Han sido numerosas las ocasiones en que se ha llegado a pensar que Zapatero había firmado su propia condena política: la negociación con ETA; De Juana en la calle; la T-4; el Estatut; el barrio del Carmel; la crisis económica; Afganistán; la pérdida de los fondos europeos... Pero, de algún modo, el Gobierno siempre ha recompuesto su figura e incluso ha logrado debilitar a la oposición. Las razones son diversas, pero hay una constante: el Gobierno ha dispuesto de un instrumento de análisis superior al que suelen emplear quienes se le oponen.
Con frecuencia, se mira la política mediante lo que la Ciencia Política denominaría «enfoque jurídico-institucional», pero el Gobierno y el PSOE se sitúan más bien en lo que se conoce como «enfoque de las políticas públicas», una mirada adaptada a la complejidad de la vida política occidental. Posiblemente, el éxito relativo del Gobierno de no salir tan mal parado como sería razonable pensar, nace de aquí.
¿Qué diferencia a esos dos enfoques? Lo primero es que el enfoque de las políticas públicas tiene en cuenta el análisis de las normas y de las instituciones, pero supone, acertadamente, que éstas son un producto de la política y no al revés. El mero estudio de las normas y de las instituciones es insuficiente, y si se quiere protegerlas es preciso situarse un paso por delante de ellas para componer y fortalecer argumentos y alianzas prejurídicos. Como -a la inversa- hace la izquierda para debilitar el sistema de 1978, apelando a un vicio originario del sistema, un argumento que alienta y disculpa las injurias, porque pone en cuestión la legitimidad de las normas.
Esto obliga a una primera distinción esencial: hay actores políticos institucionales y actores políticos que no lo son, y con frecuencia éstos tienen más importancia porque el buen funcionamiento de las instituciones descansa en la lealtad que se les presta. Sin un modelo de análisis del comportamiento de estos actores no se sabe cómo acercarse hasta ellos para explicarles cómo se ven las cosas, y se abandona un espacio político capital.
Lo segundo es su punto de partida. Con frecuencia se da a entender que los problemas de los españoles presentan una fisonomía que los hace claramente identificables, y se acusa al Gobierno de no ocuparse de ellos y de abordar asuntos que no le importan a nadie. Pero esto sugiere que los problemas sociales tienen una entidad indiscutible, que son lo que son, y esto no es cierto. El asunto está en hacer que a la gente le importe lo que uno cree que es importante. La disputa política ordinaria no consiste en pugnar acerca de quién es más capaz de ofrecer soluciones a los problemas de los españoles sino en pugnar acerca de cuáles son los problemas de los españoles, en ofrecer interpretaciones inteligibles y constructivas de los sucesos públicos. Paradójicamente, quien lleva las de ganar no es quien nos resuelve los problemas sino quien nos los crea, quien es capaz de interpretar un sinfín de datos inconexos y de presentarlos ordenadamente y en forma de problema, es decir, de una forma que haga razonable pensar que es importante ocuparse de ellos y que tienen solución.
Un buque petrolero a la deriva en las costas gallegas no es todavía un problema y al mismo tiempo puede ser varios problemas distintos: puede ser un accidente, y ese problema requiere una solución que el Gobierno puede proporcionar sin grave coste para él, porque el Gobierno no es responsable de los accidentes; pero puede ser un problema de negligencia en el tratamiento de un accidente, y eso sí es costoso para el Gobierno, porque de las negligencias sí se es responsable, como demandaba el PSOE; e incluso es posible que se trate de un problema de estructura territorial del Estado que hace que a Galicia se la gobierne desde Madrid sin prestar atención a lo que realmente necesita, y ese problema reclama una solución que no sólo pasa por la sustitución del Gobierno de Madrid sino por la reforma de la distribución territorial del poder en sentido federalizante, como pedía el Bloque.
El enfoque de las políticas públicas parte de una afirmación fundamental: los problemas sociales no existen sin más, los problemas sociales están pendientes de ser creados a partir de sucesos que pueden o no ser activados por alguien, hay que hacerlos existir. Esto no significa que todo sea mentira, que todo sea un invento de los políticos o de los medios de comunicación, que no haya realidad alguna en la pobreza, el paro, la mala reputación del sistema educativo o la inseguridad ciudadana. Lo que significa es que el aumento del paro, por ejemplo, es sólo un dato que puede ser formulado, presentado ante la opinión pública de maneras diversas, como problemas distintos. Y no hay una formulación natural, todas son producidas esforzadamente por alguien. Puede ser presentado como el efecto de la incompetencia de Zapatero o puede ser presentado como el efecto de la incompetencia de Bush y los neocon, por muy absurdo que sea; y en cada uno de esos casos se crea un problema diferente que demanda soluciones distintas.
El éxito en componer ante la opinión pública un problema comprensible y razonable es clave. Si se persiste en el mero análisis jurídico-institucional y en el desconocimiento de que existe un instrumento que se estudia en las universidades -en los departamentos de Ciencia Política, para ser exactos- y mediante el cual se diseñan agendas, se elaboran problemas, se tejen redes de actores favorables y se destejen redes de actores desfavorables (AVT, Ermua, por ejemplo), se prevén dificultades y se anticipan soluciones y mensajes, etcétera, mientras todo eso continúe ocurriendo, seguiremos viendo cómo el Gobierno casi siempre termina por darle la vuelta a las situaciones que en principio parecen desfavorables para él hasta convertirlas en situaciones desfavorables para otros.
España es un Estado de Derecho, pero el sistema político español es mucho más que eso: es un intrincado tejido de relaciones políticas que hay que tratar de comprender y sobre el que hay que actuar permanentemente, porque de ellas depende lo que las instituciones y las normas terminan siendo.
Lo que la demoscopia ha llegado a identificar como lo que piensan los españoles, incluyendo la idea de que son de izquierda, no es más que la medida del éxito de la izquierda en ofrecer versiones creíbles acerca de cuáles son nuestros problemas, versiones en las que, obviamente, ella misma es la solución.
Miguel A. Quintanilla Navarro, politólogo.