El apagón

Por Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional y presidente de Unidad Editorial (EL MUNDO, 05/02/07):

Ocurrió a las ocho en punto de la noche, cuando doscientas personas estábamos expectantes, en una sala del Teatro Real, con el fin de escuchar el discurso del presidente del Gobierno, en el acto de presentación del número 100 de la revista La aventura de la Historia. Se había anunciado ya que ese macroapagón se seguiría en todo el mundo, a fin de alertarnos a todos los terrícolas del cambio climático que amenaza a nuestro planeta.

Sin embargo, yo no estaba de acuerdo con esa proclamación, porque tal suceso, en ese día, en esa hora y en ese lugar, tenía, evidentemente, otro significado para muchos de los que estábamos allí. En efecto, lo que venía a traslucir esotéricamente ese apagón era una advertencia al presidente del Gobierno de que si no reacciona a tiempo, se producirá sin duda un cambio, pero no climático, sino constitucional, no de nuestro medio ambiente, sino de nuestro régimen político, tal y como ha venido funcionando hasta ahora. Por eso, se esperaba con gran curiosidad lo que pudiera decir en este acto, con referencia clara a la Historia, en unos momentos en que se está comprometiendo el futuro de España, según se actúe de una forma u otra.

Un ayudante del presidente le aportó el texto de su discurso, que desde luego no era de un par de folios. Comenzó a leerlo fogosamente, incluyendo frases improvisadas sobre el texto escrito, demostrando así que posee unas magníficas dotes oratorias. A medida que lo iba pronunciando estaba claro que no se trataba de una intervención protocolaria, sino que quería explicar en esa tribuna la idea que tiene de España. Era un parlamento con ribetes más propios de un discurso del estado de la Nación o el de una investidura, porque desde luego desbordaba la clásica fórmula de un mero compromiso social.

Después de oírlo con toda atención, he vuelto a leer el texto más tarde, y no tengo más remedio que concluir diciendo que estoy, sobre la letra, prácticamente de acuerdo con todo lo que dice. Ahora bien, si lo que dice lo contrastamos con la realidad, es decir, si lo utilizamos como un espejo para ver si proyecta la imagen adecuada, enseguida comprobamos que, al igual que ocurre con esos espejos cóncavos o convexos de los parques de atracciones, la figura que refleja está muy distorsionada. Me voy a servir del análisis de los cinco temas principales que vertebran su «idea actual de España» para demostrarlo.

En primer lugar, atendiendo a la razón de la convocatoria, hace una referencia a la Historia, diciendo que «si se falsean los hechos, si se bucea en el pasado más o menos remoto, no se hace Historia. Se busca simplemente, revestidos con el armiño de la Historia y de la ciencia, encontrar coartada para juicios predeterminados sobre el presente…». Reflexión que comparto en teoría, pero con la que discrepo si nos atenemos al empecinamiento del Gobierno para que se apruebe una Ley de memoria histórica, que precisamente niega lo que dice el presidente. Ese intento de mitificación de las virtudes de la II República no se corresponde con lo que pasó. En mi opinión, ese periodo, seguido de la demencial Guerra Civil, fue una desgracia en la que están involucradas todas las tendencias políticas. Cierto que fue un régimen nacido con espléndidas intenciones, después de la putrefacción final del reinado de Alfonso XIII, pero nadie, a un lado u otro, salvo excepciones, está libre de culpa. Baste para comprobarlo, a título de ejemplo, el testimonio de una periodista polaca que residía en España en 1936: «A decir verdad, a mí no me dan pena ni los unos ni los otros. Quienes querían guerra ya la tienen. Aquí cada bando preparaba su golpe de Estado y, al mismo tiempo, se preparaba para el golpe del enemigo…».

A buen seguro que se deben corregir todas las injusticias que se puedan de ese periodo lamentable de nuestra Historia, pero no mediante una ley, que lo único que hacen es reavivar los rescoldos de una hoguera que todavía no se ha apagado del todo.

