El aparato político laminado

La última acción violenta de ETA pone de manifiesto el giro estratégico que ha obrado en su dirección y augura un endurecimiento de las acciones terroristas hasta el punto en que sus posibilidades operativas se lo permitan. El atentado contra el vehículo de escolta de un concejal del PSE de Galdakao constituye, en primer lugar, el salto cualitativo de tratarse del primer ataque en cuatro años contra un objetivo personal definido con la intención de causar su muerte. Se había extendido sobre las acciones de la banda la presunción de que había calado en su dirección el nuevo clima de rechazo a las brutalidades de la franquicia Al Qaeda. Pero para que se rescate la dinámica militar de concebir el conflicto político como un tour de force violento con el Estado parece haber bastado una renovación de esa cúpula y su sustitución por nuevos elementos que necesitan verse personalmente desmentidos por la realidad social y política de Euskadi.

Hoy, la deriva de la radicalidad ha desmontado, de facto, todo el aparato político de sensibilidad aberzale de extrema izquierda que durante los últimos años ha servido para conectar con un sector sociopolítico en Euskadi. Si alguna contestación interna podía haber, desde voces autorizadas, a la usurpación de liderazgo político realizada por ETA con relación a Batasuna, esta ha sido acallada a partes iguales por las descalificaciones y el ninguneo procedentes de la propia organización armada y por el encarcelamiento de quienes en el último proceso frustrado de diálogo fueron interlocutores autorizados. El modelo de acción política derivado de la propuesta de Anoeta está hoy en prisión y esa no es una buena noticia. Tanto menos cuanto que facilita la imposición de los más violentos al toque de corneta del cierre de filas frente al agravio procedente del Estado. Agravio que sirve, en la digestión interna de ese mundo, para que más de uno cierre los ojos a la verdadera agresión hacia sus filas, que procede de la propia ETA.

Porque la acción judicial le ha quitado de encima a ETA, de un plumazo, a quienes fueron desautorizados, ninguneados y hasta reprendidos por ella por su actuación durante el fallido proceso de diálogo. Nadie en ETA tiene hoy que preocuparse de qué hacer con esas voces que sostuvieron la diferenciación de ámbitos negociadores, que descartaron de la mesa del diálogo político a la organización militar. Ni ocuparse, en lo inmediato, de ubicarlos tras haberlos desautorizado y haber impuesto al llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) el viejo modelo piramidal, revolucionario trasnochado, en el que la cúspide concentra la vanguardia y la toma de decisiones bajo una capucha. Los sustitutos de quienes hoy son personajes políticos amortizados los reducirán ahora a símbolo de cohesión y resistencia, papel que los implicados aceptarán sin rechistar. Por convicción, unos, o porque a la cruda realidad de la cárcel nadie suma la de una costosa disidencia interna de expectativa incierta.

ETA eligió en su día laminar a la dirección saliente de Batasuna cuando puso en la picota la credibilidad de quienes, con Otegi y Etxeberria a la cabeza, asumieron el papel de representantes en el diálogo político con el PSE y el PNV. A estos los hizo pasar por la experiencia de desdecirse ante órdenes superiores y los inhabilitó como interlocutores para el futuro cuando les obligó a radicalizar sus posiciones en el momento en que bordeaban el acuerdo. Luego los dinamitó con el atentado de la T-4 y la negativa a responder a su emplazamiento posterior de no tutelar el diálogo político.

De nuevo, para no dejar lugar a dudas sobre quién ostenta la dirección de las cosas, el atentado del martes en Bilbao, más que una respuesta echa tierra sobre la detención de la mesa nacional de Batasuna. Porque ha sido la organización armada, con el ataque terrorista, la que ha optado por desplazar el foco del debate. Si su ámbito objetivo de implantación social es Euskadi, la irrupción violenta de ETA desbarata en parte por razones obvias un debate abierto y sensible en el común de la sociedad vasca. Las posibles carencias del auto de Baltasar Garzón contra la cúpula de Batasuna, el margen de indefensión derivado de los prolongados sumarios que dirige el magistrado (en el caso que nos ocupa, la acusación fundamental a los encarcelados es la reiteración de un delito, pertenencia a banda armada, que aún no ha sido juzgado), etcétera. Pero en esta coyuntura es impensable un margen mínimo de empatía con los detenidos ante su silencio frente a la violencia.

Por último, ETA gira con su atentado dos nuevas facturas. La primera, al lendakari y su intento de recuperar el centro del espacio político con su propuesta de proceso de reforma del marco legal y consulta a la ciudadanía. Asunto ya descontado por muchos con trazo grueso en el tachón, pero que a ETA la situaba en la periferia de la resolución del conflicto. La segunda, a Rodríguez Zapatero, pasando de la arrogancia del MLNV de pretender en su día que solo un acuerdo de paz le garantizaría la reelección al despecho por no ser una prioridad. Pero el importe de esta factura no puede cobrarse sin la complicidad de otros. Solo cabe medir si el Partido Popular estará a la altura de contener la tentación de hacer efectivo el cheque. Por ahora, no.

Iñaki González, ex director de Deia.