Si la crisis financiera global de 2008 reveló lo peor del capitalismo, la respuesta del sector privado a la pandemia de COVID‑19 ya está mostrando lo mejor.
En todo el mundo ya hay más de un millón de casos de COVID‑19, y la cantidad de muertes supera las 70 000 y está en aumento. La magnitud total del impacto económico global todavía no se conoce. Lo que sí sabemos es que para evitar una recesión devastadora, el mundo necesita con urgencia una respuesta hercúlea de los gobiernos y del sector privado.
Desde la crisis de 2008, las corporaciones han sido blanco de duras críticas e incluso acusaciones de maximizar sus ganancias sin la debida consideración a las necesidades de la sociedad en general. Pero hoy las vemos actuar en respuesta a la crisis sanitaria global. Algunas empresas necesitarán ayuda del Estado para sobrevivir, dada la gravedad de la crisis; pero otras pueden convertirse en parte de la solución y así aliviar la carga sobre el fisco.
En primer lugar, grandes empresas farmacéuticas han redirigido recursos hacia el desarrollo de diagnósticos, terapias y (ojalá) una vacuna para la COVID‑19. Por ejemplo, la megafarmacéutica suiza Roche creó el primer test para COVID‑19 comercialmente aprobado; la decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de otorgar a la empresa un permiso de emergencia para vender el test a laboratorios estadounidenses reducirá considerablemente el atraso del país en materia de capacidad de testeo. Por su parte, Verily (la filial de Google para temas médicos) reasignó a 1700 de sus ingenieros al desarrollo de un test de detección de COVID‑19 basado en la web.
En tanto, algunos proveedores de seguros de salud (particularmente en Estados Unidos, donde la mayor parte de la cobertura médica está a cargo de empresas privadas) han cambiado sus requisitos, para que más personas puedan obtener la atención médica que necesitan. El Programa de Empleados Federales de Blue Cross/Blue Shield, que da cobertura a millones de empleados estatales estadounidenses y a sus familias, canceló los copagos para tratamientos y tests (que pueden costar varios miles de dólares).
Muchas otras industrias, por ejemplo la automotriz, también están haciendo su parte. Han trasladado recursos de actividades lucrativas a la producción de equipos esenciales, por ejemplo respiradores e indumentaria de protección para trabajadores sanitarios de la primera línea (como barbijos, pantallas faciales y batas).
Por su parte, la cadena minorista estadounidense Walmart acordó convertir algunos de sus estacionamientos en lugares de testeo. Y hoteles en Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos se transformaron en hospitales improvisados para ayudar a enfrentar un alza súbita de la cantidad de pacientes.
Muchas empresas privadas también facilitaron el cumplimiento de las normas de distanciamiento social y cuarentena, mediante la ampliación del envío a domicilio de alimentos, artículos hogareños y otros productos. En muchos lugares, la rapidez para la toma de decisiones y la flexibilidad operativa de proveedores y productores ha permitido mantener prácticamente sin interrupciones el flujo de bienes necesarios.
Para hacer frente al aumento de demanda, muchas de esas empresas incluso empezaron a tomar empleados. Amazon, por ejemplo, se comprometió a crear 100 000 nuevos puestos de trabajo con salario superior al mínimo. Estas iniciativas son particularmente valiosas en un momento en que los cierres forzosos contribuyen a una suba del desempleo. En Estados Unidos, durante una semana de marzo la cantidad de trabajadores que solicitaron subsidio al desempleo llegó al récord de 6,6 millones. La semana previa habían sido 3,3 millones, casi cinco veces el récord anterior de 695 000, que se mantenía desde 1982.
Las intervenciones del sector privado liberan recursos públicos para actividades que son claramente competencia del Estado, por ejemplo asegurar una provisión continua de educación, atención médica, infraestructura y otros bienes públicos básicos. Además, los gobiernos se ven en la necesidad de implementar decididas medidas fiscales que incluyen paquetes de ayuda para los sectores más afectados (por ejemplo aerolíneas y empresas de cruceros) y apoyo directo a los trabajadores y a las pequeñas empresas. En Estados Unidos, la cantidad de dinero que se destinará a estas medidas es dos billones de dólares: es el mayor paquete fiscal de la historia del país.
La actuación del Estado también será esencial en la inyección de liquidez a la economía para evitar una implosión del crédito. Algunos bancos centrales (entre ellos la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra) ya han aplicado grandes recortes de tasas y comprometido apoyo financiero a los bancos para que puedan ofrecer préstamos baratos y períodos de gracia a empresas y personas afectadas por la COVID‑19.
Todo esto es esencial para apuntalar la economía, y sería mucho más difícil de hacer si el sector privado no estuviera colaborando en la lucha contra la pandemia. Del mismo modo, el compromiso del sector privado será necesario para la recuperación después de lo que casi con certeza será una profunda recesión y para la reconstrucción de la economía global, así como para afrontar otros imperativos globales como la reducción de la pobreza, la ampliación del acceso a educación de calidad y la lucha contra el cambio climático.
La solución de todos estos desafíos demanda el tipo de innovación en la que el sector privado se destaca. Si las empresas privadas mantienen el grado de previsión, adaptabilidad y compasión que muchas exhibieron estas últimas semanas, cuando termine la crisis habrán demostrado su valor real para las economías y comunidades a las que sirven.
Dambisa Moyo, an international economist, is the author of four New York Times bestselling books, including Edge of Chaos: Why Democracy Is Failing to Deliver Economic Growth – and How to Fix It. Traducción: Esteban Flamini.