El año que viviremos peligrosamente

En Los Demonios de Dostoyevski, un personaje sin trascendencia en la novela dice a otro: “Si Dios no existe, ¿qué clase de capitán soy?”. En otro pasaje, Shatov, uno de los protagonistas de la trama, exclama: “Si una gran nación no se cree depositaria exclusiva de la verdad… se convierte al momento en un conglomerado etnográfico y no en un gran pueblo”. Esas dos frases muestran la vinculación inevitable entre el nacionalismo y el fanatismo.

Justamente en la primera frase, esa que aparece sin importancia en un diálogo innecesario, es en la que el autor ruso traspasa el espacio y el tiempo acercándose a la universalidad de un arquetipo: el fanático. Habla de las personas que necesitan una religión, una clase o una nación para dar sentido a toda su vida. Como ustedes comprenderán, no estoy en contra de los que creen en una religión, pertenecen a una clase social o se enorgullecen por ser hijos de una nación. Me irritan y me ofenden quienes utilizan, a falta de otras virtudes, esa religión, esa clase o esa nación para explicar todo lo que sucede a su alrededor y aun su propia existencia. Creímos que la historia nos había escarmentado, pero en un revoltijo ideológico provocado por la crisis que vivimos en Occidente, han vuelto a aparecer las fuerzas contrarias a la razón: el terrorismo de origen religioso, los populismos neocomunistas y el nacionalismo agreste. La razón humana, a través de la penumbra de lo desconocido, ha ido construyendo durante siglos los sofisticados tejidos institucionales y el sutil y a la vez estable equilibrio de diferentes poderes en los que el sistema social-liberal se basa, y que son precisamente los enemigos declarados de los fundamentalismos religiosos, de los populismos y de los nacionalismos. Es la guerra que siempre ha mantenido la razón contra las pasiones, las utopías milenaristas o la fe a la hora de configurar el espacio público. Estas reacciones, inalcanzables e incomprensibles para la razón humana, son las que hemos visto en vivo y en directo en Cataluña. Los dirigentes independentistas prometieron a los catalanes reconocimiento internacional y no obtuvieron la más mínima audiencia en las cancillerías; les prometieron una economía próspera y más de 2.000 empresas abandonaron Cataluña; ofrecieron independencia y república y obtuvieron la contestación democrática y legítima del Estado. Hablaron en nombre de un pueblo y más de la mitad de ese pueblo no ha compartido sus tesis nacionalistas, pero han vuelto a las urnas con la misma fe ciega, inexpugnable y fanática. Shatov, en la novela de Dostoyevski, confirma la existencia de comportamientos humanos de esta naturaleza: “Si alguien le demostrara matemáticamente que la verdad residía fuera de Cristo (fuera de la nación), preferiría quedarse con Cristo (con la nación) antes que con la verdad”.

El año que viviremos peligrosamenteLos independentistas, impulsados por una base ideológica compartida con el antiguo carlismo y apoyados por las subvenciones de la administración autonómica -ante la negligencia del Estado y la complicidad de una izquierda que ayuna de discurso se ha dedicado a bailar el rigodón- llevan 40 años considerando invisible a más de la mitad de los ciudadanos catalanes. A pesar de esta inamovible y poderosa estrategia, multiplicada por el poder y el tiempo que han gobernado Cataluña, en estas últimas elecciones autonómicas los catalanes mayoritariamente han dado su confianza a Ciudadanos, un partido español, moderado y reformista. Las desmoralizadoras interpretaciones de los resultados electorales han sido provocadas por una interpretación penitencial de la política española: “Oh, Dios mío, purifícame los pecados que ignoro y perdóname todos los demás”. La tendencia a ver todo blanco o negro de los españoles ha ayudado a cimentar el discurso de la victoria nacionalista contrario al pluralismo y a la razón. Sin querer hemos colaborado a que prevalezca una idea medieval de la sociedad: la unidad ficticia del pueblo expulsa a la pluralidad real de la sociedad.

Esa visión triste de las consecuencias de los resultados electorales del 21-D y el envalentonamiento de los nacionalistas nos plantea cuestiones de máxima gravedad para Cataluña, pero también para el resto de España. Los nacionalistas vuelven a imponernos su coalición política como la única realidad que representa a la sociedad catalana, mientras que los resultados electorales muestran la división, la ruptura de esa sociedad, dominada siempre por el discurso del miedo. Miedo a los conflictos que se plantean en las sociedades modernas, miedo a relacionarse con el resto si no es con sus condiciones restrictivas, miedo a dejar de ser lo que fueron… siempre el miedo en la política nacionalista. Efectivamente, el temor y la división serán el marco de discusión de los próximos años en Cataluña y detrás vendrá su empobrecimiento económico. Si no reaccionamos a tiempo, esa crisis política, social y económica catalana removerá sin tardar mucho las actuales bases de la política española.

