Hoy soy portador de malas noticias: a dos meses de que termine 2022, ya es el más mortal para la prensa en las Américas desde que existe la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, oficina que lidero y a la que se han reportado 37 asesinatos de periodistas en un tercio de los Estados que integran la Organización de Estados Americanos (OEA). Este miércoles se conmemora el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas y es un momento para reflexionar sobre estos números alarmantes.
Buena parte de los asesinatos ocurrieron en lugares con débil presencia de las instituciones públicas civiles. La vulnerabilidad de las y los periodistas aumenta en las zonas alejadas de las grandes ciudades y en áreas fronterizas. Allí, en proporción, hay pocos comunicadores que son fácilmente identificables y que no siempre cuentan con respaldo de casas editoriales o medios afamados. También se reportaron algunos asesinatos en contextos urbanos, relacionados principalmente a coberturas de protestas y movilizaciones en las calles.
Con espanto se denunciaron asesinatos cometidos con saña. Incinerar periodistas es un claro y cruel mensaje aleccionante para la prensa que queda y para la sociedad en su conjunto. Otros homicidios se dieron contra periodistas que habían denunciado ante las autoridades que tenían temor y que recibían amenazas, alertas que no fueron escuchadas. Registramos asesinatos que fueron efectuados tras el retiro de la protección estatal. Hay quienes fueron abatidos frente a sus viviendas, en su lugar más íntimo, y hay familiares de periodistas que fueron asesinados en los mismos hechos de barbarie. Un ejemplo del tiempo que vivimos es una manta que fue colgada el mes pasado en el portal de un medio de comunicación en la que se leía “vamos a matar periodistas”. Las amenazas e intimidaciones son una constante que no disminuye. Recordemos que el asesinato de periodistas se considera como la forma más grave de censura.
Los escenarios en los que se dan los asesinatos apuntan, a su vez, en las llagas urgentes que deben ser atendidas por los Estados. Las personas fallecidas han estado cubriendo asuntos de narcotráfico, criminalidad organizada, cambio climático, violencia a pueblos indígenas, protestas, entre otros. Estos homicidios nos muestran ineludiblemente los problemas urgentes que las democracias deben discutir y resolver. Las protestas, las fronteras y las zonas alejadas de las grandes capitales son entornos que ocupan un lugar relevante en la agenda pública de las democracias y el asesinato de periodistas dificulta la comprensión social de estos temas. Difícilmente encontraremos soluciones eficaces a problemas que no pueden ser contados y debatidos en libertad.
Me consta que los Estados en los que han asesinado periodistas y los han amenazado de muerte son muy conscientes de la gravedad de estos crímenes macabros, y de cómo han ido en ascenso en los últimos tiempos. Muchos de estos Estados ya destinan esfuerzos a proteger periodistas, combatir y prevenir la violencia. Sin estas acciones, las cifras serían sin duda mayores. Sin embargo, debemos hacer más. Prevenir las violencias contra la prensa desde el discurso de los liderazgos públicos, proteger a la prensa en riesgo para evitar que las amenazas se cumplan, y sancionar a ejemplarmente a quienes ejercen violencias contra la prensa, son obligaciones internacionales de los Estados.
No podemos desconocer condiciones habilitantes de la violencia contra la prensa Identificarlas es un paso importante para actuar sobre ellas. La falta de presencia estatal. Cuando la institucionalidad no está, no hay a dónde acudir ante las amenazas, y la violencia pasa a ser una cuestión común y tolerada. La violencia se facilita en las zonas en las que el crimen organizado tiene una presencia sólida que ha desplazado a las instituciones oficiales.
Existe mayor vulnerabilidad en los y las periodistas que reportan desde medios de comunicación locales, que tienen más cercanos a los poderosos que fiscalizan. Más en zonas donde hay pocos medios y las audiencias responden a lógicas más reducidas. No gozan, pues, de la cobertura que podrían tener los medios nacionales o internacionales, ni logran acceder a los mecanismos de protección y denuncia.
Otra condición habilitante para abordar es el fácil acceso a armas en nuestros países. Es un debate complejo que debería promoverse con miras a discutir sobre la forma en la que estas estructuras criminales, que explayan su influencia en grandes territorios, obtienen armas y municiones en un mercado global que carece de controles exhaustivos.
Por último, y sin que de momento se pueda establecer un vínculo directo con los asesinatos, preocupan las declaraciones estigmatizantes de altos funcionarios públicos que al deslegitimar a la prensa contribuyen a crear entornos permisivos a los crímenes, a soslayar la violencia, a demeritar el oficio periodístico o a intentar desvincular rápidamente los asesinatos del ejercicio informativo.
Este es un momento en el que la prensa está más retada que nunca. El periodismo sigue siendo un trabajo noble, posible, indispensable, que queremos que se siga ejerciendo con plenas garantías. Para resguardar plenamente el ejercicio de la libertad de expresión, se requiere poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas por medio de sistemas de justicia lo suficientemente sólidos, independientes y dispuestos a juzgar ejemplarmente a los responsables. En el año más letal para la prensa en el hemisferio es trascendental reconstruir la confianza de la prensa en sus instituciones para informar con auténtica libertad.
Pedro Vaca Villarreal es el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.