propios dirigentes de la isla han catalogado como “actualizaciones” o “ajustes” del modelo socialista. Un mes antes del anuncio, esos mismos dirigentes se tomaron el cuidado de aclarar que tales medidas no deben ser entendidas como “reformas” y tienen razón. Pero los propios economistas de la isla, que defienden una apertura mayor que la anunciada, no dudan que el actual ajuste obligará a una reforma estructural en menos de tres años.

En los debates en las bases del Partido Comunista y el Poder Popular, que precedieron a aquella recomposición, la ciudadanía de la isla demandó reformas económicas y civiles que incluían desde la autorización de pequeñas y medianas empresas privadas hasta la supresión del permiso gubernamental para entrar y salir del país, pasando por una ampliación del acceso a Internet y una mejoría de los servicios de transporte, educación y salud. En vez de satisfacer esas demandas, el Gobierno de Raúl Castro ha optado por el despido de 500.000 trabajadores, entre el más de un millón que el Estado socialista asegura no poder subsidiar.

El protocolo del ajuste parece estar invertido -¿por qué no anunciar primero una ampliación del mercado laboral?- pero no necesariamente es más largo, ya que de cumplirse los plazos previstos, en 2011 ese medio millón debería pasar al sector privado. La precariedad de este último, en Cuba, es archiconocida y la oferta de más de 120 modalidades de trabajos por cuenta propia, cooperativas, usufructos y arrendamientos no es suficiente para garantizar el empleo de tanta población. Una apertura del mercado de trabajo de esas dimensiones, que colocaría a cerca de dos millones de cubanos -actualmente hay unos 600.000- en el sector no estatal de la economía solo puede darse acompañada de una revisión del concepto de propiedad, uno de los más firmes tabúes de la ortodoxia habanera y de no pocos de sus críticos comunistas.

No deja de ser revelador, desde el punto de vista histórico, que el desmontaje lento, gradual, casi imperceptible, del totalitarismo cubano en las dos últimas décadas haya seguido una secuencia inversa a la de su construcción. La Revolución comenzó, hace medio siglo, expropiando empresas extranjeras y terminó de institucionalizarse, más de una década después, estatalizando la economía insular. El desmontaje comenzó en los noventa permitiendo la inversión de capitales extranjeros, el desarrollo del turismo y la recaudación de remesas y apenas ahora comienza a acercarse a una mínima privatización, luego de haber construido una élite empresarial, militar y políticamente leal.

Aunque este ajuste ha sido planteado con menos hermetismo y con una mayor intervención pública de expertos en la materia, comparte con el de los noventa la retórica continuista y, por tanto, ambigua, de los máximos líderes del país. El hecho de que la palabra reforma esté oficialmente vetada no solo es reflejo del viejo dogma antirreformistade la izquierda totalitaria sino de la cómoda y engañosa actitud ante el cambio que ha caracterizado a esos líderes en los últimos 20 años. Desde la caída de la Unión Soviética, los gobernantes cubanos han tomado algunas medidas de emergencia presentándolas como ajustes inevitables e indeseados. Ajustes, entiéndase, que les imponen las circunstancias y que no son asumidos como verdaderos cambios estructurales y de concepto.

El sentido de la tan llevada y traída frase de Fidel Castro a Jeffrey Goldberg podría ser ese: en este mundo de capitalismo salvaje, sin la Unión Soviética, cuando los únicos aliados incondicionales que quedan son algunos Gobiernos capitalistas y democráticos de América Latina, el modelo cubano no funciona ni para los propios líderes históricos de la Revolución, al final de sus vidas. El socialismo cubano no funciona porque esté mal diseñado su sistema institucional sino porque dicho sistema no puede sostenerse económica y políticamente en medio de la universalización de la democracia y el mercado. La ambivalencia conceptual que entraña esa actitud marca cualquier ajuste con el signo de provisionalidad.

Lo terrible es que Fidel y Raúl Castro saben desde hace 20 años que el sistema es insostenible y apenas ahora comienzan a dar pasos concretos hacia una reestructuración de la economía de la isla, por muy limitada que la imaginen. Estas dos décadas han sido, para ellos, un tiempo ganado en el poder, pero para la mayoría de los cubanos y, especialmente, para los muchos reprimidos, excluidos, defenestrados o descalificados por defender un cambio como el que al final se producirá, han sido un valioso tiempo perdido. El lamento por esa pérdida era tan inevitable como inútil entonces, lo sigue siendo ahora y lo será cuando comience la transición democrática.

Las vías hacia la reforma en Cuba no se han producido como muchos, dentro y fuera de la isla, imaginaron en los últimos cuatro años. Fidel se recuperó y Raúl contuvo el impulso aperturista de la primera etapa de su Gobierno. El ajuste podría generar tensiones sociales y la presencia de Fidel, en ese escenario, podría ser compensatoria. Sin embargo, dado su cabal compromiso con el inmovilismo, Fidel será también portador de una advertencia constante sobre el carácter coyuntural de las medidas -que ni siquiera menciona en sus “reflexiones”- y, por tanto, una garantía de que la marcha atrás no estará nunca descartada.

Muchos, dentro y fuera de la isla, objetarán el ajuste anunciado por el Gobierno cubano. Esta vez las críticas no vendrán solo de las corrientes liberales, socialdemócratas y democristianas que existen en nuestras sociedades, sino, también, de no pocos comunistas y socialistas que rechazan cualquier avance hacia el mercado en la isla. Con toda su ambivalencia y su potencial crueldad, el anuncio de los despidos puede ser, sin embargo, un incentivo para la justificación de una verdadera reforma estructural de la economía cubana. Los partidarios de esta última, en la isla, tienen una inmejorable oportunidad para defender sus ideas ante las ortodoxias que emergerán dentro y fuera del Gobierno.

Rafael Rojas, historiador cubano. Ha ganado el primer Premio de Ensayo Isabel Polanco con Repúblicas de aire.