Sería conveniente recordar que nuestra situación no es única: los británicos con su Brexit, los EEUU con su peculiar y peligroso presidente o los franceses con una gran parte de su sociedad apoyando a la extrema derecha, han vivido o están viviendo crisis de la misma envergadura que la nuestra. La gran diferencia es que nuestras instituciones no tienen la fuerza y la legitimidad social que prestan las democracias consolidadas a través de unos consensos labrados durante una larga historia en gran parte compartida. Esa realidad, que no se nota en el día a día, la muestran situaciones de crisis como las provocadas por los nacionalistas catalanes. Efectivamente, la demagogia nacionalista, la confusión de una gran parte de la clase política entre un Estado autoritario y un Estado con autoridad -los 40 años de franquismo siguen, querámoslo o no, pasando factura- y el sectarismo partidario han puesto en evidencia las debilidades de nuestro Estado.

A estos graves problemas de envergadura estratégica se unen, después de las elecciones autonómicas, otros de coyuntura no menos graves. Si los populares achacan el resultado a la campaña electoral de Albiol o a que fue el Gobierno quien aplicó el artículo 155 de la Constitución o a que Ciudadanos se haya convertido para la mayoría de electores en receptor del voto útil, se equivocan. Pero a mí me preocupa, más que el desastre electoral del partido de Rajoy, ver cómo el Gobierno de la nación se enfrentará al renovado pulso de los independentistas. Su representación en Cataluña es la menor de todo el arco parlamentario y si, en periodos de normalidad, una coyuntura parecida sería peculiar, en esta situación excepcional se transforma en grave. Por otro lado el Gobierno se mantiene gracias a un acuerdo con Ciudadanos, claro ganador de estas últimas elecciones autonómicas, haciendo todo más complicado para el Ejecutivo de Rajoy (¿Qué papel jugará Ciudadanos en cualquier decisión del gobierno sobre Cataluña? ¿Estarán dispuestos, siendo el primer partido en Cataluña, a ser un simple monosabio de Rajoy?). Todavía se les complica más el futuro a los miembros del Gobierno si introducimos en esta ecuación compleja un nuevo dato: el otro socio imprescindible es el PNV, que variará su posición una vez sabidos los resultados electorales del 21-D y tras haber llegado a un acuerdo sobre el Cupo vasco.

En esta situación lo menos inseguro para el sistema del 78, lo que dicta la necesidad, lo que impondría un arraigado sentido de la responsabilidad democrática es pensar en el momento más oportuno para convocar unas elecciones generales que servirían para renovar legitimidades y mayorías. Los españoles, una vez que los independentistas se organicen en el gobierno catalán, debemos poder expresar nuestra opinión sobre el futuro. Ha sido de tal relevancia todo lo que ha sucedido en Cataluña -victoria de Ciudadanos, desastre electoral del PP, fracaso de las expectativas del socialismo catalán, renovación del Gobierno independentista recientemente disuelto por el Ejecutivo nacional- que unas elecciones no entrarían dentro de lo esotérico. Probablemente Rajoy no sólo piense que unas elecciones generales son una locura innecesaria, sino que tampoco verá razones para cambiar su gobierno después de las elecciones autonómicas. Un inmovilismo envuelto en una desasosegante capa de tranquilidad puede terminar siendo el mayor peligro para todo el sistema.

Ya sé que no me he referido al Partido Socialista en este artículo. Pero el PSC, su campaña y su futuro requieren otra reflexión de dimensiones parecidas a la que voy terminando. Sólo diré que jugar a ser presidente sin tener en cuenta los resultados, llevar a la campaña de Iceta a líderes de otros partidos que compiten con los socialistas en otras comunidades, muestran la levedad de la política del socialismo catalán. Si además, mientras algunos contrincantes están en la cárcel, el PSC se inventa un producto farmacéutico para lograr la felicidad, y el candidato sigue mostrando sus dudosas aunque entrañables virtudes de bailarín, a la levedad debemos sumar la banalidad y la falta de comprensión de una realidad dramática para todos. Sólo el gilismo de Puigdemont ha podido competir con esa forma frívola de ver la política, con la diferencia de que éste último ha sido bendecido por el éxito electoral. Pero como el PSOE no gobierna, y Sánchez ha logrado hace pocos meses imponerse a varios adversarios internos, tiene más tiempo y posibilidades de rectificar, sólo con cambiar la política de personas basada en la confianza por una que legitime el mérito, ya habrá recorrido un buen camino.

Ahora, los socialistas, los populares y, muy especialmente después del 21 de diciembre, los de Rivera bien harían en prepararse para tiempos difíciles en los que la política, respetando las leyes desde luego, se encontrará más allá de los códigos, las formalidades y lo previsible.

Nicolás Redondo Terreros es miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

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