La segunda cuestión que rechina en el discurso del presidente, contraponiéndola a la realidad, es su loa «al diálogo y el acuerdo, desde el consenso en las cuestiones fundamentales, desde el espíritu con que iniciamos la construcción de la democracia…». Sin embargo, aquí también la realidad desmiente las palabras, porque se está produciendo una polarización absurda en nuestra sociedad, en donde se ha erigido como lema la conocida concepción de la política de Carl Schmitt, que se basa en la dicotomía «amigos-enemigos», que a la larga conduce siempre a regímenes totalitarios de uno u otro signo. No es extraño, así, que un agudo analista político italiano, Sergio Romano, haya escrito estas palabras recientemente: «Zapatero, supongo, no quiere ser el premier de todos los españoles. A juzgar por el estilo con que ha afrontado problemas de orden civil y religioso… me ha dado la sensación de querer ser con frecuencia, polémicamente, el representante de la España que salió derrotada de la Guerra Civil hace setenta años…».

Volver a resucitar la estupidez de las dos Españas va en contra, evidentemente, de las palabras del presidente y, desde luego, de las advertencias que el jefe del Estado, como poder moderador, ha manifestado en sus dos últimos discursos de Nochebuena y de la Pascua Militar.

La tercera cuestión que aborda el presidente es su visión de la Constitución de 1978. Por supuesto, no sólo la considera su «primera causa política» (así acaba su discurso), sino que la concibe igualmente «como el producto más logrado del proceso de transición y consolidación de la democracia». Ahora bien, una vez reconocidos todos los beneficios que nos ha aportado, hay afirmaciones inquietantes en sus palabras. Por una parte, señala que «la fortaleza de la Constitución residió y reside» en que es «el símbolo supremo del consenso». Y, por otra, mantiene que «una Constitución democrática es una norma abierta a la vida, al cambio, a las reformas, a la fijación de nuevas metas». Afirmaciones que conviene matizar. En cuanto a lo primero, hay que aclarar que la Constitución no es simplemente el «símbolo» del consenso, es decir, la representación de algo abstracto, sino que es más bien la plasmación jurídica del consenso, el pacto político social que se han dado los españoles y en el que descansa el Estado de Derecho. Ello es importante, porque en cuanto a lo segundo, da la impresión de que el presidente considera que la Constitución, más que una norma jurídica, es un programa político, que se puede ir cambiando y adoptando a los tiempos, sin acudir a los procedimientos establecidos en la misma.

Yo soy el primero que vengo hablando de reformar, desde hace veinte años, nuestra Norma Fundamental, pero ateniéndonos a los procedimientos contenidos en ella. Porque sólo las Constituciones que se reforman, son las que viven y perviven. Pero otra cosa es que sin utilizar los procedimientos de su modificación, se aplique una política que, como ocurre en la actualidad, esté produciendo una verdadera mutación constitucional, un cambio jurídico-climático que incluso contradice lo señalado en aquélla, según vamos a comprobar analizando el cuarto punto.

Me refiero al modelo de Estado contemplado desde el punto de vista de la descentralización territorial del poder. Como he repetido tantas veces en estas páginas, el Titulo VIII ha sido y es el talón de Aquiles de nuestra Constitución. Nuestros constituyentes no supieron dar con la fórmula adecuada para satisfacer las reivindicaciones autonómicas de las regiones y nacionalidades que integran España. Con todo, como muchas veces ocurre, la norma es más inteligente que el legislador y, de esta manera, lo que la Constitución permite es un grado de autonomía territorial que sea coherente y compatible con el funcionamiento racional del Estado central. Sin embargo, como enseguida se demostraría, el excesivo protagonismo, incluso la hegemonía, y las ambiciones desmesuradas de partidos nacionalistas en ciertas regiones, han ido tergiversando el espíritu de la Constitución en esta cuestión. Con todo, lo más grave es que sea el propio presidente quien ampare estas ambiciones centrífugas que pueden llevar a la desmembración de España.

De este modo, mantiene que el criterio para el desarrollo del Estado de las Autonomías y su «profundización», consiste en avanzar en la misma dirección, esto es, en «el incremento del nivel de autogobierno», sin darse cuenta de que sin ponerse límites a este incremento, se puede acabar en el autogobierno total, es decir, en la independencia.

