El capitalismo de libre mercado está en tela de juicio. En el Reino Unido, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, acusa al neoliberalismo de aumentar la cantidad de personas sin hogar, de arrojar a los niños a la pobreza y de hacer que los salarios caigan por debajo del nivel de subsistencia. En su defensa, la primer ministro conservadora Theresa May cita el inmenso potencial de una economía de mercado abierta e innovadora. "Procesos" similares están ocurriendo en todo el mundo.
Hace apenas un cuarto de siglo, el debate en torno de los sistemas económicos -el socialismo manejado por el estado o la democracia liberal y el capitalismo- parecía haberse calmado. Con el colapso de la Unión Soviética, el caso estaba cerrado -o eso es lo que parecía.
Desde entonces, el ascenso de China contradijo la visión de que una estrategia liderada por el estado siempre fallará, mientras que la crisis financiera global expuso los peligros de los mercados mal regulados. En 2017, muy pocas de las economías de más rápido crecimiento del mundo (Etiopía, Uzbekistán, Nepal, India, Tanzania, Yibuti, Laos, Camboya, Myanmar y las Filipinas) tienen mercados libres. Y muchas economías de libre mercado están sufriendo como consecuencia de desaceleraciones del crecimiento y de una desigualdad que crece rápidamente.
En este contexto, algunos políticos ya no están defendiendo el capitalismo de libre mercado en términos de crecimiento económico o de beneficios generados por la globalización. En cambio, se centran en la oportunidad individual. May, por ejemplo, le ha adjudicado al sistema la reducción de la mortalidad infantil, el aumento de la expectativa de vida, la disminución de la pobreza absoluta, el impulso de la renta disponible, la expansión del acceso a la educación y la reducción drástica de las tasas de analfabetismo.
Pero estos argumentos no están en línea con los hechos. Empecemos por la mortalidad infantil. Gran parte del mundo ha hecho grandes progresos para que los partos sean más seguros. Entre 1990 a 2015, Albania redujo sus muertes maternales, cada 100.000 nacidos vivos, de 29,3 a 9,6. China, el ejemplo modelo de crecimiento liderado por el estado, redujo su tasa de 114,2 a 17,7.
Mientras tanto, la tendencia en Estados Unidos, el ejemplo de democracia de libre mercado, ha ido en la dirección contraria, con un incremento de las muertes maternas, cada 100.000 nacidos vivos, de 16,9 en 1990 a 26,4 en 2015. Lo que resulta igualmente sorprendente es que la morbilidad y la mortalidad de hombres y mujeres blancos (no hispanos) de mediana edad en Estados Unidos aumentaron entre 1999 y 2013. El argumento de que las políticas de libre mercado "reducen drásticamente el analfabetismo" también es engañoso. En Inglaterra, alrededor del 15% de los adultos (5,1 millones de personas) todavía son "funcionalmente analfabetos", lo que significa que tienen los niveles de alfabetismo que se espera de un niño de 11 años, o más bajos. La encuesta más reciente de Escocia mostró una caída del alfabetismo: hoy en día, menos de la mitad de los niños de 13 y 14 años del país tienen buenos resultados en escritura. Por cierto, si uno hace una búsqueda en Google de "campaña exitosa de alfabetismo", el país con asombrosas mejoras en materia de alfabetismo que aparece en la pantalla es Cuba -no precisamente un sistema de libre mercado.
El argumento conservador, elocuentemente articulado por May, es que una economía de libre mercado, que opera con normas y regulaciones apropiadas, es el mayor agente de progreso humano colectivo que alguna vez se haya creado. Si ese argumento es válido, la única conclusión lógica es que estamos haciendo mal las cosas.
¿Qué medidas, entonces, se necesitan para hacer las cosas bien? Las soluciones prácticas disponibles parecen bastante consistentes en todo el espectro político. Por cierto, a pesar de todas sus posturas furiosas, las diferencias entre la izquierda y la derecha parecen haber colapsado en este sentido.
En el Reino Unido, la primera sugerencia es garantizar inversión y crecimiento a nivel de toda la economía, lo que exigirá una intervención del gobierno. Corbyn propone un Banco Nacional de Inversiones y un Fondo de Transformación para movilizar la inversión pública y crear riqueza y buenos empleos. May, por su parte, sugiere una estrategia industrial para promover "el crecimiento en todo el país", ayudando a "transformar áreas locales de excelencia en paladines de las exportaciones nacionales".
Segundo, el liderazgo del sector privado debe cambiar, para impedir el pensamiento cortoplacista, la evasión impositiva y otras formas de oportunismo y enriquecimiento personal. Aquí Corbyn se centra en la responsabilidad de los directorios corporativos, mientras que May pide darles a los trabajadores y a los accionistas una voz más firme en la toma de decisiones de las empresas y garantizar que las compañías más grandes tengan incentivos para pensar en el largo plazo.
Un tercer correctivo es mejorar el salario y las condiciones laborales de los empleados. En Gran Bretaña, a pesar de que la economía ha crecido, los salarios han venido cayendo -10% entre 2007 y 2014-. Corbyn promete tomar medidas para impedir que los empleadores reduzcan los salarios y empeoren las condiciones de trabajo. Para May, "todo trabajo debería ser justo y decente, con margen para el desarrollo y la realización". Ambos abogan por mejorar la capacitación vocacional y la educación técnica.
Cuarto, en Gran Bretaña, el gobierno debe abordar la crisis de la vivienda pública. En los años 1950 y 1960, se construía un promedio de 300.000 casas cada año; esa cifra ahora ha caído a menos de la mitad. Corbyn propone una revisión de la vivienda social, el control de los alquileres y la regeneración para la gente. May ha anunciado la creación de un fondo de 2.000 millones de libras (2.620 millones de dólares) para construir más viviendas sociales.
Finalmente, Gran Bretaña necesita normas y regulaciones más efectivas para asegurar que las empresas de servicios públicos privatizadas ofrezcan servicios más baratos y más sustentables. Corbyn acusa a las empresas de otorgar grandes dividendos a los accionistas, mientras que la infraestructura se desmorona, el servicio se deteriora y las empresas pagan demasiado poco en impuestos. May promete terminar con los "precios estrafalarios de la energía".
La ortodoxia establecida por Margaret Thatcher y Ronald Reagan en los años 1980 -para achicar el estado, después de una década de gobierno despilfarrador y sobredimensionado- es culpable de culpa y cargo. Ahora está surgiendo un nuevo consenso de que hace falta un gobierno más activo y efectivo para impulsar el crecimiento y expandir las oportunidades. El jurado todavía no se ha pronunciado, sin embargo, sobre si se les darán a los gobiernos las herramientas y el respaldo que necesitan para rehabilitar al acusado.
Ngaire Woods is Dean of the Blavatnik School of Government and Founder of the Global Economic Governance Program at the University of Oxford.