El proceso de paz marcará las próximas elecciones, puesto que, paradójicamente, ahora que ETA es más débil que nunca, los errores del Gobierno en la administración de los tiempos del proceso y, especialmente, la desleal oposición del PP han dejado la agenda política española en sus manos. A pesar de ello, después del atentado de Barajas del pasado 30 de diciembre, todos los intentos para reconstruir comandos operativos en España han sido desmantelados, lo cual no excluye que se puedan producir más atentados. La coordinación de las fuerzas de seguridad franco-españolas (y por primera vez del Reino Unido) se ha saldado con 52 detenciones en el último año: 19 en España, 30 en Francia y 3 en el Reino Unido. Paralelamente, ETA ha subido la cuantía del impuesto revolucionario.
Desde la declaración del alto el fuego permanente, el 22 de marzo del 2006, ha faltado, en efecto, flexibilidad en el Gobierno para modular los tiempos y hacer gestos que consolidaran la decisión de abandonar las armas. El miedo a las encuestas y la presión del PP, que ha manipulado de forma interesada determinadas asociaciones de víctimas del terrorismo y ha conculcado el primer punto --"al Gobierno de España le corresponde dirigir la lucha antiterrorista"-- del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, que tanto dice defender, paralizaron la acción del Gobierno que tenía que hacer frente, además, a un importante sector del poder judicial contrario al proceso. En esta deriva, la agenda política estaba ya en manos de ETA, porque cualquier iniciativa del Gobierno para favorecer el proceso de paz era radicalmente contestada por el PP.
A finales de la primavera y el verano del 2006, se empezó a dilapidar la posibilidad de cerrar el proceso de forma rápida. Después se abrió un periodo de confusión que ETA aprovechó para relacionar de nuevo el proceso de paz con un precio político que ningún Gobierno democrático puede aceptar. El atentado de diciembre, que no pretendía causar víctimas, según la versión de ETA (¡la mejor manera de no causar víctimas es no poner bombas!), desconcertó a todo el mundo: incluso a alguno de los dirigentes más significados de la izquierda aberzale, que aquel mismo día tenía prevista una reunión con destacados dirigentes del socialismo vasco. En un comunicado delirante en el que intentaba justificar el atentado, ETA no daba el proceso por cerrado, pero acababa condicionándolo a la participación de la izquierda aberzale en las próximas elecciones municipales y forales. El PP, insensatamente y sin sentido de Estado, seguía atizando una oposición frontal a la política antiterrorista del Gobierno y a las decisiones judiciales que no compartía (caso De Juana Chaos).
Y en esto estamos ahora. Un proceso que es irreversible, porque la violencia no tiene cabida en el Estado de derecho y democrático y, especialmente, porque la sociedad vasca --incluidos importantes sectores de la izquierda aberzale-- ha dicho basta al chantaje de las armas. La cuestión es cómo salir del atolladero. La izquierda aberzale perdió el 30 de diciembre una oportunidad única para demostrar que condena la violencia y apuesta inequívocamente por las vías políticas. Ahora la ley de partidos impide su legalización. Pero, al mismo tiempo, mientras un porcentaje significativo de la sociedad vasca (en torno al 12%-15%) no pueda expresar su voto, no se habrá normalizado la política en Euskadi, y en algunos lugares se vivirá con tensión la formación de unos ayuntamientos en los que una mayoría de vecinos no se sienten representados. Tampoco el chantaje de las armas contribuye a la normalidad.
Para salir del atolladero se necesita coraje. En esto coinciden todas las fuerzas políticas vascas, excepción hecha del PP, que creen que la izquierda aberzale debería estar presente de una forma u otra en las próximas elecciones y que habría que hacer un esfuerzo para lograr "las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia", tal como se decía en la resolución del Congreso de mayo del 2005. Hay que actuar, pues, con toda la generosidad que un régimen democrático puede permitirse.
Batasuna ha recogido más de 80.000 firmas para participar en las elecciones, pero no ha abjurado de la violencia. Acción Nacionalista Vasca (ANV), un partido histórico fundado en 1930 y que en los estatutos con los que fue legalizada en 1977 rechazaba explícitamente la violencia, sí cumple, según el juez Baltasar Garzón, las condiciones legales para participar en las elecciones. Y la ilegalización de Batasuna no justifica que algunos de sus militantes no puedan figurar en candidaturas de otros partidos legales, siempre y cuando no se demuestre una relación directa con ETA. ANV es, seguramente, el plan C de la izquierda aberzale, pero es también, posiblemente y a estas alturas, la única vía que queda para salir del atolladero y no hacer naufragar por más tiempo el proceso de paz. Sin la izquierda aberzale en las instituciones, el camino puede hacerse más largo en la medida en que ETA creerá disponer de nuevos argumentos para justificar sus crímenes. Solo se necesita coraje, responsabilidad y sentido de Estado para arrebatar la agenda política de las manos de ETA y acabar definitivamente con la violencia.
Antoni Segura, catedrático de Historia Contemporánea y director del Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la UB.