El alguacil alguacilado

Sublime error el de los acusadores del magistrado Baltasar Garzón. Los defensores de la más rancia tradición intolerante de la derecha hispana han aprovechado todas las garantías que les ofrece la Constitución para alguacilar al alguacil. En la inmortal obra de don Francisco de Quevedo El alguacil alguacilado, el protagonista no es sino el mismísimo demonio. Un alguacil con un okupa dentro, el diablo, entra en animada conversación con un sacerdote ducho en exorcismos. La tarea del cura es la más ardua que imaginarse pueda: exorcizar al diablo, a quien no se le ha ocurrido otra cosa que poseer al alguacil. Seguramente los beneméritos perseguidores del magistrado, tan piadosos y buenos creyentes ellos, piensan también que don Baltasar está poseído. Por lo pronto, ya han logrado que la persecución judicial a la que está sometido haya dado resultados condenatorios. Resulta que cometió el delito de ordenar (legítimas) escuchas contra los sospechosos de la corrupta Trama del Cinturón, o Gürtel, en alemán.

Ahora irán a por él por haber tenido la osadía de investigar los incontables crímenes ocurridos contra gente inocente a partir del levantamiento militar contra la República, los que ensangrentaron atrozmente este país. Menos mal que la justicia ha permitido la comparecencia de hijos y nietos de aquellas víctimas como testigos del horror. Hay delitos que no prescriben nunca -los de lesa humanidad- y para los cuales no es aceptable la falsía del argumento de que más vale no remover recuerdos tristes. Al contrario, la solidez de una democracia, de una sociedad decente, depende de su capacidad de habérselas con su pasado, hacer justicia y, finalmente, para siempre perdonar y hacer las paces. Esa es la justificación última de lo que hizo Baltasar Garzón. Y eso es lo que inspiró su orden de extradición contra el general golpista y siniestro dictador chileno Augusto Pinochet en 1998, o las órdenes que forzaron a la justicia argentina a abrir procesos contra los criminales y torturadores de los años 1976 a 1983 en su país.

Estos son algunos aspectos cruciales de la actuación profesional de un juez que se ha enfrentado con los más delicados asuntos, que con un uso inauditamente perverso de la legislación garantista que protege a la ciudadanía española de la arbitrariedad y la prevaricación judiciales se han vuelto ahora contra él. La España eterna cabalga de nuevo. Don Francisco de Quevedo no se sorprendería. Al contrario, compuso una parábola de una justicia trastocada, de un demonio en el cuerpo (¿judicial?) que casi medio milenio más tarde se volvería a representar a unos pasos del templo madrileño donde transcurre el relato de El alguacil alguacilado.

Esa es la cuestión, y no otra. Las imperfecciones de don Baltasar Garzón son bastante obvias. Pero no es por ellas por lo que ha sido sometido a esta vergüenza internacional, este ridículo al que se ha sometido a la justicia española. A mí, personalmente, no me gustan los jueces ni los fiscales justicieros: uno prefiere a los más serenos, a los más discretos. No me placen los que, con indudable coraje y sentido de la vocación como magistrados, se permiten, sin embargo, hacer de estrellas, prácticamente mediáticas, con su actividad profesional. Es más, ninguno de estos jueces, ni siquiera el mismo Garzón, es infalible. No toda la ciudadanía democrática le admira. Afirman fuentes nada sospechosas de pertenecer al campo de los enemigos jurados del magistrado que en su tenaz búsqueda de culpables de terrorismo en el País Vasco también se ha extralimitado y herido a gentes y sensibilidades que hubieran merecido mayor respeto. Una evaluación crítica, pero civilizada, del juez es perfectamente posible y merecería airearse. Lo desvirtuado de la situación, complicada por estas tres (nada menos que tres) acusaciones privadas en curso impide el necesario análisis frío de la este bochornoso traspié de la justicia española. No confundamos, pues, lo lamentable y vergonzoso de la venganza contra el juez con aquellas facetas de la personalidad del encausado, del reo, que no nos plazcan. Hasta es posible que haya podido infringir algún derecho o inmunidad. En ese caso merecería ser reprobado, pero solo en un clima menos enrarecido que el presente.

Tal como están las cosas -acaban de investigar al juez de Mallorca que ha imputado al señor Iñaki Urdangarín-, la impresión inevitable tanto en España como en el resto del mundo es que en este país las diversas fuerzas políticas e intereses sectoriales han descubierto que lo que no logran conseguir en las urnas o en las Cortes, el campo legítimo para librar batalla, lo quieren conseguir en los tribunales. Y eso es lo peor que le puede suceder a la justicia.

Por Salvador Giner, presidente del Institut d'Estudis Catalans.