Pues bien, este es el criterio que se esta utilizando en la actual reforma estatutaria, comenzando por el engendro del Estatuto catalán, que deroga prácticamente la Constitución en ese territorio, y que incluso permite que esa comunidad autónoma empiece a practicar una propia política exterior… De ahí que sorprende que el presidente mantenga curiosamente que del actual proceso, «ya muy avanzado, resultará una mejor integración del conjunto con mayor nivel de autogobierno y mayor corresponsabilidad con lo que es común». Porque aquí nuevamente la realidad desmiente sus palabras: lleva poco tiempo en vigencia el Estatuto catalán y son ya numerosos los conflictos que surgen cotidianamente a causa del choque entre las competencias del Estado y las de la Generalitat. Es más, se acaba de producir un esperpento jurídico que haría las delicias de Valle-Inclán, inventor del término: el Consell Consultiu de Cataluña acaba de dictaminar que la recientemente aprobada Ley de Dependencia es inconstitucional, porque invade las competencias exclusivas y excluyentes que se han regalado a la Generalitat según su Estatuto-Constitución, no permitiendo así que las Cortes Generales legislen para toda España, que sean soberanas.

De este modo, el presidente del Gobierno debería reflexionar ante las opiniones de constitucionalistas como Roberto Blanco, Jiménez de Parga, Pedro de Vega y yo mismo; administrativistas como García de Enterría, Sosa Wagner, Muñoz Machado, Tomás Ramón Fernández y Parada Vázquez; sociólogos como Amando de Miguel, Víctor Pérez Díaz y Emilio Lamo de Espinosa, que de una forma u otra están exponiendo doctrinalmente sus dudas de que el Estado al que nos dirigimos sea viable y no nos lleve al desastre.

Y, por último, el presidente del Gobierno aborda el problema de ETA, diciendo: «He reiterado mi voluntad de dedicar todo mi esfuerzo, mi capacidad y mi decisión a poner fin al terrorismo». Ciertamente, creo que nadie podrá negar las buenas intenciones del presidente, aunque todos sabemos que de buenas intenciones está empedrado el infierno. Porque el método que ha adoptado para acabar con el terrorismo es profundamente equivocado. Es más: da la impresión de que no quiere exterminar a ETA y a sus secuaces, sino que lo que busca es su conversión a la democracia, lo cual es un silogismo imposible. Dicho de otra manera, la única forma de acabar con el problema vasco, políticamente hablando, pasaría por derrotar electoralmente al PNV y crear un gobierno de coalición PSOE-PP, pues sin el PNV en el Gobierno se facilitaría la tarea de acabar con el terrorismo de ETA. Pero como esta hipótesis no es probable o posible, al menos a corto plazo, la única vía es utilizar los medios del Estado de Derecho en unión del PP, pues es una utopía que el Gobierno del PSOE quiera y pueda, sin el otro partido nacional, erradicar el terrorismo de España. Da la impresión así de que el presidente se ha metido en una ratonera, sin que ni siquiera hubiera queso como cebo, y ahora no sabe cómo salir. Cualquier negociación política con unos psicópatas que no cejan en sus tres principales reivindicaciones, no puede llevar más que a la esquizofrenia.

Es tiempo, pues, de que el presidente reaccione ante el apagón y haga suyas aquellas palabras de Adolfo Suárez, cuando decía que quería hacer normal, lo que en la calle era ya normal. Y la calle, como se ha demostrado el sábado una vez más, no está por la negociación con los asesinos. Porque, en definitiva, esa forma de actuar, junto con las reformas estatutarias habidas y por haber, lo que está poniendo en peligro es todo el edificio levantado con la Transición. Claro que como escribió Alexander Lerner-Holenia, según nos recuerda Sosa Wagner en su reciente y apasionante libro El Estado fragmentado, «a veces los hombres destruyen edificios que han construido las generaciones anteriores como si no fueran nada. Son capaces de quemar palacios tan sólo para calentarse las manos».