Los datos definitivos de déficit público publicados hace unos días han sorprendido a los analistas que, en su mayoría, apuntaban a un nivel de incumplimiento del objetivo superior al finalmente presentado. En efecto, con la información de los últimos cuatro trimestres acumulados hasta septiembre de 2013, se tenía una cifra de déficit de las AAPP que —tras deducir las ayudas bancarias— rondaba el 7% del PIB, claramente por encima del objetivo establecido tras su revisión en el 6,5%. Por otra parte, el gasto público en cada uno de los tres primeros trimestres de 2013 venía suponiendo una cantidad casi idéntica a la de los periodos homólogos de 2012 (en conjunto, solo 400 millones más). Y, puesto que el cuarto trimestre de 2013 debía incorporar la paga extra de funcionarios (cerca de 5.000 millones), que no tuvo lugar el año anterior, cabía esperar que el dato del último trimestre superase en un importe no muy distinto de ese a la cifra de idéntico periodo de 2012.
Sin embargo, los datos oficiales muestran que la cifra de gasto público del cuarto trimestre de 2013 no ha superado apenas nada a la del último trimestre de 2012. Es como si la paga extra no hubiera existido, aunque en realidad sí se ha abonado. Por tanto, el resto del gasto lo ha compensado con menores cifras aparentes en otras rúbricas. Pues bien, la interpretación de este comportamiento de las cifras oficiales no puede ser ajena a dos hechos que conviene recordar: por un lado, que se estableció como límite para la aprobación de gasto en la Administración Central el 25 de noviembre, cortando drásticamente el flujo a partir de ese momento (otros ejercicios, e incluso en 2012, el deadline era más tardío); y, por otro, que los datos del INE han mostrado que el consumo público se ha desplomado radicalmente en el último trimestre, lo que carece de lógica. En definitiva, aunque no se puedan hacer afirmaciones categóricas, no sería raro que se hubiera embalsado una cierta parte del gasto público que, de ser así, habría quedado pendiente para ir aflorando en 2014. Lo normal es que el gasto del último trimestre, y del año entero, hubiera sido tres o cuatro mil millones más, lo que habría elevado el déficit anual hacia los aledaños del 7% del PIB (sin ayudas bancarias, del 7,5% con ellas).
En cualquier caso, está claro que el Gobierno ha sacrificado en 2013 el objetivo de déficit levantando el pistón del ajuste del gasto del Estado (no tanto el de las Comunidades Autónomas) para dar prioridad a una vuelta más temprana al crecimiento económico. Y ello a pesar de que ya Bruselas nos había relajado mucho la meta del desequilibrio. Resulta probable que la idea subyacente en el equipo económico del Gobierno haya sido que, a corto plazo, se podría hacer alguna maniobra de tipo contable para aparentar el cumplimiento ante Bruselas. Y, que a mayor plazo, podría confiarse en un aumento de los ingresos públicos derivado de la mayor actividad económica. Esa habría sido quizás la estrategia. Otra cosa es que, sobre todo con vistas a 2015, se pueda cumplir.
Para empezar, no es seguro que a corto plazo Bruselas vaya a aceptar las cifras de 2013 que le remite el Gobierno español. Todo apunta a que en los ámbitos comunitarios hay cierta desconfianza en nuestro país, que todos los años incumple. No obstante, tenemos la ventaja del cambio de mandatarios por las elecciones europeas que resta fuerza a los interlocutores, aunque solo con carácter transitorio.
Pero, sobre todo y cara a 2015, unos sencillos números muestran la dureza del envite: el objetivo de déficit que nos han fijado para ese año es del 4,2%. Aun suponiendo un aumento generoso del PIB nominal en estos dos años (del 4,5% acumulado), ese porcentaje supondría un déficit inferior a los 45.000 millones en 2015, es decir, unos 23.000 millones menos que en 2013. Hay quien opina que el problema de España es de ingresos fiscales, que deberían aumentar. Pero, sin perjuicio de que a largo plazo podamos superar el récord del 41% de ingresos sobre PIB (hoy estamos en torno al 38%), la realidad es que en dos años no cabe esperar grandes aumentos de ingresos porque, aunque suban algo las bases imponibles por la mayor actividad, el Gobierno ha anunciado rebajas impositivas. Es o quiere decir que la mayor parte del ajuste —es decir, no mucho menos de 20.000 millones— se tiene que hacer por el lado del gasto en estos dos años. Papeleta difícil para un periodo preelectoral.
Esta es la realidad. Vamos aplazando el ajuste y sigue pendiente. Además, somos el único país de la zona euro (¡ni Grecia!) que aún sigue con déficit primario —sin computar los intereses— y debemos acelerar su eliminación para parar la deuda. Aunque sea con decisiones difíciles.
Carmelo Tajadura es subdirector en el Instituto de Macroeconomía y Finanzas de la Universidad Camilo José Cela.